Cayeron veinte

Dicen que los sexenios se dividen en tres periodos: dos años de reformas, dos intermedios de administración y, los últimos dos, de elecciones. En el último periodo, el Presidente, su partido y gobierno se reenfocan casi exclusivamente en buscar el triunfo y continuidad –a través de su mismo partido político– de su proyecto. Así lo han hecho presidentes con afán democrático, sabiendo que su gobierno puede perder las elecciones.

Sin embargo, con López Obrador, a lo largo de estos casi seis años de gobierno, esas fórmulas se han borrado y mezclado. Todo es electoral. Todo son “bomberazos” sin administración, y las reformas son parte de esa improvisación.

Este lunes, el Presidente demostró esa fórmula: presentó un megapaquete de 20 reformas constitucionales que no tiene mayor hilo conductor más que la estrategia política de politizar, generar distractores y saturar la agenda pública. Las reformas, sin sustento y hasta contradictorias, buscan neutralizar al Congreso, a la clase política y a la ciudadanía en plena etapa de intermedio electoral, con temas que son más aptos para ser abordados como un programa de gobierno inicial, no en su ocaso.

Los temas van desde garantizar el derecho a la atención médica gratuita –algo en donde su gobierno falló monumentalmente–, temas electorales para minar la credibilidad y solidez del sistema de organización de elecciones, el salario de los trabajadores, la desaparición de órganos constitucionales autónomos de regulación, pasando por incorporar la prohibición del fentanilo a nivel constitucional, hasta la elección de jueces y magistrados por vía directa.

Gran parte de las iniciativas, como ha sido el sello de este gobierno, tienen serias deficiencias de pulcritud legislativa y constitucional. Sin embargo, el propósito no es reformar, sino politizar y saturar. El Presidente y su gobierno saben que estas reformas no tienen mayor sustento o respaldo del Congreso para ser aprobadas.

Con ellas, pretende politizar a la opinión pública y la clase política para caer en el juego de distraerse con hombres de paja legislativos mientras llegan las elecciones de junio de 2024. El juego es sencillo: mientras el Presidente juega a la superioridad moral de su movimiento y sus reformas, al ser rechazadas por el Congreso, se quejará ante la opinión pública, intentando solidificar el discurso de nosotros los virtuosos contra ellos –la oposición–, los que “no quieren al pueblo”.

El contenido de las iniciativas es tan diverso que se hace imposible debatirlas en forma seria y estructurada. Una vez más, el propósito no es reformar –en forma escalonada y mesurada– el marco constitucional, sino politizar y saturar. En promedio, las iniciativas constitucionales toman no menos de un periodo legislativo y, normalmente, se debaten y legislan al final de los dos periodos legislativos ordinarios.

Por ello, lo mejor que puede hacer la clase política es no caer en el juego de la trampa fácil. La realidad es que el paquete de reformas tiene poca posibilidad de ser aprobada sin el respaldo de los partidos de oposición en el Congreso de la Unión. La saturación de temas sin hilo es tal que, al requerirse dos terceras partes del Congreso, cada iniciativa de reforma constitucional llevaría más de cuatro meses cada una, más allá del periodo ordinario de sesiones antes de las elecciones federales.