Rodrigo Pérez-Alonso

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Rodrigo Pérez-Alonso

20 Abr, 2022

La ocurrencia del litio

 


México lo trae en la sangre. El desastre de la discontinuidad de políticas gubernamentales. Como entra uno, sale y lo deja en manos de otros menos capaces. En economía y recursos naturales ni se diga. Si algo nos enseña la historia es que en América Latina el Estado es pésimo administrador de industrias y de empresas públicas con bienes “de la nación”. No tiene los recursos financieros o enfoque suficiente y acaban siendo un fiasco.

Generalmente, el ciclo del interés del gobierno en una industria inicia con la fiebre por un recurso natural. Se descubren reservas. El Estado, desconocedor del potencial de una materia prima —como el petróleo o litio—, deja inicialmente al sector privado la explotación de estos recursos.

El sector privado, bajo la promesa de seguridad en sus inversiones y un horizonte de inversión, invierten para extraer estos recursos pensando que nada pasará. El gobierno los protege, pero luego los abandona.

Toma posesión alegando falsos nacionalismos, incitando a las masas a proteger lo nuestro y salvarnos de los empresarios que nos quieren explotar. Así ha sucedido una y otra vez en Argentina, Ecuador, Bolivia, México y Venezuela. El péndulo se repite: de un lado la inversión y bonanza y, por el otro, el populismo y la venganza.

A este fenómeno los estudiosos le llaman el nacionalismo de los recursos. Es usar los recursos para jugar política nacional y hasta exterior.

Cuando se lleva al extremo, incluso puede sofocar a otras industrias que no dependen de ese recurso y volver al país casi totalmente dependiente de esa materia prima. Así sucedió en los años setenta y ochenta en México con el petróleo.

En este extremo, los recursos naturales son una maldición para la economía, un movimiento brusco en sus precios internacionales lo vuelven millonario de la noche a la mañana o son la quiebra (como en el caso de Venezuela).

Por eso llama la atención que, ante la reciente derrota del Presidente con la reforma eléctrica, la “nacionalización” del litio que se acaba de aprobar en el Congreso de la Unión sería una buena idea.

El litio, una materia prima para la fabricación de baterías de los electrónicos y automóviles eléctricos, es visto por el gobierno como una nueva fuente de soberanía nacional. En una concepción del nacionalismo revolucionario, el Presidente y sus asesores pretenden hacer del litio el nuevo petróleo, fuente inagotable de riquezas e identidad cultural para las siguientes generaciones, sin saber siquiera para qué lo quieren o cómo lo van a explotar.

Este es el peligro de pensar que, en una economía globalizada e interconectada, un solo recurso o la intervención exclusiva del Estado en su explotación va a generar bonanza o sostener un gobierno con una narrativa nacionalista que se reduzca en héroes o traidores.

Con la ocurrencia en mano, el Presidente —a finales del año pasado— incluyó al litio en sus prioridades para el Estado mexicano en la reforma constitucional en electricidad. En ese entonces, el litio era sólo un extra, no el principal.

Ahora, con la derrota de su proyecto grande, quiso salvar cara con el proyecto de ocurrencia. El giro cambió y sólo el Estado puede administrar esa “abundancia” a través de una empresa estatal hechiza para el momento revolucionario de la Cuarta Transformación.

 

 

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