Mexicana Reloaded y las alas prestadas

En su afán de ser el gran dueño de empresas estatizadas y el protagonista de decisiones económicas sin sustento, pocas resaltan tanto por su ironía como la del gobierno mexicano al alquilar aviones de TAR para la nueva Mexicana de Aviación. Esta maniobra, lejos de representar un impulso hacia la eficiencia, parece más bien un descenso a lo absurdo.

Recientemente, el Presidente anunció en su conferencia matutina que la Secretaría de la Defensa Nacional operaría la Mexicana Reloaded, con al menos diez modernos aviones Boeing 737-800, con capacidad para más de 160 pasajeros. Por esto, el gobierno desembolsó 815 millones de pesos exclusivamente por la marca de Mexicana. El resto de la inversión, aproximadamente 4 mil millones de pesos, según sus anuncios, se destinaría a la operación de la aerolínea. El gobierno intentaría, una vez más, ser jugador en una industria donde históricamente ha perdido dinero. El objetivo era alcanzar la gloria del modelo estatista, revitalizando a la aviación nacional con fondos públicos.

Ésa era la promesa. La realidad –como suele suceder– superó a las palabras con más improvisaciones. En un ajuste de cuentas inicial, para cumplir los deseos del Presidente de arrancar en diciembre, el gobierno optó por rentar aviones Embraer 145 de TAR, una aerolínea regional con sede en Querétaro, con una flota de una antigüedad promedio cercana a los 24 años y al borde de la insolvencia. Según los términos del arrendamiento (conocido como wet lease en la industria), TAR se encargaría de toda la operación de los aviones, incluyendo el mantenimiento, seguros y tripulaciones. La aerolínea renovada sería responsable únicamente de la gestión de la marca, los trámites regulatorios y del financiamiento público para su funcionamiento.

Resulta interesante que con el monto invertido en la adquisición de la marca, sin considerar otros gastos, el gobierno habría podido adquirir cuatro o más aeronaves seminuevas, tomando en cuenta que el precio de un Embraer 145 de segunda mano oscila entre 1 y 10 millones de dólares. Además, la decisión se complica al considerar que el Embraer 145, a pesar de ser efectivo en rutas regionales con 50 asientos, no cumple con las expectativas de contar con aviones más grandes, como el Boeing 737-800, que tienen capacidad para 167 pasajeros. Esta disminución en la capacidad restringe la oferta de la línea aérea y cuestiona su sostenibilidad a largo plazo.

Aunque también cuestionable, hubiera sido más rentable y económico para el gobierno subsidiar trayectos no lucrativos de aerolíneas comerciales para aumentar el tráfico de pasajeros hacia esos destinos o brindar incentivos fiscales para disminuir los costos de operación de todas las compañías aéreas nacionales e internacionales que operasen en ciertos aeropuertos. Estas opciones podrían haberse evaluado con más cuidado para evitar un mayor drenaje económico en el futuro. Sin embargo, el gobierno tiene otros datos.

Lejos de ascender en la innovación y efectividad, el gobierno parece volar en un avión de papel, impulsado por corrientes de un capricho estatista y desconectado de la realidad financiera. La nueva versión de Mexicana, con “alas prestadas”, manifiesta una carencia de visión estratégica y levanta interrogantes acerca de la administración de recursos en un sector tan vital como el de la aviación.