Rebasados

Este domingo, cuando se celebre el primer ejercicio de votación para la revocación de mandato del Presidente de la República, se sentará un precedente en la historia democrática de nuestro país. La historia, tristemente, no será del triunfo de la democracia, sino la de actores que manipularon, para fines personales, el proceso desde un inicio.

Y es que el proceso de revocación ha sido una farsa. En todas sus etapas, ha estado tan lleno de violaciones sistemáticas a la Constitución que lo hacen un ejercicio viciado de origen y anulable. La reforma al artículo 35 fracción IV de la Constitución, aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso y publicada en el 2019, dispone que el INE debía convocar a, al menos, el 3% de los ciudadanos electores para solicitar la revocación y aprobarse, por al menos el 40% del electorado, para ser vinculante.

Además de ello, la propia Constitución estableció que “queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato”. Pues bien, en el proceso de recabar las firmas para solicitar la revocación, una organización ligada al gobierno y su partido —Que Siga la Democracia, AC— recabó el 92% de éstas mediante movilizaciones clientelares y financiamiento inexplicable. Esta misma organización, encabezada por la exdiputada federal de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, falseó dos millones de firmas (el 23.46% del total), de acuerdo con cifras del INE.

Posterior a ello, una vez pasada la etapa de firmas, esta organización y diversos funcionarios públicos —incluyendo el Presidente en diversos actos públicos y mañaneras— han hecho difusión ilegal del proceso. Así lo reconoció el propio INE a través de su Comisión de Quejas, quien, en un comunicado del 1 de abril manifestó que se “…consideró… estar frente a una posible simulación o campaña orquestada no ciudadana, ya que no se trata de propaganda emitida, generada o difundida, de manera libre, legítima y espontánea por la ciudadanía…”.

En ese mismo resolutivo, el INE ordenó que se eliminara publicidad, desplegados, espectaculares y hasta publicaciones en Facebook de diputados de Morena para no afectar la equidad del proceso. No obstante, la publicidad y promoción desmedida del proceso continuó.

Así es público y notorio el despliegue masivo de miles de espectaculares, mantas, paredes y todo tipo de publicidad. Aunado a ello, en abiertos actos de desafío a la autoridad, el gobernador de Veracruz, la secretaria de Energía, el secretario de Gobernación y muchos otros funcionarios han asistido a mítines masivos y hecho declaraciones promocionando el ejercicio y al Presidente. La promoción ha sido ya tan descarada que ellos mismos reconocen la violación a la ley abiertamente.

La narrativa para justificarlo ha sido victimizarse alegando, palabras más o menos, que podrán arrestarlos, pero no quitarles sus convicciones. Al final de cuentas, resulta una paradoja porque el mismo partido, personajes y funcionarios políticos que promovieron este instrumento como mecanismo de democracia participativa lo viciaron de origen.

Las reglas que diseñaron sólo fueron para la foto.

La revocación, rebasada por los abusos de quienes “creyeron” en ella.