Eliminar subsecretaría no implica dejar de “normar”

La futura titular de Economía, Graciela Márquez Colín, sabe que México es uno de los países que destaca en cuanto a trabajo coordinado entre autoridades e iniciativa privada, para impulsar la Norma Oficial Mexicana (NOM) y Norma Mexicana (NMX) de productos y servicios, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la competitividad a nivel internacional.

Tan es así, que México es de los países que mejores prácticas y procesos impulsa para revisar que cada producto cumpla con los estándares requeridos en el mercado local, lo que garantiza la seguridad del usuario final.

Para muestra un botón: de acuerdo con la Dirección General de Normas, que lleva Alberto Esteban Marina, se publicaron 45 NOM y mil 303 NMX; además, de septiembre de 2013 a 2017, se incrementó en 57.1% la infraestructura de personas acreditadas para evaluar el cumplimiento de NOM y NMX.

Así, ante el plan de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la próxima funcionaria anunció que se eliminaría la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, que hoy lleva Rocío Ruiz Chávez, sin embargo, la desaparición no significa que la seguridad de los consumidores o la estructura de normas se vea afectada, según Márquez Colín.

Y es que se sabe que la próxima titular de Economía pondrá especial interés en el sector de la normatividad, ya que será una pieza fundamental para impulsar la competitividad del país y que los productos con el sello “Hecho en México” cumplan en calidad y estándares que se requieren para competir en el mercado internacional.

Estos hechos fortalecen el Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad (Sismenec), mismo que integra a 4 mil empresas dedicadas a la realización de pruebas de laboratorio, certificación de productos y de procesos de calidad, los cuales garantizan que la sociedad tenga productos y servicios seguros, que cumplen con las NOM vigentes en territorio nacional.

Por ello, para seguir fortaleciendo al sector, el Consejo Mexicano de Normalización (Comenor), de Gerardo Hernández, propuso al gobierno de López Obrador, un documento en el que compila sus propuestas y estrategias para que el sistema de normas impulse la política industrial generada por la Concamin, de Francisco Cervantes; además de promover, a través de Economía, políticas públicas en temas de comercio exterior y sobre la normalización y evaluación de la conformidad de productos.

DE FONDOS A FONDO

#Infonavit… Ayer se reunieron los equipos de Carlos Martínez Velázquez y David Penchyna para facilitar la transición administrativa en la primera hipotecaria del país y de América Latina. La agenda de trabajo se ejecutará en octubre y por el tono del primer encuentro se ve un proceso ordenado, eficaz y transparente. Martínez es el politólogo propuesto por López Obrador para que ocupe la dirección general del Infonavit.

#LaConsultaDelNAIM… Una semana después de la reunión que sostuvieran los representantes del sector privado, encabezados por Juan Pablo Castañón, del CCE; Francisco Cervantes, de la Concamin; Sergio Allard, de la Cámara Nacional de Aerotransporte, y la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, de Eduardo Ramírez Leal, con el equipo del próximo titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, se dio a conocer la totalidad del estudio técnico que avala la continuación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.

Para las líneas aéreas son evidentes las ventajas de seguir apostando por un nuevo aeropuerto, considerando la saturación del actual AICM, que lleva Miguel Peláez, por el potencial de expansión que tendría la oferta de asientos/pasaje y carga en los próximos años. A eso se ha sumado recientemente la propuesta de Allard para establecer zonas económicas especiales en los municipios que rodean al polígono del aeropuerto y así provocar su integración al desarrollo urbano y social de manera acelerada, como ha ocurrido en localidades como Querétaro, en México; Atlanta, en Estados Unidos; Toronto, en Canadá, y Schiphol, en Ámsterdam.

Buena parte de la discusión sigue centrada en el espacio aéreo. Si es posible o no operar al mismo tiempo el actual aeropuerto y la base militar de Santa Lucía, idea que promueve José María Riobóo y Sergio Samaniego.

Este punto podría quedar destrabado una vez que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que regula a todas las autoridades de aviación civil en el mundo, haga un pronunciamiento en la materia. ¿Lo hará? Eso no se sabe.

Lo curioso es que en noviembre de 2015, representantes de esta organización sugirieron al propio Riobóo y a los representantes de Morena que realizaran una consulta al despacho MITRE para resolver esta duda. Tres años después el equipo de Jiménez Espriú ha puesto en duda la recomendación de este asesor internacional en el diseño de espacios aéreos para aeropuertos.

Tanto los colegios de pilotos, como el de controladores aéreos e ingenieros en aeronáutica, han declarado que no es posible operar simultáneamente dos aeropuertos, pues la orografía montañosa del Valle de México impide esta posibilidad. No obstante estas recomendaciones más la de otros expertos tendrán que ser consideradas en la consulta/encuesta que se celebrará el 28 de octubre próximo.

Finalmente, en cuanto al tema del financiamiento, la industria aérea pone sobre la mesa la posibilidad de que las aerolíneas inviertan directamente en la construcción del aeropuerto o en su administración, para lo cual habría que cambiar la ley de aviación civil tal como sucede en otros casos en el mundo, o tal vez podrían decidir la colocación del proyecto aeroportuario en bolsa, de manera que los recursos de capital obtenidos podrían financiar otros proyectos.