Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

25 May, 2023

En una OPI se vende el control; Larrea se mantiene interesado

La posibilidad de una Oferta Pública Inicial (OPI) estuvo sobre la mesa desde el 11 de enero de 2022 en la venta de Banamex. El anuncio de la OPI no descarta la participación del grupo interesado en la compra, pero dependerá de cómo se ofrezca el control.

Lo que se ha informado muestra lo siguiente: 1) en 16 meses no se ha concluido la separación del negocio corporativo y de banca privada, que Citi pretende conservar a través de su filial en México; 2) la OPI se realizará cuando hayan separado a las dos entidades, estén operando de manera independiente y hayan obtenido todas las aprobaciones regulatorias en México y en Estados Unidos; 3) esto brindará claridad al balance del grupo en venta y facilitará que el precio de Banamex se establezca en el mercado; 4) el anuncio implica un nuevo juego, ya que al realizar una OPI será crucial contar con un grupo de control y una administración que genere confianza en el mercado.

Citi ha establecido un nuevo cronograma para completar la separación de los dos negocios en el segundo semestre de 2024 y realizar la OPI en 2025, eliminando, así, gran parte de la presión política durante la transición presidencial en México y en Estados Unidos.

Además, una OPI conlleva implicaciones fiscales diferentes para el emisor y el vendedor. Citi también busca mayor claridad sobre los cambios y los requisitos regulatorios de capital que se le exigirán en EU, lo cual podría acelerar la escisión de activos.

Sin embargo, es crucial definir un grupo de control para llevar a cabo la OPI y validar el precio de mercado. En este caso, Germán Larrea y el grupo de accionistas y fondos que encabeza continúan mostrando interés, pero también podrían surgir competidores conocidos o nuevos. Incluso Citi podría mantener el control, ya que normalmente queda en manos del vendedor, aunque nadie sabe si Citi podrá o querrá asumir ese papel hasta desprenderse del 50% más uno que planea colocar en el mercado.

El anuncio establece: “El negocio (Banamex) seguirá siendo reportado como parte de las operaciones continuas de Citi hasta que la propiedad de éste disminuya por debajo del 50% de los derechos de voto. A partir de ese momento, Citi dejaría de reportar los resultados en su negocio consolidado, donde ya se incluiría CitiMéxico”.

El proceso es largo y, como diría un sensei, “¡esto podría ser más largo que el eructo de una jirafa!”. El juego ha cambiado, pero los actores siguen siendo los mismos.

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DE FONDOS A FONDO

#RegulaciónBancaria: el cambio de enfoque beneficiará a comisionistas y corresponsales físicos y digitales.

La Asociación de Bancos de México (ABM), presidida por Julio Carranza, recibe buenas noticias. Ha trascendido que ya no se llevará a cabo la pretensión original de regular de manera diferenciada a los comisionistas y corresponsales físicos y digitales.

En una conversación entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), presidida por Jesús de la Fuente, y el equipo de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, se ha definido que la regulación se aplicará a la actividad sin importar el medio utilizado.

Este cambio de visión tendrá un impacto positivo en el futuro de la intermediación, no sólo bancaria, sino también en el ámbito fintech.

El tema fue tratado el miércoles en la Reunión de Comité de Asociados de la ABM, en la que estuvo presente el secretario Ramírez, el subsecretario Gabriel Yorio, el titular de la UBA, Alfredo Navarrete, y dos subgobernadores de Banxico. Sin embargo, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja no estuvo presente, posiblemente debido a su apretada agenda.

Sobre la regulación, el presidente De la Fuente mencionó que se espera tener lista la normativa en un par de meses, pues presentarán documentos separados para los comisionistas y corresponsales, el uso de la nube y la contratación de proveedores, para que estos últimos sean los que se certifiquen, evitando así la necesidad de obtener certificaciones específicas por parte de cada banco. La medida reduciría la carga de autorización y supervisión en, aproximadamente, un 30%, beneficiando a todos los involucrados.

 

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