Insabi: un instituto sin presupuesto… ¡Aún!

Le comento que el jueves pasado citaron en la Oficialía Mayor de Hacienda, que encabeza Thalía Lagunas Aragón, a todos los laboratorios farmacéuticos para ver si pueden adelantar las entregas de medicamentos de la licitación 2020, programada para marzo en los términos de la licitación de diciembre.

Nos comentan que la decisión de adelantar la entrega es para evitar el desabasto de medicamento en los primeros meses del año. Obviamente la industria no tiene problema para hacerlo, salvo que la tardanza en la licitación no permitió programar a tiempo la producción solicitada. El compromiso es que harán un esfuerzo.

Tenga en cuenta que con la entrada de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), carente de reglas de operación y con poco entendimiento del sistema de coordinación con el Sistema Nacional de Hospitales y los sistemas de las entidades de la República, todos los ojos de la población van a estar pendientes de la atención médica.  Estará de acuerdo conmigo en que no hay tema más sensible.

La reunión no la encabezó Lagunas, sino Abel Romero, quien fue brazo derecho de Raquel Buenrostro y, por lo mismo, se ha quedado a cargo de la coordinación del  sistema de licitaciones, que apenas va por la segunda fase.

Hay otros dos temas muy delicados. La distribución de los medicamentos, que ahora contrata el gobierno, no se ha realizado y, por lo mismo, ahora piden a los fabricantes que entreguen directamente en los hospitales.

Esto último llama la atención pues el secretario de Salud, Jorge Alcocer y, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, tendrían que revisar a fondo su nuevo esquema de licitación y distribución de medicamentos porque, mientras el Presidente continúa apuntando que los distribuidores son parte de la mafia de corrupción del pasado, la realidad es que su ausencia hace mella en toda la cadena de producción y distribución de medicamentos, y el único perjudicado real es el paciente.

No todo el sistema está colapsado, como se hace suponer. Son pocos los medicamentos que acusan problema de entrega en los protocolos de salud, particularmente los de tratamientos contra el cáncer. Sin embargo hay un problema adicional: la industria sufre la falta de pagos por todos los cambios burocráticos y la ausencia real de su director general, Juan Antonio Ferrer.

Raquel Buenrostro, la exoficial mayor de Hacienda, se comprometió a que los pagos serán cumplidos en los plazos acordados para lograr mejores ofertas.

Y como ustedes saben, también hay un problema de transición entre el Seguro Popular y el Insabi, pues si bien el 1 de enero entró en vigor el nuevo sistema, el Insabi tiene hasta el 30 de este mes para integrar a su Junta de Gobierno y 60 días más para emitir su Estatuto; 60 días para que se  emitan reglas operativas y de transparencia y seis meses para que los estados adapten su sistema al nuevo.  En el inter, ¿fondéense como puedan?

La realidad es que la transición no se planeó. El Insabi tendrá 40 mil millones de patrimonio, seguirá siendo una agencia financiera que pague a los estados y unidades de las secretarías de salud estatales, o a los hospitales de alta especialidad, —los proveedores de salud para la población no asegurada— los gastos por reembolso que cubre a 66 enfermedades, catálogo que no se ha ampliado, ni se ampliará, porque la administración federal no tiene la capacidad financiera para ello.

De ahí el enojo de los gobiernos estatales. Incluso los morenistas quisieran sumarse al reclamo pero no lo hacen por temor al regaño mañanero. La Conago del martes será particularmente definitoria de este tema. Y dicen que saldrán chispas.