La CRE… ¡como el cuetero!

Durante el encuentro de Alfonso Romo, virtual coordinador de políticas públicas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, los integrantes de la mesa directiva de la Concamin, presididos por Francisco Cervantes, no dudaron en poner sobre la mesa el problema de las tarifas eléctricas determinadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que preside Guillermo García Alcocer.

Las tarifas eléctricas industriales, comerciales y las de alto consumo son controvertidas porque –existe la percepción y la documentación en el desglose de tarifa– de que absorben el alto costo de la transmisión, subtransmisión, distribución y comercialización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dirige Jaime Hernández.

Recordemos que en la Reforma Energética, y en la Constitución, se definió que la transmisión y distribución son actividades exclusivas del Estado, y por ende, “deben estar reguladas”, y ni la Cofece, de Alejandra Palacios, puede ordenar una revisión por la falta de competencia, aunque llegara a opinarlo.

La CRE, en tanto autoridad reguladora autónoma, es responsable de establecer la metodología de cálculo de tarifa eléctrica, y hace dos años emitió un acuerdo que, por primera vez, incorporó el cálculo del costo de transmisión y distribución en la tarifa total (A/058/2016), metodología con la que se inició el conflicto de tarifas industriales.

Si considera que el sector industrial consume cerca del 35% de la energía eléctrica, se entiende por qué es prioritario para los industriales organizados que se demuestre que la tarifa de transmisión y distribución es la que se muestra, no carga las ineficiencias de generación, transmisión y distribución de las empresas estatales, que incluye su enorme pérdida de energía e ineficiencia operativa.

Sólo el año pasado, la Concamin argumentaba que los aumentos en industrias como la acerera, papelera, textil, automotriz, minera, siderúrgica, del vidrio, cementera, cervecera y del refresco, azucarera y química le habían pegado de manera extraordinaria en sus costos de operación que se traspasaron a precios finales. Su inflación productor acumulada rondó entre el 11% y el 33% de junio de 2017 a junio de 2018, según el Inegi y, la energía eléctrica representó inclusive el 11.5% del INPP en esas industrias.

El año pasado, reconociendo que había comportamientos atípicos en el cálculo de la tarifa a partir de la metodología que calcula el cobro de distribución usando el valor mínimo entre la demanda máxima registrada medida en kilowatts dentro de los 12 meses anteriores, y la demanda máxima registrada en el mes al que corresponde la facturación, la CFE modificó el acuerdo y emitió en noviembre el A/061/2017, que entró en vigor en febrero de este año.

En éste, ordenó una transición gradual hacia el nuevo esquema tarifario y estipuló que el cálculo de la tarifa lo realizara la CFE, con base en la facturación de cada usuario de servicio básico y no sobre cargos promedio (ojalá que aplicara un sistema igual para los usuarios DAC).

Sin embargo, la tarifa industrial siguió aumentando y alcanza aumentos acumulados en el primer semestre mayores al 11%, donde transmisión y distribución son la piedra en el camino, justo donde el monopolio estatal se afirma.

El sector industrial ha realizado varios estudios por sector que corroboran que la industria ha resentido aumentos que superan el 35% acumulado entre 2017 y 2018, que impactan entre 30% y 45% en las utilidades de las empresas, superando, incluso, la carga fiscal a la que están sujetas.

Por eso, esta semana, un grupo de representantes industriales, encabezado por el presidente de la Comisión de Energía de Concamin, Régulo Salinas, se reunirá en la CRE para revisar la danza de cálculos entre CFE, la CRE y la SHCP, de José Antonio González Anaya.

Para contexto, le comento que la CFE argumenta que sus crecientes pérdidas (más de 11 mil millones de pesos en el primer trimestre y 28 mil 400 en el segundo semestre) se deben a un aumento en sus costos de operación y de menores ingresos por venta de electricidad gracias al nuevo esquema de cobros impuesto por la CRE.

O sea… la CRE, para variar, parece estar en el centro de una controversia y está como el cuetero (si queda bien, le chiflan, y si le truena, la rechiflan).

Por ello decidió contratar a un tercero, Deloitte Madrid, para elaborar un estudio real de los costos de producción, transmisión y distribución de energía en México, comparado con otros países, de manera que se cuente con un diagnóstico preciso para emitir una resolución que contenga una propuesta final.

Evidentemente, este tema era una prioridad tratarlo con Alfonso Romo, pero ¿no sería bueno que en la transición se incorpore la CRE? También será prioritario para el senador del PT Morena, Manuel Bartlett, para la diputada Rocío Nahle, la secretaria de Energía, además de Gerardo Esquivel del equipo de transición de Carlos Urzúa, propuesto para sustituir a González.

DE FONDOS A FONDO

#TLCAN… La industria productora de vehículos pesados de nuestro país se encuentra a la expectativa de las negociaciones del TLCAN. Pese a que han estado presentes y participando activamente en el Cuarto de Junto en todas las rondas de negociación, les preocupa que en este cierre de reglas de origen se hagan modificaciones sustanciales de último momento, que no han sido parte de la discusión trilateral o, peor aún, que no consideren la gran diferencia que existe entre la industria productora de pesados y la de ligeros. Saben que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, tiene muy claras las diferencias, pero al ser tan imprevisible la contraparte, ¡les ocupa que haya madruguetes!