Leyes a modo para desenlatar

Desde el año pasado, el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, impulsó una iniciativa de reforma a la LFRT y a la Ley Federal de Cinematografía y Audiovisual, donde impulsa la introducción de cuotas obligatorias de exhibición y contenido nacional en la programación de plataformas digitales que exhiban en México, como Netflix, HBO, Disney, AppleTV, por nombrar las más relevantes. Curiosamente, asomó la mano que mece la cuna, pues la semana pasada sorprendió a los integrantes de la CIRT que su directora saliera en “defensa” de la iniciativa, cuando sólo uno de sus poderosos integrantes es quien la empuja para “desenlatar” su contenido.

Por ello, la Asociación de Programadores de Televisión de América Latina, cuyo Consejo Directivo encabeza Gustavo Pupo-Mayo, retomó el planteamiento que hizo llegar a la presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Implementación del T-MEC en el Senado, la senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu, para evitar otra escalada de amparos en contra de la citada iniciativa, pues consideran que la imposición de cuotas obligatorias (15-30%) de contenido nacional a plataformas digitales es violatoria del trato nacional a que se ha obligado el gobierno de México en el T-MEC, además de ser discriminatoria.

De hecho, se comenta que la pretendida reforma afecta la inversión en nueva producción de contenido en México en asociación con las citadas plataformas, pues supone la obligación indirecta de comprar contenidos viejos o producciones enlatadas que no pueden ser revendidas o vendidas en los mercados nacional o internacionales por su principal dueño.

En un afán por disminuir el reclamo, el senador Monreal redujo del 30 al 15% el porcentaje de contenido nacional que pretende que se incluya en las plataformas digitales (conocidas como Over the Top y por sus siglas, OTT) y, como para el disimulo, le metió las variantes de que esas latas no sean mayores de 25 años y que el contenido debió ser producido por un tercero nacional no controlado o relacionado con la plataforma de OTT y debe cumplirse en un periodo no mayor a 120 días una vez que entre en vigor. El colmo es que los analistas de telecom dicen que sólo beneficiaría a la preponderante en radiodifusión y que a las OTT no les quedaría de otra que reducir el contenido que producen en México, liberando horarios de ocupación en la preferencia del público o comprar el contenido nacional enlatado.

Más allá de que la iniciativa tendría un impacto directo sobre el modelo de negocios y la rentabilidad de la operación de las citadas plataformas, dicen que al senador le han ocultado el que, al tratarse de contenidos viejos, el problema no sería ver a Pedro Infante, sino la cancelación de producciones nacionales que contratan las OTT y que han abierto alternativas reales de competencia.

Para los expertos, en lugar de obligar a las OTT a transmitir un porcentaje mínimo de contenido nacional viejo, debería establecer incentivos para fomentar la difusión de contenidos nacionales hechos y producidos con mano de obra nacional, de productores independientes o de concesionarios, como estímulos fiscales, financiamiento a la producción nacional de calidad, porque es cierto que la iniciativa, en sus términos actuales, violaría lo dispuesto en el artículo 19.4.1 en materia de trato nacional con productos digitales, y el artículo 18.4, donde se establece que la regulación de las OTT no debe implicar obligaciones a las de un concesionario de telecomunicaciones o radiodifusión sin una debida consideración de los objetivos legítimos de una política pública.

DE FONDOS A FONDO

#Enroques… Se comenta que Jorge Chávez Presa ha dejado o está por dejar de ser representante de México ante el Banco Mundial y que, en su lugar, el secretario Arturo Herrera estaría considerando al actual subsecretario de Industria y Comercio, Ernesto Acevedo. Esto porque la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, estaría pensando en Héctor Guerrero Herrera, coordinador del Cofinece, justo de cara a la pronta presentación de la política industrial del país que pretende fortalecer cadenas productivas regionales con proyectos definidos e identificados.