No parece inminente que se escalen disputas por USMCA

El viernes 7 de marzo venció el plazo de 30 días “en segunda extensión” que solicitó el equipo de la USTR, de Katherine Tai, para resolver en consultas técnicas las diferencias relacionadas con la postura del gobierno del presidente López Obrador de prohibir la importación a México de maíz genéticamente modificado.

Lo que se sabe es que la USTR podría demandar el establecimiento de un panel de solución de controversias si considera que, después de 180 días de pláticas, se ha alcanzado un punto muerto en la negociación.

Justo mañana, la negociadora comercial de Estados Unidos estará en un evento organizado por la poderosa plataforma de noticias Semafor, donde expondrá lo que conciben como “Las Reglas del Comercio Internacional de Nueva Generación”, y en el que el USMCA se vuelve punta de lanza de la defensa de su planta de producción y empleo. Así que no descarte una señal específica sobre las 7 disputas que mantienen contra México y que suponen una “afectación a la propuesta de prosperidad compartida entre los socios de Norteamérica”.

Lo cierto es que hay mucha declaración política ruidosa y, después del “ajuste” a la regla que prohibía la importación de productos genéticamente modificados negociado por la titular de Economía, Raquel Buenrostro, y al haberlo acotado a maíz para consumo humano, no parece inminente el que se convoque al panel por el tema de los biotecnológicos.

Eso no quiere decir que han quitado el dedo del renglón y que mantendrán un intensivo proceso de discusiones hasta que los representantes fitosanitarios y sanitarios de México demuestren el daño que produce la importación o consumo de biotecnológicos.

Recuerde que Canadá, en marzo, también inició consultas técnicas sobre las políticas biotech de México, y siguen vigentes las disputas en materia de energía y, según la USTR, aunque ya pasó el periodo de 75 días que pudieran llevar al panel, la percepción es que las negociaciones están atravesando un “buen momento”. De hecho, el acuerdo con Iberdrola y luego con Atco han sentado un precedente claro de que la postura de negociación caso por caso en el tema energético ha facilitado ese “buen momento”, pero donde no avanza el tema es en la prevención de la pesca ilegal y la falta de actuación para aplicar las leyes ambientales en la pesca ilegal de totoaba en el Alto Golfo de California, lo que ha conducido a la extinción de la vaquita marina.

Pero, aun en este caso, la decisión de la CITES de ubicar a México como violador del acuerdo ha provocado que la Conapesca, por fin, se convierta en prioridad a resolver en la ineficiente administración pública dependiente de la Semarnat o de la Sader, secretarías que carecen de facultades, de facto, para ordenar el tema de pesca ilegal en México ante la forma en que ha procedido el presidente López Obrador de hacer nombramientos que diluyen la responsabilidad en la línea de mando administrativa definida en la ley.

Aquí, sin panel, la frustración es tan grande como en el que no se ha resuelto la entrada de pesca ilegal de lanchas a la zona de mar territorial del Golfo de México y, aunque no parece, una cosa tiene que ver con la otra y, por lo mismo, no dude que de la amenaza de prohibir las importaciones de productos pesqueros de México a Estados Unidos derive un curso de acción prioritario para contener la decisión del Departamento del Interior del próximo 19 de mayo.

DE FONDOS A FONDO

#Iberdrola... Aunque el acuerdo tardará en formalizarse de seis a ocho meses, corrió como reguero de pólvora que Iberdrola, que encabeza Ignacio Sánchez Galán, invertirá una cifra casi equivalente a la que le pagará el gobierno de López Obrador para expandir su Parque de Energías Renovables en Brasil, donde combina Eólica con Solar, además de otras plantas “verdes” y redes de transmisión por 5,300 millones de euros, inversión que ha sido anunciada con un sonriente y feliz Inácio Lula da Silva, su amigo presidente brasileño. ¿De una bolsa a la otra? El mensaje está ahí.