¿Qué enoja al Presidente de los organismos autónomos?

No los entiende, no le enojan, simplemente en su lógica de gobierno éste debe ser centralizado, con presencia estatal robusta y con una disciplina cuasi autoritaria.

Con la fuerte crítica y enojo que está produciendo la estrategia contra el avance de la pandemia de covid-19 en México, con más de mil muertos por día en los últimos tres días y creciendo, y la problemática relación que ha mantenido con el sector privado, el presidente López Obrador ha retomado su agenda para generar polémicas y no dude que hará lo que sea para revivir el expediente Lozoya.

El tema para abrir polémica es la eliminación de órganos autónomos como el Inai y el IFT y, sabiendo que no tiene capacidad legislativa en Morena y sus aliados para realizar una reforma constitucional que los elimine y permita su asimilación administrativa central, polemiza. ¿Pero por qué la ha centrado en el IFT?, subrayando que no conoce ni a Cuevas a ninguno de sus integrantes y que eligió al que pudo porque se encontró con un proceso de selección en el que no puede elegir y ordena a Julio Scherer, su extraordinario consejero Jurídico, que escoja porque “no conoce a nadie” de los cinco que le han presentado ni para el IFT ni para Cofetel. Cuenta que a los que eligió fue porque tenían la mejor calificación (se refirió a Sóstenes Díaz González y a Ramiro Camacho), pero tampoco quiere conocerlos ni entender al IFT.

Así, lo que siente que no controla lo destruye, si no puede legalmente, lo hace de facto, inhabilitando, descalificando. ¿Qué pasó ahora?, que tuvo que enviar al Senado las designaciones de comisionadas del IFT y ¡eligió a las dos con buenas calificaciones de nuevo!

Conocidas por los conocidos, pero desconocidas por él. Son extraordinarias, la primera es la doctora en economía y experta en competencia del IFT, Adriana Koike Quintanar, para un periodo de facto de 8 años, porque ocuparía la plaza que dejó vacía Gabriel Contreras desde febrero de 2020, y a la abogada experta en competencia, también del IFT, Laura Elizabeth González Sánchez, para ocupar la plaza que dejará Mario Fromow, en febrero. 

Las dos estudiaron en Barcelona y comparten el haber trabajado en la Autoridad Investigadora de Competencia del IFT como para entender la directa que lanzó el Presidente sobre los “preponderantes”, que, en su opinión, tienen más influencia que él en la regulación de las telecomunicaciones y radiodifusión. Para él, regulación no es control institucional.

El Presidente ya desapareció de facto su atribución de conducir la política de comunicaciones conferida a la SCT cuando ordenó eliminar la Subsecretaría de Comunicaciones. La dirección del área se la pegó a la Subsecretaría de Transporte, lo que da cuenta de la escasa importancia que el tema tiene también para el actual titular de la SCT, Jorge Arganiz Díaz Leal, que debería llamarse “Secretaría de Infraestructura Carretera y Transportes”.

Ahora, eso de que los comisionados actuales eran amigos del preciso y requerían de palancas, considere que, por ejemplo, Peña, eligió a quien no conocía, pero sacaron altas calificaciones en el primer examen, como Fromow, Estavillo Flores y Cuevas, y no quiso incorporar a quien había formado parte de Cofetel. Ahora, para desaparecerlo, requiere cambiar el artículo 28 de la Constitución que otorga autonomía al IFT, pero también tendrá que refutar, vamos, desconocer el T-MEC que entró en vigor en julio pasado, pues en su capítulo 18 el gobierno de México se obliga a tener un regulador de las telecomunicaciones y radiodifusión independiente del Ejecutivo.

En cuanto a la competencia, hoy el único competidor real en la red de telecomunicaciones es AT&T, dado que Telefónica se ha convertido progresivamente en un operador virtual y el crecimiento de la competencia, a partir de la red mayorista de Altán, que es la del Estado, implicaría también un cambio estructural porque hoy la Constitución le obliga al Ejecutivo a mantener neutralidad competitiva, esto es, las empresas del Estado no pueden distorsionar la competencia utilizando partidas y subsidios (connaturales a la prestación de servicios estatales) para desplazar a la inversión privada. No debe rehuirse al debate, al contrario, pero a partir de reconocer lo que falta por hacer, tanto como lo que se ha hecho bien.