Registro Único de Identidad: ¿le entrarán?

Si hay un sector prioritario para la salud de la economía es el bancario. A pesar de la escasa posibilidad de administración de una agenda apretada como la que tiene quien será el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, entiendo que el siguiente jueves se reunirá con los representantes de la ABM, encabezados por su presidente, Marcos Martínez Gavica.

Se anticipa una buena reunión porque no hay una agenda de temas puntuales, sino que se trata de un acercamiento para conocer el planteamiento del nuevo gobierno en materia de sistema financiero, pero en general la percepción es que el sistema está solvente.

En temas puntuales, hay uno de suma importancia y sobre el que se ha trabajado en coordinación con la SHCP, que encabeza José Antonio González Anaya, y la CNBV, que preside Bernardo González.

Se trata de la integración de una sola base de datos de identidad y también la unificación de las huellas dactilares y datos biométricos. Con el nuevo gobierno, se piensa que habrá mayor sensibilidad para concretar un registro único que termine con la danza de las huellas digitales y con los números de identidad (pasaporte, licencias de conducir, IMSS, ISSSTE, Curp, RFC, INE, cédula profesional, cartilla militar y, padrones específicos como los sociales y de adultos mayores).

Como sabe, un desafío mundial es el de la suplantación y el robo de identidad. Para los bancos, servicios Fintech, comercio electrónico y en general empresas financieras es un tema clave.

Pero el principal reto para el nuevo gobierno es que se enfrenta a sendos problemas de cumplimiento de la ley y el avance de la ciberdelincuencia a una velocidad tal, que ningún control regulatorio puede detenerlo, a menos que se establezca una acción coordinada para verificar la identidad y autenticidad de personas y de bienes que se negocian y comercian.

Algunos bancos, no todos, han realizado convenios con el INE, de Lorenzo Córdova, y el Registro Federal de Electores, lo que les ha permitido establecer un sistema para corroborar la validez de las credenciales de elector que se presentan en ventanilla o sucursal para cumplir con la regla de identificación del cliente.

Los resultados han sido positivos, pero ahora, con las nuevas reglas de seguridad que deberán incluir biométricos, se vuelve crítico para el mismo Estado y para sus sistemas económicos y de seguridad, concretar el proyecto de unificación de identidad en México, de manera que se actualice y acompañe a cada individuo en su ciclo de vida.

DE FONDOS A FONDO

#ConfusiónAMLO… Para el sector privado y no sólo me refiero al Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, y a sus organismos integrantes, sino a ciudadanos y empresas, las señales “encontradas” que se reciben de parte del gobierno electo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha generado más confusión que apoyo.

Se observa muy positivo el que la transición de gobierno sea ordenada y con buena relación entre los presidentes constitucional y electo, pero sobre temas puntuales un día se transmite un mensaje y al día siguiente otro, lo que causa confusión y lamentablemente el tema del NAIM y su ubicación (en Texcoco o Santa Lucía-CDMX), se ha tomado como “punto de referencia” para evaluar los posibles “riesgos” asociados a la inversión en proyectos públicos por parte del sector privado.

Le puedo adelantar que en el proceso de “consultar”, el equipo de Javier Jiménez Espriú va rápido. Ayer entregó al gremio de ingenieros civiles los documentos y les pidió que le dieran su respuesta a más tardar el 5 de septiembre. Tienen 20 días naturales.

Por otra parte, la cuenta a grosso modo que se realiza es la siguiente: si se cancela el proyecto en construcción, se pagarían 100 mil millones de pesos, pero si se termina el importe rondaría los 300 mil millones de pesos.

Si se invierte en Santa Lucía y en la renovación del AICM, serían 70 mil millones para la primera y 20 mil millones de pesos para la segunda, o sea, en total serían 200 mil millones de pesos por la opción de Andrés Manuel López Obrador frente a los 300 mil millones del proyecto de Enrique Peña Nieto.

Hasta ahí pareciera que al país le costaría menos el plan de Andrés Manuel López Obrador, pero el problema está en la ratificación técnica de MITRE (brazo técnico de la FAA) de que la opción de los dos aeropuertos no es viable en términos de seguridad aérea, elemento que será consultado, pero a otros organismos técnicos.

El mandato para Jiménez Espriú es consultar con otro especialista como AENA, que es el operador de los aeropuertos de España y de París, que incluye las terminales de Orly y Charles de Gaulle, dos aeropuertos distantes en los que se está realizando una inversión de 4.3 mil millones de euros de aquí al 2020 para mejorar el hubb y lograr que sea competitivo para los pasajeros de Francia y los del mundo.