La visión metropolitana de nuestras ciudades

Tras los eventos de violencia y escándalos de corrupción y conflicto de interés vividos en los últimos seis meses en el país, no pocos esperábamos cambios en el gabinete del gobierno federal. Cuando se anunció por fin la salida del ex procurador, el trago fue más amargo para algunos de nosotros: su reasignación a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dejó claro que la política de desarrollo urbano y metropolitano no es siquiera una prioridad para esta administración, sino un premio de consolación.

México vivió durante la segunda mitad del siglo XX, como buena parte de los países desarrollados y en desarrollo –los usualmente llamados ‘emergentes’–, un proceso intenso y acelerado de urbanización que detonó el crecimiento de las zonas metropolitanas de nuestro país. Esto llevó a que, hasta 2012, 63.8 millones de mexicanos vivieran en alguna de las 59 zonas metropolitanas de nuestro país; y se espera que esta cifra aumente a 78 millones para 2030. Así mismo, su peso económico y productivo en la vida nacional es considerable: 88% de la producción bruta total nacional y 83% de la población ocupada del país vive en alguna de dichas zonas.

Empecemos por lo básico: ¿a qué llamamos ‘zona metropolitana’? Usualmente, se llama así a un conjunto de municipios que interactúan económica y socialmente entre sí, alrededor de una ciudad principal con más de 50,000 habitantes. Sin embargo, los criterios actualizados de INEGI, Conapo y Sedesol también las definen como un sólo municipio dentro del cual se ubica una ciudad con más de un millón de habitantes, o como una ciudad mexicana mayor de 250,000 habitantes que forma una zona urbana con alguna ciudad de Estados Unidos.

Piénselo así: si usted vive en una ciudad mexicana más o menos grande –pensemos en Guadalajara, Monterrey, Mérida o Culiacán– entonces sabrá que la ciudad en su conjunto abarca varios municipios. Es común, al ir en un automóvil en Guadalajara, por ejemplo, ver los anuncios que dan la bienvenida a uno u otro municipio. El reto de coordinación metropolitana comienza cuando analizamos que cada uno de estos municipios tiene una vida política propia. Piense que cada uno de ellos tiene un presidente municipal, un cabildo, funcionarios, empleados y un arreglo político propio, ¿qué pasa cuando estos presidentes son de partidos diferentes, e incluso antagónicos a nivel local? La coordinación es prácticamente irrealizable desde una visión de corto plazo.

Durante el punto más álgido de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio pasado, los acuerdos metropolitanos en materia de seguridad pública comenzaron a ser cada vez más comunes. De hecho, la Constitución mexicana faculta los acuerdos intermunicipales, pero deja a la libre interpretación y a la voluntad política dichos acuerdos, sin un marco institucional de coordinación. Así, a pesar de los esfuerzos en asuntos de seguridad pública, muchos temas que ocupan y preocupan a las zonas metropolitanas en conjunto quedan fuera de la agenda por la falta de un mecanismo institucional de organización metropolitana, como la planeación urbana, la movilidad o los riesgos ambientales y de cambio climático.

La realidad es que la organización metropolitana por voluntad propia ocurre en muy raras ocasiones. Un caso extraordinario es el de Tijuana y San Diego, una de las 11 zonas metropolitanas transnacionales y que, a pesar de ser una zona urbana transnacional, ha comenzado a realizar sesiones de cabildo y proyectos de infraestructura y desarrollo urbano de forma conjunta. Esto da muestra de una visión de mayor largo plazo a la hora de gobernar, priorizando el desarrollo social, económico, urbano y territorial por encima de los intereses políticos cortoplacistas.

Definitivamente, detrás de este problema hay un conjunto de fallas, como la falta de incentivos a la interacción y coordinación metropolitana y la nula capacitación de las autoridades municipales sobre las enormes ventajas de dicha coordinación. ¿Por dónde empezar? Las opciones no son pocas: promover programas de desarrollo urbano metropolitano que predominen sobre la visión municipal actual; involucrar a la ciudadanía con procesos de planeación participativa para desarrollar las ciudades que queremos; alentar la recaudación metropolitana y el uso de fondos federales etiquetados para dichos fines, y que esto sirva para financiar proyectos metropolitanos exclusivamente; y detonar proyectos de desarrollo urbano y de recuperación de espacios públicos comunes, que logren establecer una agenda inicial en común para todos los municipios de las zonas metropolitanas.

¿Qué ocurrirá el día que, por ejemplo, los presidentes de los 12 municipios que forman la zona metropolitana de Monterrey se pongan de acuerdo para promover una agenda conjunta de movilidad, en una ciudad donde el transporte público es deficiente y el uso del automóvil es tan común? Algo definitivamente cambiará.