La guerra de Urzúa y Poncho Romo

Carlos Urzúa lo dice en público y en privado: no va a permitir que nadie lo intente manipular, imponer o sugerir cómo manejar la Secretaría de Hacienda. Pero todos saben que se avecina la madre de todas las batallas políticas contra Alfonso Romo.

Para nadie son un secreto las enormes diferencias con el jefe de la Oficina de Presidencia, ya que impuso en distintas dependencias a personajes cercanos que le rinden subordinación. Un caso es el de Eugenio Nájera, director de Nacional Financiera.

La primera gran diferencia fue el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Romo se entrevistó con distintos constructores involucrados, a quienes aseguró que la obra seguiría y que sería un grave error cancelarla.

En tanto, Urzúa siguió las indicaciones del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y del posterior sondeo que sepultó el proyecto de infraestructura más emblemático del anterior gobierno.

En corto, ambos funcionarios se guardan un respeto mutuo, pero, en el fondo, no se pueden ver. Su rivalidad se asemeja a las de Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, lo que no dimensionan ni Romo ni Urzúa es que llevan menos de tres meses en el gobierno y su batalla es más de ego y poder que de fondo.

Las señales económicas que provienen del exterior deberían ubicarlos en su pobre desempeño y motivarlos a encarar mejor un entorno que se torna cada día más difícil.

Carlos Urzúa se dedica, en tiempo y forma, a seguir ciegamente las indicaciones de AMLO sin analizar o mencionar que muchas de las órdenes son contraproducentes para la economía.

Nadie se atreve a decirle “no” a López Obrador en casos que ya se traducen en cientos de millones de de pesos en pérdidas al erario. En tanto, Romo dejó de ser interlocutor con el sector privado, situación que ya veían venir, particularmente, los empresarios de Monterrey que le conocen de siempre.

El NAIM, las huelgas de Matamoros, el desabasto de gasolina, los impuestos verdes, el protagonismo de Napoleón Gómez Urrutia, la andanada contra los contratistas de la CFE, evidencia la imposibilidad de la iniciativa privada de comunicarse con AMLO.

Parecería que estos conflictos no fueron del interés para ninguno de los dos. Ambos intentan cuidar su coto de poder y forcejean internamente para imponer su control.

El equipo de Romo ya cayó en la cuenta de que Urzúa utiliza su arsenal mediático para cuestionar a otros funcionarios públicos que intentar meterse en su área de trabajo.

Saben que pronto llegará el momento de contestar con la misma fuerza y son muchos los funcionarios que se sumarían a esta causa. Esto ya es del conocimiento de su jefe, que prefiere no intervenir.

Que no le vaya a suceder lo mismo que a Peña, quien se quedó con el desorden que le dejó la reparticipación de lealtades de Osorio y Videgaray en el sector público.

OTRA DE COFECE

Alejandra Palacios, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), está desesperada. El veto que le impuso el presidente Andrés Manuel López Obrador está desquiciando su enfermizo protagonismo.

Ya no sabe cómo llamar la atención. Ahí está el caso del señalamiento que le hizo a Banco Azteca por ser designado dispersor de recursos para los programas sociales del nuevo régimen. Pero la funcionaria está a punto de dar otro paso en falso en aras de congraciarse con la Cuarta Transformación.

Después de años de iniciada, la próxima semana anunciaría los resultados de su investigación en el sector farmacéutico y de distribución de medicamentos. Es importante que Palacios esté consciente de lo que implicaría hacer una acusación o simple anuncio mediático de sus pesquisas a los distribuidores de medicinas. Una autoridad, sea ésta administrativa o judicial, tiene prohibido divulgar información acerca de cualquier procedimiento que se esté llevando ante ella, hasta que no exista una resolución definitiva. Ese derecho está tutelado tanto en la Constitución política como en las leyes generales y federales.

En el caso concreto de los distribuidores, si la Cofece está realizando investigaciones y decide acusar a un agente económico a través de un procedimiento en forma de juicio, no puede difundir información alguna relativa, porque con ello afectaría gravemente sus derechos. Hacer lo contrario implicaría para esa autoridad incurrir en una responsabilidad administrativa grave.

La verdad es que Alejandra Palacios no la tiene fácil y ya ha cometido varios errores políticos. En el Senado ya están pidiendo su remoción.

HASTA PRONTO

La columna Tiempo de Negocios cierra hoy un ciclo de diez años en esta casa, Grupo Imagen. Una década de mucho aprendizaje y convivencia con jefes y amigos. Agradezco infinitamente la generosidad y oportunidad de Olegario Vázquez Aldir en esta importante etapa. Asimismo, el apoyo y acompañamiento de Ernesto Rivera, Nacho Anaya y Mario Pintos. No es propiamente una despedida. Seguiremos al frente del programa de radio Negocios en Imagen. Son tiempos de cambios, cambios que nos empujan hacia una Cuarta Transformación que abrazaremos con decisión y mucho entusiasmo. Hasta pronto.