David Páramo

Análisis superior

David Páramo

22 Jun, 2020

Factureros

En los últimos años nació y creció un negocio que tenía como objetivo fundamental defraudar al fisco mediante la emisión de facturas falsas, a partir de las cuales el comprador cumplía, aparentemente, con sus obligaciones y el vendedor cobraba una comisión por este fraude, la cual rondaba entre el 4 y 6 por ciento.

Básicamente, existen dos modalidades de este delito: los vinculados a outsourcing y los factureros puros.

Al arranque de esta administración tanto el Servicio de Administración Tributaria, como la Procuraduría Fiscal de la Federación se concentraron en la primera modalidad.

Seguramente recordará que hubo quienes, incluso, trataron de aprovechar el movimiento para terminar con el outsourcing, como si fuera una figura maligna o perniciosa cuando en realidad, y bien llevada, permite a las empresas concentrarse en el corazón de sus negocios.

Por ahí estuvo Napoleón Gómez Urrutia, quien trató de usar el premio presidencial de tener un asiento en el Senado como una patente para intentar legislar barbaridades que debieron ser desmontadas por el propio gobierno.

Hace unos días, el Presidente de la República anunció una guerra en contra de la segunda firma de evasión y calculó que el daño al erario puede ser de hasta 48 mil millones de pesos.

Durante los últimos meses, los equipos de Raquel Buenrostro y Carlos Romero Arana han integrado una serie de investigaciones que, en este punto, ya pueden dar pie a denuncias penales por evasión fiscal, lavado de dinero e, incluso, delincuencia organizada.

Han encontrado a grandes “proveedores” de facturas falsas sobre los que se presentarán denuncias penales.

A pesar de que la PFF ha mantenido gran confidencialidad en los asuntos que maneja para evitar que los implicados se sustraigan a enfrentar las consecuencias de sus actos, se habla de, por lo menos, tres grupos (el Padre del Análisis Superior no los nombrará para no ser parte de una especulación), los cuales serían puestos a disposición de las autoridades.

La Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, también ya está preparada para un masivo congelamiento de cuentas.

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REMATE ACUSATORIO

En cuanto a los que compraron las facturas falsas, se partirá del supuesto que lo hicieron por error o que no tenían conocimiento de la práctica ilegal. Se les dará un plazo perentorio de 30 días para que corrijan la situación. De no hacerlo, se considerará que son cómplices de los factureros y se les acusará, además, de evasión fiscal y delincuencia organizada. En estas acusaciones se incluirán casos que podrían denominarse como antiguos, es decir, que se hicieron, incluso, hace unos años.

Sin embargo, las autoridades fiscales ya trabajan en asuntos que se han registrado este mismo año. Aquí es importante destacar que a partir del inicio de esta administración la práctica se volvió más cara (se habla de comisiones de dos dígitos) pero las autoridades fiscales no dudan que podrán desmantelar a estos mismos grupos.

Si bien es cierto que la agenda de anuncios del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, puede ser poco previsible, se espera que el anuncio de las acciones se haga, a más tardar, el miércoles.

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REMATE ADVERTENCIA

El combate a esta forma de evasión puede ser casi tan importante como los 30 mil millones de pesos que ya se han recuperado por corregir diferencias fiscales con 15 grandes empresas. Aquí, más allá de lo mediático, ha sido fundamental el trabajo de la PFF, la cual está logrando crear casos penales creíbles utilizando las nuevas facultades de la ley.

Si la guerra contra los factureros logra una recuperación de 20 mil o 25 mil millones de pesos será un éxito.

El PAS le advierte sobre la existencia de un tema que puede diluir, ante la población, el impacto de estas medidas: la obsesión del Presidente de hacer creer que todos los empresarios son malos y están a favor de ese tipo de prácticas,

La realidad es que los factureros son un grupo de individuos que encontraron una rendija y la aprovecharon en detrimento de la sana competencia y la recaudación.

 

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