Guillermo Zamarripa

Guillermo Zamarripa

Guillermo Zamarripa

15 Feb, 2020

Corrupción: ¿basta con al detención?

Una de las noticias más relevantes de la semana fue la detención de Emilio Lozoya en España. Si bien, el hecho es positivo hay que acotar las razones por la que es bueno: se está haciendo algo.

El problema es que la detención puede poner de manifiesto que hay más dificultades en la etapa posterior. El resultado es que la percepción de riesgo relacionado con corrupción no cambiará tanto.

Comenzaré con algunos antecedentes. Los escándalos de corrupción de Lozoya como director de Pemex son múltiples. Del caso Odebrecht, al de la compra de la planta de fertilizantes obsoleta, al uso de los activos con fines particulares, la casa de Ixtapa y hasta supuesto cobro por reuniones.

Hay evidencia suficiente de que fue un caso de corrupción excesiva. El problema inicial fue que a pesar de ello, hubo “ayuda” para que en la administración pasada no se siguiera con la investigación.

Sí es una buena noticia que esta administración volteó al pasado y buscó castigar los actos de corrupción. Parece que ya se están dando cuenta que no es tan fácil. Tienen que seguir el proceso legal. El sistema es complejo de transitar. Los errores hacen que la gente salga libre por un detalle.

El primer paso va a ser que salga de España y venga a México. Los procesos de extradición son difíciles e imponen restricciones. Por ejemplo, no se puede juzgar por delitos adicionales a los que se le acusaba en la extradición.

Como referencia, veamos el caso de la extradición del dueño de Altos Hornos que está relacionado. Se le detuvo hace casi 10 meses y no ha podido ser extraditado a México.

Va a ser frustrante ver cómo ante el logro de la detención la falta de resultados jurídicos puede volverse una fuerza en contra.

Supongamos que Lozoya regresa a México. El siguiente reto va a ser demostrar jurídicamente si existieron los actos de corrupción. En el caso de que el expediente de investigación tenga deficiencias, el error puede llevar a que salga. Es decir, el riesgo de ejecución en el litigio es alto.

En el caso de que se le declare culpable viene el tema de la pena corporal y si tiene que regresar lo robado. El problema en esta etapa es que la condena no sea acorde a lo que sucedió.

Dicho de otra forma, una condena por poco tiempo y que no toquen los bienes se puede volver una derrota evidente en el combate a la corrupción. La señal que da es que en caso de tener una pena no va a ser proporcional al monto.

El siguiente problema es que pase algo similar a lo que sucedió con la maestra. Después de cierto tiempo en el que ya no era necesario mantenerla en la cárcel resulta que se “cae” su expediente y sale libre.

Este hecho refuerza la hipótesis de que están detenido por motivos políticos y no por corrupción.

Mi reflexión es que viene lo más difícil, que es aplicar la ley para generar las consecuencias. El riesgo de perder en el proceso es alto.

La implicación es que la gente va a percibir que no hay un cambio. Por lo tanto, a pesar de las buenas intenciones el caso Lozoya nos puede llevar a una decepción y que refuerce la persistencia de la corrupción.

 

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