Hacienda pide “aportaciones” a funcionarios públicos

La Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Thalía Lagunas, envió ayer un oficio a los titulares de las unidades de Administración y Finanzas y equivalentes de las dependencias y entidades paraestatales no sectorizadas en el que oficializa la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para que todos los altos funcionarios públicos de nivel de subdirector al Presidente de la República acepten una reducción adicional de sus ingresos como parte del decreto de austeridad.

Lo que pretendía López Obrador era una reducción del salario, pero como es ilegal, y podría haberse traducido en una ola de amparos, la SHCP optó por solicitar una “aportación voluntaria”, que, desde luego, es una medida sin precedente en la administración pública federal, pero que la SHCP fundamenta en los artículos 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 8, fracción XXV del Reglamento interior de la SHCP.

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LÓPEZ OBRADOR APORTARÁ 25% DE SU SALARIO

Aunque las aportaciones son “voluntarias”, los porcentajes de la reducción del sueldo ya están determinados. El Presidente “aportará” el 25% de su salario, los secretarios de Estado, 23%; los subsecretarios, Oficiales Mayores o equivalentes, 21%; los jefes de unidad, 19%; los directores generales, 17%; los directores de área, 10%, y bajan al 5% para subdirectores de área.

Como legalmente no pueden recortarles el sueldo, los funcionarios tendrán que depositar sus “aportaciones” en ventanillas bancarias o vía banca por internet.

Aunque es una decisión voluntaria, seguramente habrá presión para que todos los funcionarios acepten y si no que renuncien.

Es un absurdo más del decreto de austeridad que ha dado lugar a irregularidades, no sólo al moche ilegal de salarios, sino también a recortes al gasto en insumos indispensables como equipo de cómputo que ponen en riesgo a instituciones y a múltiples programas, que se traducirán en cada vez peores servicios públicos.

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VANESSA RUBIO Y SU SOSPECHOSA LICENCIA

La senadora del PRI Vanessa Rubio, quien fuera una de las funcionarias más cercanas al excandidato presidencial José Antonio Meade, su coordinadora de campaña y exsubsecretaria de la SRE y de Hacienda, anunció en forma sorpresiva que solicitó licencia “por año y medio” al Senado para “dedicarse un tiempo a la academia y la consultoría”.

Su decisión sorprendió por la coyuntura política justo cuando viene en camino su excompañero de gabinete Emilio Lozoya, porque debilitará aún más la bancada del PRI, ya que su sucesora Nancy Guadalupe Sánchez renunció al PRI y es afín a Morena; y porque, aunque dice que se enfocará a la academia y se irá al Reino Unido, no ha definido aún a qué universidad o en cuál ciudad vivirá. Es, desde luego, lamentable que después de 26 años de exitosa carrera en el sector público y de haber sido la primera subsecretaria en la SHCP, haya aceptado un cargo político y que ahora —por las razones que sean— tire la toalla a la mitad del camino.

Cierto, no es la primera ni la única en el Senado en pedir licencia, pero si no tenía un verdadero compromiso con su actividad política no debió desde un principio haber aceptado estar en los primeros lugares en la lista plurinominal del PRI.