Iberdrola, obligada a defenderse jurídicamente

El próximo lunes vence el contrato de interconexión de la planta Dulces Nombres, en Nuevo Léon, que fue la primera de autogeneración de Iberdrola, que entró en vigor en enero de 2002, antes de que se aprobara la reforma eléctrica de 2013, y que, entre otros cambios, implicó que ya no se aprobaron nuevas sociedades de autoabastecimiento.

Desde octubre pasado, Iberdrola solicitó a la CRE el cambio del contrato de autogeneración, para pasar a uno de generación bajo condiciones de mercado, lo que implica pagar tarifas más elevadas a las que actualmente pagan las plantas de autoabasto, que es una de las justificaciones de López Obrador para su iniciativa de reforma eléctrica.

A pesar de que la ley vigente obliga a la CRE a responder en 20 días las solicitudes de las empresas, no fue hasta un amparo que interpuso Iberdrola cuando, el pasado 5 de enero y ante el riesgo de incurrir en desacato, la CRE respondió negando la modificación. Iberdrola presentó una nueva solicitud y el Cenace, que, en teoría, es un órgano autónomo, negó también un nuevo contrato de interconexión por la negativa de la CRE.

El gobierno se queja de las empresas autoabastecedoras, pero el absurdo es que niega el cambio del contrato a Iberdrola, no sólo en Dulces Nombres, sino de otras cinco plantas cuyos contratos vencen entre 2026 y 2028, de las cuales tres están en Tamaulipas, una en San Luis Potosí y la otra en Durango.

Lo que debería hacer el gobierno es festejar la decisión de Iberdrola de adelantar la reconversión de sus contratos de autoabastecimiento, lo que implicaría para la CFE mayores ingresos y presionaría a otras autoabastecedoras a seguir el camino de Iberdrola.

TRIBUNALES INTERNACIONALES

Iberdrola continúa con su lucha jurídica y busca una medida cautelar que le permita continuar con los servicios a sus 137 clientes, de los cuales 21 están interconectados a la red de Iberdrola, y los restantes 116 pagan tarifas de porteo a la CFE.

Iberdola analiza recurrir a instancias o tribunales internacionales porque está obligada, ante sus accionistas y consejeros, a defenderse ante este tipo de arbitrariedades que, evidentemente, le generarán un quebranto y podrían esgrimir una expropiación indirecta.

Estos juicios son muy costosos, no sólo para las empresas, sino para el gobierno, y podrían afectar la calificación de la deuda soberana y hay que insistir en que estas arbitrariedades se están registrando sin que se haya aprobado la reforma constitucional.

CAUSAS DE FUERZA MAYOR

En algunos medios se ha manejado que las empresas que se verán afectadas, porque tendrán que pagar un mayor costo de electricidad, podrían incluso demandar a Iberdrola. Sin embargo, la empresa está protegida porque en los contratos se establecieron cláusulas de fuerza mayor, como es, evidentemente, el caso, porque es la CRE y el Cenace los que no han autorizado el cambio y no se puede responsabilizar a la empresa.

Lo inaudito es que ninguna de las más de 100 empresas que se verán afectadas, y entre las cuales están las más grandes regiomontanas, se ha manifestado públicamente, al parecer por temor a represalias, y no sólo incurrirán en mayores costos, sino que también en riesgos de cortes en el suministro de energía eléctrica.