138 en inseguridad

El equipo mexicano ha tenido un buen papel en Washington D.C. El subsecretario Jesús Seade logró negociar y transmitir los mensajes adecuados para tratar de allanar el camino a la ratificación del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá en un momento de profunda polarización entre Donald Trump y los demócratas.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, participó en diálogos y conferencias en el Wilson Center, en el Atlantic Council, en reuniones con la Casa Blanca y con funcionarios del FMI y el Banco Mundial, en donde explicó de manera articulada sus preocupaciones y las estrategias para atenderlas. En ese contexto, el encargado de las finanzas públicas dijo que, de ratificarse el T-MEC, se darán muchas inversiones en México, dado que el país es uno de los más atractivos para alojar cadenas de valor de las compañías que no quieran seguir padeciendo los efectos de las guerras comerciales de Estados Unidos, tanto con China como con Europa.

A pesar del buen trabajo que se hizo en Washington D.C., que podría generar un buen momento para México, todo ello puede ser eclipsado totalmente por el asunto de la inseguridad. El episodio de Culiacán puede convertirse en un punto de inflexión para que los líderes del crimen organizado tomen el control total de sus territorios de influencia. Uno de los puntos de mayor debilidad del país es la inseguridad, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, que publica cada año el Índice de Competitividad, México se ubicó en la posición 138 de 141 países con respecto a este tema.

En materia de crimen organizado se ubica en la posición 140.
La décima quinta economía del planeta y el décimo primer mercado de consumo tiene en la inseguridad uno de sus peores problemas dado que posee la capacidad de erosionar y anular las ventajas comparativas del país.
Ninguna compañía va a venir a México si corre el menor riesgo de ser extorsionada y menos cuando el Estado se repliega, como lo hizo en Culiacán.

La señal que se manda es muy mala y empeora en varios órdenes de magnitud, cuando la respuesta que se escucha del liderazgo político es la de una narrativa de campaña, culpando al pasado y a los que lo critican o cuestionan un operativo, que a todas luces fue descoordinado y fallido.

México no puede seguir en la posición 138 en materia de inseguridad y mucho menos llegar al 141, pero no hay diagnóstico, ni estrategia, ni ejecución. Una fuente conocedora de los círculos de Washington D.C. me decía que a los líderes políticos y de negocios estadunidenses el asunto les ha pasado de largo dado que están muy ocupados lidiando con las decisiones erradas de Trump, al dar cabida para que Tayyip Erdogan, el presidente turco, atacara a los kurdos en Siria y que también se encuentran entretenidos con la inminencia de un juicio político al presidente. 

La postura política de la actual administración en México tiene una contradicción inherente entre la resistencia a utilizar la capacidad del Estado para lidiar con la delincuencia del crimen organizado y la inevitable necesidad de combatirlo a riesgo de cederle cada vez más espacios.

Un camino hacia adelante es la organización a nivel local de las instituciones de la sociedad, particularmente las del sector privado. En ciudades como Tampico y Torreón se logró controlar la inseguridad instalando mesas en las que se hacen diagnósticos, se establecen estrategias, se fijan objetivos y se exigen tareas.
En dichos mecanismos tienen que converger los tres órdenes de gobierno y el sector privado tiene que destinar recursos para apoyar materialmente a las fuerzas de seguridad.

Las curvas de aprendizaje en materia de seguridad son muy costosas, hay que hacerlas cortas y efectivas en la medida de lo posible.