México y la agenda comercial de Trump

Ayer, como cada año, el 1º. de marzo, el presidente Trump hizo llegar al Congreso la Agenda de Comercio Internacional 2018 en la que le solicita al mismo a través del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, que preside el republicano por Texas, Kevin Brady, del que depende el Subcomité de  Comercio y la aprobación o negativa a las negociaciones comerciales, lo mismo que al Comité de Finanzas del Senado que preside el republicano por Utha, Orrin Hatch, la extensión de la autoridad de negociación bajo fast track para las negociaciones comerciales en curso.

La más importante, por la agenda presentada, es la negociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, cuya octava ronda se efectuará en Washington.

Para todos los interesados en la relacion comercial con Estados Unidos bajo la administración Trump, y en tener una mejor opinión “sin adjetivos”, bien vale la pena revisar a detalle el contenido de la “ 2018 Trade Policy Agenda” y  el “2017 Annual Report” (https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2018/AR/2018%20...) cuya liga le anexo, porque se entiende con mayor claridad el contenido de una negociación que enfrenta dos realidades: la decisión (no la intención) de la administración Trump de modificar el esquema que ha prevalecido en México desde la aprobación del TLCAN, pero que cobró vigor durante el mandato de Felipe
Calderón, para expandir la terciarización o outsourcing desde México o Canadá para acceder al mercado norteamericano con menor costo de arancel, menor costo en mano de obra y menor costo regulatorio.

Y la asimetría revelada no le ha tomado por sorpresa al equipo negociador encabezado por el secretario Ildefonso Guajardo, porque la agenda tiene incluidos elementos que en México son difíciles de comprometer sin que se tenga claro el resultado de la elección del 1 julio.

El documento tiene 359 páginas en las que hay cerca de 167 menciones a la relación comercial con México, pero en particular, abre con la intención, visión y objetivo de la negociación para solicitar la prórroga en fast track por al menos un año, lo que eliminaría el dead line para esta provisión y justo el documento llega en medio de dos polémicas que afectan a México: la cada vez más deteriorada relación diplomática que se agudizará con la salida de la embajadora Roberta Jacobson y el posible nombramiento de Edward Whitacre, de perfil empresarial, pues fue CEO de GM, AT&T y SBC; y  la constante fricción que la relación bilateral, compleja sin duda, plantea.

Tengo la impresión de que las estructuras de gobierno en México (comenzando por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray) entienden la defensa del país como un “no nos moverán”, en lugar de revisar todo lo que ha profundizado la asimetría institucional y real entre los dos países durante estos años de tratado, para intentar corregir el rumbo.

La convicción de que la porosidad de la frontera con nuestro país es grave para ambos no permea en la clase política mexicana, porque Trump reconoce que el mercado de trabajo de EU es importante para los mexicanos, pero apunta que la migración ilegal (que aquí es considerada una válvula de escape) es un factor que deteriora la calidad y costo del empleo en EU y también minimiza la presión para que en México se tomen decisiones políticas coherentes para mejorar el empleo formal y el salario. Lo mismo pasa con el mercado de armas, de droga, de basura, de outsourcing.

Por último, la imposición de aranceles en aluminio y acero o, la revisión del acuerdo azucarero, o la imposición bilateral de medidas arancelarias en otros sectores, no son actos de mala o buena voluntad, son decisiones de una agenda comercial que sólo en el documento que les comento tiene 169 menciones para México. ¡Le deseo interesante lectura!

De Fondos a Fondo

#OscuridadDeLaCasa… Nueva Zelanda evalúa el impuesto a las bebidas azucaradas y considera estudios realizados en México. Se ha dicho acerca de los métodos fiscales que algunos gobiernos están utilizando para reducir en su población los niveles de sobrepeso y obesidad. El Ministerio de Salud de Nueva Zelanda, a cargo de Jonathan Coleman, recientemente pidió la elaboración de un reporte para revisar la eficacia de estos impuestos como medida de salud.

En el reporte se evaluaron 47 estudios publicados en los últimos cinco años, entre ellos, algunos de México como los del ITAM, de Arturo Fernández; deI Instituto de Salud Pública, que encabeza Juan Ángel Rivera; del Colegio de México, y de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

¿Los resultados? La mayoría de ellos confirman una reducción en la ingesta demasiado pequeña como para generar beneficios en la salud y que podrían cancelarse fácilmente con la sustitución de otra fuente de calorías, es decir sustitución de productos con igual o mayor cantidad de calorías.

Otro hallazgo que llama la atención es que en ninguno de los estudios se ha identificado un impacto en los resultados de salud, los niveles de sobrepeso y obesidad se han incrementado o se mantienen en los niveles en los que se encontraba la población. Esta es la principal premisa por lo que fue creado este impuesto y según la revisión de estos 47 estudios internacionales, el impuesto ha resultado una medida ineficaz.

El reporte también reveló que el impuesto se ha puesto en operación bajo un cierto criterio de efectividad lógico.

El impuesto aumenta el precio de un artículo, en este caso las bebidas azucaradas, el aumento en éstas debiera de conducir a una reducción.

Bajar el consumo debe de traer como consecuencia la reducción de calorías, menor ingesta de calorías debería de reflejar una disminución en los riesgos de factores fisiológicos y por lo tanto esto debería de traducirse en resultados de salud.

Pero, ningún país del mundo –incluido México–, se cuenta con evidencia científica que demuestre que subir el precio a ciertos productos sea una medida eficaz para modificar los hábitos de la población y reducir los índices de sobrepeso y obesidad en su población.