¿Tenemos idea de cuándo y cómo parará todo esto?

A medida de que los efectos de la pandemia empiezan a verse —quizá por la desesperación— como algo que durará por siempre, el desempeño de los tres órdenes de gobierno queda a deber más y más a los ciudadanos. No es sólo por la evidente improvisación y el desorden criminal, producto del pésimo desempeño del gobierno federal y buena parte de los gobiernos estatales, sino por algo más; por ese “algo” que dejan ver las intenciones del presidente López para sacar adelante su agenda personal, claramente autoritaria.

La iniciativa para modificar el texto del artículo 21Ter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria enviada por aquél, junto con la orden a sus peones en el Congreso de la Unión (Mario Delgado y Ricardo Monreal) de concretarla a la brevedad sin reparar en las cuestiones legales y de procedimiento, exhibieron otra vez más la conducta abyecta de aquellos dos que aceptan, sin chistar, legislar en favor de las ambiciones de una persona.

Al proceder así, el Presidente intenta borrar o al menos reducir casi a nada, las facultades exclusivas que en materia de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación le asigna la Constitución en su artículo 74 a los diputados. De lograrlo, satisfaría su obsesión de contar libérrimamente con recursos que le permitirían seguir no únicamente con los proyectos inviables y descabellados de Santa Lucía, Tren Maya y Dos Bocas, sino también con programas clientelares cuyo único objetivo son los votos de los beneficiarios durante las elecciones intermedias del año 2021.

Ante esta visión autoritaria y nulo respeto de la legalidad, el Presidente de la República estimula rumores que dan visos de certidumbre a sus obsesiones autoritarias —inadmisibles en una democracia—, como ésa de eliminar las afores para crear una sola administradora (Banco del Bienestar) de los recursos de millones de trabajadores y empleados.

Su gobernación, lejos de contribuir a eliminar la desconfianza de los agentes económicos privados o cuando menos a reducirla, se empeña en atacar a empresarios, amenazar al Banco de México y, en el extremo, en un acto que exhibe su ignorancia en materia de crédito entre particulares, condena y señala como fuente de corrupción un factoraje financiado por el brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo.

Esa conducta, lejos de permitir aspirar a un futuro de confianza y certidumbre jurídica que, estimularía inversión y crecimiento, va en sentido opuesto: eleva la desconfianza en el gobierno y su gobernación. Además, se duda más de su capacidad para conducir responsablemente los destinos del país y contribuye a exacerbar el ambiente de rijosidad que, con sus formas y trato despectivo y despótico para con todo aquel que no se le incline, creó y alimenta cotidianamente.

Ante el peligroso panorama que se ve venir, resultado de una gobernación basada en el desconocimiento de lo más elemental de la economía y el funcionamiento de los mercados, de la política fiscal y monetaria y el desprecio por conocer la situación internacional, muchos preguntan y se preguntan ¿qué esperar de todo esto? ¿Sólo violencia sin control?