BBVA-Bancomer a capilla

Francisco González, el presidente mundial del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), suele jactarse de expresar lo siguiente en cuanto foro público puede: “Este banco no hace cosas que no se puedan publicar en los periódicos”.

Ayer esta institución confirmó el dato que le reportamos el martes: despedirán en los próximos días mil empleados. No son mil 500 como trascendió, no al menos técnicamente.

En realidad son 987 gerentes de servicio, antes apoderados de sucursales, los que están siendo desplazados en una primera etapa por la automatización de los puntos de venta.

Pero van a ser muchos más empleados los que serán despedidos en lo que resta del año. Para octubre se anticipa otro ajuste que pegará a directores y ejecutivos con más de 20 años de antigüedad. El grupo financiero quiere evitar que ellos, personas cuyas edades rondan los 55 años, lleguen a su jubilación para no pagarles, además del finiquito, los servicios médicos, la prestación que más les duele.

A los 987 que están corriendo ahora mismo la administración de Eduardo Osuna les está conculcando sus derechos laborales porque en su liquidación no les están integrando el bono en el salario. El grupo que preside Luis Robles Miaja va contra lo que dice la ley y la jurisprudencia firme en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el trabajador lo ignora o no litiga por lo largo y tortuoso del proceso. Bancomer tiene un largo historial de vejación a sus empleados. Ahí está el cambio radical que en 2007 dio para zafarse del pago de las utilidades anuales al crear tres empresas de outsourcing. Bajo esa fórmula esquivó el pago, sobre todo, de la PTU. BBVA Bancomer trasladó a sus más de 50 mil trabajadores de entonces a BBVA Bancomer Operadora y dejó en la otra sólo a un empleado.

¿Sabe quién era? El mismo Osuna. No es que la acción sea ilegal. Muchas empresas lo hacen. Lo que no es ético es “escamotearles” la integración del bono cuando despiden a su personal. He aquí un rápido cálculo: si BBVA-Bancomer ganó el año pasado cerca de 40 mil millones de pesos, corresponderían de PTU a sus trabajadores una bolsa de cuatro mil millones. Sólo en el 2017. Mal, en verdad mal el área de Recursos Humanos, que dirige Fernando Eguiluz, uno de los 11 miembros del Comité de Dirección de Bancomer, cuya presidencia asume el próximo mes Jaime Serra.

AL FIN ORO NEGRO

Ayer por fin el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil de la CDMX, Benito Zurita, admitió a concurso mercantil a Oro Negro. Nada más le llevó un año.

Ahora la decisión relevante será a quién designarán como conciliador. La sentencia sale horas después de que se abriera otro frente de batalla entre los bondholders y la compañía de Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo White: el pago que Pemex hizo al fideicomiso Deutsche Bank por cerca de 95 millones de dólares por concepto de cuentas por pagar. Oro Negro peleaba hace más de un año ese dinero y ahora se lo quiere quedar.

Los acreedores promovieron medidas para que aquéllos no lo cobren y se transfiera al fideicomiso Nordic Trust. Los bonistas son Alterna Capital Partners, Asia Research & Capital Management, CQS LLP, Maritime Finance Company, Ship Finance International, Contrarian Capital Management y GHL Investment, a la sazón acreedores reconocidos.

PEMEX PROCURA

A propósito de petróleo, apunte este nombre: Manuel Herrería Alamina. Dicen que podría ser el próximo director de Pemex Procura, o en lo que termine esa unidad de negocios, pues ya ve que Octavio Romero planea regresar a la estructura de la paraestatal del gobierno de Miguel de la Madrid.  Herrería fue secretario particular de Romero cuando era Oficial Mayor en el gobierno del DF, que encabezó en el año 2000 Andrés Manuel López Obrador. Después, con Marcelo Ebrard, fue director general de Administración. Es hombre de todas las confianzas de Romero y cuñado de Pedro López Obrador, hermano del futuro Presidente. Procura es la que centraliza todas las compras y abastecimiento de Pemex.

TODOS CORREN

Quien se perfila para subsecretario de Egresos y a la sazón artífice de la idea de bajar sueldos a los funcionarios del gobierno federal, Gerardo Esquivel, tiene un grave problema: no logra fichar a nadie en los puestos claves del sector hacendario.

Patricia Armendáriz, a quien querían de subsecretaria de Hacienda, le dio las gracias. Adolfo Hellmund, a quien pretendían como director de Banobras con las funciones de la Sociedad Hipotecaria Federal, próxima a desaparecer, también se excusó. Y Jorge Arce, número tres al bate en el Grupo Financiero Santander, y a quien ubicaban en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, también se disculpó. La austeridad republicana podría terminar saliendo carísima.

FUE EL FONADIN

Los incrementos de entre 7% y 30%, que sufrieron hace una semana los peajes de unas 32 carreteras que son administradas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), no deben ser atribuidos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la dependencia al mando de Gerardo Ruiz Esparza. Las carreteras no le pertenecen, por lo cual es erróneo culparla de tales aumentos, que al menos en la vía Libramiento Sur II Reynosa fue la más alta: 30%. Estas autopistas federales son del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que dirige Francisco González Ortiz Mena. Ahí hay que quejarse.

ICA Y OVT YA

Ya quedó conformado el panel de expertos de la Corte Internacional de Comercio que dirimirá en Nueva York la controversia entre el fondo canadiense CDPQ, que dirige aquí Alonso García Tamés, y Grupo ICA, que maneja Guadalupe Phillips. ¿Se acuerda no? Pelean el control de cinco desarrollos carreteros. El árbitro de ICA es Gerardo Lozano, el de CDPQ es Robert Smith y el presidente es Zulueta.