IFT: reforma integral a Ley de Derechos

En pleno periodo ordinario del Poder Legislativo y justo el día que arranca la discusión de la Ley de Ingresos en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha hecho llegar a la Secretaría de Hacienda y a los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, un documento amplio en el que propone un diálogo franco y abierto con ambas instancias (la Ejecutiva y la Legislativa), para revisar fondo la propuesta de elevación de los derechos sobre el espectro radioeléctrico para uso móvil.

El IFT, órgano autónomo, instrumento técnico del Estado mexicano en la materia, elaboró con gran precisión el diagnóstico, presente y futuro, del impacto que tendrá la política recaudatoria solicitada por el Ejecutivo. El presidente López Obrador, de hecho, dijo que él no avalaría un aumento de derechos que repercuta en el bolsillo de los mexicanos. La telefonía móvil que incluye voz e internet, es un bien esencial y, justo cuando el IFT abrió la posibilidad de licitar más espectro, la SHCP propuso un incremento de derechos que encarece no sólo esas bandas, sino, además, todo el servicio.

El llamado no es para cancelar el pago por el uso de un bien del Estado, sino una revisión racional y razonada de lo que provoca el alto costo de ese activo en México.

El IFT establece que “los precios altos por el espectro radioeléctrico, junto con el hecho de que la mayor parte corresponda al pago de los derechos anuales contenidos en la LFD, resultan en barreras a la entrada de nuevos competidores en el mercado, desincentivan la participación en nuevos procesos de licitación pública de espectro, promueven la devolución de espectro al Estado (como ya ocurrió con AT&T, que encabeza Mónica Aspe, y con todo el espectro para servicios móviles de Telefónica), ponen en riesgo el despliegue de infraestructura y las inversiones para los nuevos servicios de quinta generación (5G), limitan las mejoras en cobertura y calidad de los servicios y podrían implicar incrementos en los precios de los servicios para los usuarios finales.

Todo aumento en el derechos, particularmente por el esquema recaudatorio que se ha impuesto a este bien, “se traduce en aumentos de precios al consumidor”, pero lo grave es que, con base en la información presentada por el instituto a la SHCP, “los montos actuales de los derechos por el uso del espectro son, en promedio, superiores en 60% a la media internacional (con base en una muestra que incluye a 40 países) y que esta diferencia crecería a casi a 70% con los incrementos propuestos por la SHCP”. ¡Mas directo ni la indirecta!

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 DE FONDOS A FONDO

#ComercioExterior… Hasta el 30 de septiembre, la Secretaría de Economía permitía que diversas mercancías no cumplieran con etiquetado previo al ingresar a territorio nacional, es decir, podían importarse y, una vez en territorio nacional, cumplir con la NOM de etiquetado correspondiente.

El importador prestaba servicios profesionales directos o a través de otras empresas para realizar el etiquetado, porque la gran mayoría de los exportadores no quieren cumplir con requerimientos adicionales, como los de traducción y contenidos exigidos localmente.

Pues, le cuento que la Dirección General de Facilitación Comercial y Comercio Exterior realizó modificaciones a las reglas, argumentando que el importador abusaba de esta facilidad y, como siempre, asumiendo que toda las operaciones que se importaron bajo ese esquema han incumplido con la NOM. Hasta ahora, no ha mostrado evidencia de importadores y sectores que hayan sido sancionados, pero en un momento como el actual, donde se requiere apoyo para el empresariado e importadores formales, se exige cumplir con un etiquetado previo a la importación el mismo día que se publica en el Diario Oficial, sin periodo de transición.

Casualmente, el dictamen en el que la Conamer dio el visto bueno a la modificación —que recibió muchas opiniones y no fue atendido— se dio a conocer un día antes de su publicación en el DOF, ¿así o más arreglado?