Loretta Ortiz: ¿del prejuicio al perjuicio?

Rechaza la ministra Loretta Ortiz que tenga conflicto de interés como ponente para resolver dos controversias constitucionales (del gobierno de Colima anterior y la interpuesta por Cofece) y la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los senadores de oposición.

En todas sus propuestas (si las hizo llegar o no al presidente López Obrador antes de que la conocieran sus pares en el pleno es algo que no puedo comprobar), declara infundados los hechos impugnados. Y bueno, lo hace en términos equivalentes al juicio o posición política que expresó en tribuna, la entonces diputada, el 29 de julio de 2014, cuando advierte que como miembro del PT votará en contra de la iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica. Lo mismo hizo en el caso de la Ley de Hidrocarburos y todo el andamiaje que se integró tras la reforma constitucional de 2013.

Cito sus palabras: “En todos estos casos, lo que reluce (es) que en la regulación de la Ley sobre Energía Eléctrica, a partir del artículo 31 hasta el artículo 88 son contrarios a la propia Constitución, en cuanto al respeto a derechos fundamentales, al derecho de propiedad y también a los diversos tratados internacionales regulados en el artículo 1º constitucional, con la misma jerarquía de la propia Constitución. Violan el derecho fundamental de acceso a la justicia y también del respeto al derecho a la propiedad. Es cuanto, diputado presidente”.

Es evidente que ella tenía y tiene un prejuicio respecto a la reforma aprobada en 2013 y la eléctrica de 2014 que, por cierto, fue resuelta como “constitucional” por la SCJN en la impugnación realizada por la oposición de la que ella formaba parte entonces.

Hoy, es difícil creer, que su prejuicio no derive en perjuicio en contra de todos aquellos empresarios y personas, organismos o senadores, que decidieron recurrir al control constitucional, como medio para defender su derecho.

Por qué se lo digo: el grupo de Morena, PT y Verde han iniciado el proceso de dictaminación de la reforma constitucional en materia de energía eléctrica y minera, y tienen la certeza de “doblar” a la mitad, al menos, de los diputados del PRI que coordina Rubén Moreira (tan débil es la oposición), y, por el otro, se dice que en el Poder Judicial, los “ministros del Presidente” suman el número de votos corporativos para respaldar la ponencia de Ortiz Ahlf.

Fíjese la matemática presidencial; con 4 votos en contra de la inconstitucionalidad de la Ley de Energía Eléctrica, se desestiman las tres impugnaciones (o sea, no pasa nada como si no se hubiera impugnado), con 6 votos a favor se declara la constitucionalidad (con eso se pierden todos los amparos), con 8 votos en contra se declara la inconstitucionalidad. Cuente: Loretta Ortiz, Margarita de la Cabada, Yazmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara, Arturo Zaldívar y, quien siempre ha votado en favor de todos los asuntos de la 4T (¿o no lo había notado?), Alberto Pérez Dayán.

El prejuicio explica el contenido de todas las resoluciones que presentó la ministra Loretta Ortiz, pero los ministros, incluso los que la sociedad percibe como “integrantes del grupo 4T”, se tomarán la molestia de revisar a fondo la propuesta para declarar la inconstitucionalidad hoy, y compararla con la sentencia de constitucionalidad que van a contradecir. Lamentablemente, cada vez somos más los escépticos de una SCJN independiente. Recuerdo cuando Luis Robles felicitaba al ministro Salvídar por haber llagado ahí. Me dijo: “Es un hombre honesto y con una firme convicción de justicia”. ¿Será?

DE FONDOS A FONDO

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