Ahora el viacrucis de los contratistas

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue dando tumbos con relación a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

El jueves, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, hizo el enésimo anuncio de la “terminación oficial” y horas después fue, oooootra vez, desmentido.

El director de Grupo Aeroportuario Ciudad de México (GACM), Gerardo Ferrando, aclaró que se continuará por lo menos seis meses más, en lo que cuadran cuentas con las constructoras.

Por lo visto, en el primer círculo del tabasqueño no se ponen de acuerdo en el accionar. Los duros no entienden que acabar a rajatabla les será contraproducente por las demandas que se les vendrían.

Los principales contratistas creen que va a ser hasta esta semana cuando se dé una notificación oficial de los tiempos de la cancelación. Todavía hay muchos detalles a resolver y se deben alinear posturas.

El gobierno de la Cuarta Transformación no se quiere equivocar y está dando pasos de plomo. Hasta ahora, las reuniones se han centrado con los dos principales consorcios, el de la Pista 3 y el del edificio Terminal.

Es decir, con Prodemex, de Antonio Boullosa; Hermes, de Carlos Hank Rhon; GIA+A, de Hipólito Gerard; Carso, de Carlos Slim; ICA, de Bernardo Quintana, y Acciona, de Sergio Ramírez.

En la cuarta sesión del nuevo consejo de administración del GACM, celebrada el 27 de diciembre, “apenas” Ferrando instruyó a sus directores corporativos a sentarse a negociar con los contratistas.

Pide a los funcionarios a su cargo y a sus residentes de obras y servicios para que, caso por caso, se proceda a analizar las diferentes relaciones contractuales para determinar la suspensión temporal de los trabajos o, bien, la terminación anticipada de los contratos.

“Teniendo siempre como referente la conservación de las obras” (¿?) “y la seguridad de personas y bienes... asimismo, procedan a la determinación de los gastos no recuperables de acuerdo con los criterios que señala la norma y que consisten en que éstos siempre sean razonables (¿?), estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente”.

“De igual manera, instruyó a los directores corporativos de Administración, Finanzas y Jurídico para que participen en el proceso de suspensión y/o terminación anticipada de los contratos de obra y adquisiciones, incluyendo, en su caso y según sea conveniente, utilizar los mecanismos alternativos de solución de controversias, conciliaciones y procedimientos de liquidación que en términos de ley estén disponibles…”.

Señoras y señores: el nuevo gobierno de AMLO le va a dar mucha chamba a peritos, mediadores, pero, sobre todo, a árbitros y abogados, porque, aunque cancelen oficialmente el NAIM hoy o en seis meses, habrá una avalancha de demandas y amparos.

Y esto sólo en la parte de construcción.

BONOS VS. SGMM

Por cierto, el sobreprecio de 10% que el mismo GACM, dirigido por Gerardo Ferrando, pagó por la recompra de esos mil 800 millones de dólares de bonos, implicó un costo adicional de 180 millones de dólares más, que equivalen a cerca de tres mil 600 millones de pesos. Estamos hablando de aproximadamente 40% más de lo que el gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador va a tener que desembolsar, además, como erogación anual por la eliminación de los Seguros de Gastos Médicos Mayores (SGMM) a unos 500 mil funcionarios públicos de los niveles de jefatura de departamento hasta secretarios de estado, y que es por un importe de otros dos mil 500 millones de pesos. La esquizofrenia total.

HOSPITALES “B”

Esto de la cancelación de los Seguros de Gastos Médicos Mayores también va a traer aparejada una realineación en el posicionamiento de los hospitales privados, donde los más afectados van a ser los de categoría “B”, que eran los más socorridos por el grueso de los burócratas que contaban con esa prestación. Apunte ahí, por ejemplo, a Médica Sur, de Misael Uribe; el Hospital Español, que preside Daniel Suárez; los Star Médica, de Carlos Slim; el Sedna, que dirige Miguel Castillo; Dalinde, que comanda Mario González, y un bueno número de Hospitales Ángeles, que capitanea Roberto Simón. Conforme a las nuevas reglas, el IMSS, de German Martínez, y el ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez, absorberán esa demanda.

GERMANCITO ATACA

Dice German Martínez que es abogado: pues vaya conocimiento de la leyes que tiene. Sería bueno que fuera con el papá de su colega, Luisa María Alcalde, o sea, Arturo Alcalde, para que le hable de la Ley Federal del Trabajo y le digan que él y su turba de nuevos colaboradores, unos 90, violaron el artículo 402 del Código Penal al usurpar funciones. Desde el 2 de enero, como si la fecha fuera mágica, los muchachitos de Germancito llegaron a todas las oficinas del IMSS cual piratas al abordaje exigiendo, amenazando, denostando e ignorando los contratos vigentes de los titulares de las áreas, con el pretexto de que ya son nuevo gobierno, pero sin mostrar ningún oficio de nombramiento.

CASTILLEJOS SE METE

Al final, Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, operó muy bien y descarriló las posibilidades de que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena llegara a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Este hombre tenía apalabrados seis votos de sus colegas todavía en la última semana del año. El primero en traicionarlo fue Eduardo Medina Mora, a las 9:30 de la mañana del miércoles, día de las votaciones. El segundo fue Alberto Pérez Dayán, que declinó y votó a favor de Arturo Zaldívar, y la tercera fue Margarita Luna Ramos. Dicen que un personaje que fue clave en el cabildeo y que sería bueno que no lo pierda de vista es Humberto Castillejos. El consejero jurídico de Enrique Peña al servicio de AMLO.