Toyota, sigue el pleito con Ferrari

En torno al enfrentamiento entre el sector automotriz y la Secretaría de Economía por la modificación al Decreto Automotriz de 2003, Toyota emitió un comunicado en el que desmiente al secretario Bruno Ferrari, al asegurar que desde hace diez años que inició operaciones en México ha cumplido con las regulaciones de las autoridades mexicanas.

Ferrari negó el lunes que hubiera un enfrentamiento con la industria automotriz y acusó a Toyota de no haber cumplido con el decreto de 2003 y no haber elevado su producción ni inversiones, como sí lo hicieron las otras armadoras.

Para Toyota, dice la empresa, México es un país estratégico a escala mundial, por lo que analiza oportunidades de expansión. Y en torno al Decreto 2003 señala que analizará el impacto en sus operaciones y tomará “las acciones pertinentes” para satisfacer las necesidades del mercado interno.

En realidad no hay mucho que pensar porque la propuesta de la Secretaría de Economía, que está en la Cofemer, establece claramente que las armadoras que quieran mantener su registro y seguir beneficiándose del Decreto tendrán que tener una producción mínima de 100 mil unidades o incrementar su inversión en 100 millones de dólares.

Toyota no ha hecho ninguna de las dos cosas y, aunque envió a la Cofemer una carta quejándose del Decreto y asegurando que estarían en riesgo sus inversiones y empleos en México, ahora habla de “apertura al diálogo con las autoridades”.

Y en cuanto a si hay o no un enfrentamiento con la industria automotriz, Ferrari haría bien en leer las acérrimas quejas en contra de modificar el Decreto 2003 que subieron a la Cofemer la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA y el Consejo Coordinador Empresarial.

Álvarez Hoth, multado e inhabilitado

¿Se acuerda del polémico pago por 550 millones de pesos que realizó la SCT el 28 de noviembre de 2006 a Unefon? Por si ya se le olvidó el caso, Unefon recibió una prórroga para pagar sus concesiones como un favor que recibió de la SCT en el sexenio de Zedillo, porque Unefon y Miditel presentaron problemas de liquidez.

Años después, Unefon demandó al gobierno por los intereses generados por la prórroga recibida, una decisión que generó todo tipo de sospechosismo, porque faltaban dos días para que terminara la administración de Fox y la SCT realizó el pago de  550 millones de pesos.

Una de las papas calientes con las que se topó Luis Téllez, primer titular de la SCT en este sexenio, fue que faltaban de pagarle a Unefon 46 millones de pesos adicionales y que la empresa pretendía cobrar más de tres mil millones de pesos en intereses acumulados.

Después de un larguísimo pleito, la SCT ganó el caso a Unefon, al menos parcialmente, porque sólo tuvo que pagar los 46 millones de pesos restantes.

Por su parte, Jorge Álvarez Hoth, ex subsecretario de Comunicaciones, aseguró que era un caso cerrado, que no había cometido ninguna irregularidad y que no tuvo más remedio que pagar.

Sin embargo, la SCT abrió ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia por negligencia administrativa que sí procedió y esta semana Álvarez Hoth fue notificado de una inhabilitación de diez años para trabajar como funcionario público y una multa de 550 millones de pesos que seguramente nunca pagará porque puede impugnarla.

GAP, sin arreglo con GMéxico

El pleito entre accionistas de Grupo Aeroportuario del Pacífico parece interminable.

Primero fueron los mexicanos encabezados por Laura Diez Barroso en contra de sus socios españoles Aena y Avertis, pero firmaron la pipa de la paz al unirse en contra de Germán Larrea, de Grupo México.

Larrea compró primero una participación minoritaria y pretendió realizar una oferta pública por 100% del capital que fue frenada legalmente por los accionistas de GAP.

GMéxico no se dio por vencido y presentó una nueva demanda en contra de la asamblea extraordinaria de accionistas de GAP, realizada el 25 de septiembre, y logró una resolución que suspende el acuerdo de reducción de capital en 870 millones de pesos.

Desde luego, GAP se defenderá en tribunales.