INEGI, el costo de la inseguridad para las empresas

Mientras el presidente Enrique Peña Nieto presentaba ayer, en la segunda sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, su plan de seis medidas para combatir la inseguridad, el INEGI dio a conocer los datos de la primera Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE 2012), que revela la magnitud del problema de inseguridad, extorsión y corrupción que enfrentan todas las unidades económicas en México, desde las más pequeñas hasta las más grandes.

Las cifras hablan por sí mismas: 37.4% de las más de 4.2 millones de unidades económicas del país fueron víctimas de la inseguridad con un costo promedio de 56 mil 774 pesos, que abarca no sólo las pérdidas económicas por robo o extorsión, sino los gastos que han realizado para enfrentar la inseguridad, desde contratación de personal de vigilancia, seguros, equipos rastreadores por satélite, etcétera.

El costo total de la inseguridad, que fue el dato destacado en todos los medios, es de 115 mil 200 millones de pesos que equivale a 0.7 por ciento del PIB:

Eduardo Sojo, presidente del INEGI, explicó que México es el primer país de América Latina y uno de los pocos del mundo que lleva a cabo una encuesta de Víctimización de Empresas.

Desde luego, la ENVE, que se realizó con una encuesta aleatoria de 27 mil empresas de todos tamaños en todo el país, debe servir de base para la toma de decisiones en los tres niveles de gobierno, porque se revelan datos tanto por segmento de actividad como a nivel estatal.

Entre las conclusiones que destaca Sojo de la ENVE 2012 es que las empresas pequeñas están más sujetas a corrupción y extorsión, mientras que las más grandes a robos de su mercancía, ya sea en sus instalaciones o en traslado en carreteras.

Un dato que también es preocupante, y que en verdad debe motivar a la reflexión en el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Gerardo Gutiérrez Candiani, es el muy bajo número de empresas que presentan denuncias ante el Ministerio Público, que es de sólo 12% y es similar al de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE), que demostró que también menos de 15% de las personas que son víctimas de un delito lo denuncia.

Es urgente, por lo tanto, que exista tanto a nivel de hogares como de empresas una mayor cultura de la denuncia, que sólo se logrará en la medida en que exista más confianza y eficacia en las autoridades.

Hoy la mayoría de las personas, y por lo visto también las empresas, no presenta una denuncia porque considera que es una pérdida de tiempo o, peor aún, que las autoridades locales pudieran estar coludidas con los delincuentes.

Realizará Peña Nieto cambios en el INEGI

Y ya que estamos hablando del INEGI, el próximo 31 de diciembre termina el periodo de José Luis Mejía como vicepresidente y será la primera oportunidad del presidente Enrique Peña Nieto de realizar cambios en la Junta de Gobierno del INEGI.

En el caso de Eduardo Sojo, su segundo y último periodo concluye en diciembre de 2015 y ya no tiene opción de reelegirse, por lo que, como se comprenderá, sí hay interés por conocer quién será la propuesta de Peña Nieto para el INEGI, que es uno de los organismos de información y estadística con mayor reconocimiento a escala mundial.

Pleno de la CFC se opone a reforma legal

Ahora sí se unió el pleno de la CFC y los cinco comisionados: Eduardo Pérez Motta, Cristina Massa, Miguel Flores, Rodrigo Morales y Luis Ibarra cerraron filas para evitar que hoy se apruebe en la Cámara de Diputados una reforma jurídica que, según señalan en una carta firmada por todos, debilitaría a la CFC.

La reforma propone ser un contrapeso frente al presidente de la CFC y el secretario ejecutivo, al dotar de un poder decisivo al comisionado ponente, que se rotará en cada caso y que elaborará el proyecto de resolución para su aprobación o modificación en el pleno.

Los comisionados, quienes hace un mes exigían al secretario de Economía un mayor equilibrio de poderes en la elaboración del Reglamento Interno de la CFC, ahora señalan que la reforma de ley eliminaría los contrapesos en la CFC y estaría en contra de las mejores prácticas internacionales y de los compromisos para fomentar una mayor competencia establecidos en el Pacto por México.