David Páramo

Análisis superior

David Páramo

18 Abr, 2013

Muy cuesta arriba

No vale la pena seguir discutiendo si constituir dos autonomías en los casos de las comisiones de Competencia y Telecomunicaciones, puesto que parecería que se trata de un hecho consumado a pesar de que se tiene que esperar a que sea votado por el pleno del Senado de la República, pero sí es necesario establecer preocupaciones sobre la forma en que esta legislatura elegirá a 14 consejeros.

Las señales no son muy alentadoras. Bastaría ver las gravísimas dificultades que tienen los partidos políticos para nombrar a un  consejero del IFE. Un procedimiento que podría alargarse hasta octubre, puesto que simplemente no hay capacidad política para ponerse de acuerdo.

No debe olvidarse que la forma en que se pretende elegir a los comisionados del nuevo IFT y de la Cofetel es sumamente similar al que se emplea con el IFE y con aquellos que, en algún momento, integrarán la junta de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Quienes vieron la comparecencia de los interesados se sienten francamente preocupados. Casi ningún senador les estaba prestando atención y, mucho más grave, algunos de ellos simple y sencillamente abandonaron la sesión porque tenían cosas más importantes qué hacer.

Imagine por un momento la selección de 14 miembros de las juntas de gobierno de la CFC y del IFT, o como le vayan a llamar a esta poderosísima autonomía que no sólo no tendrá contrapesos ni recursos, sino que estará integrada por 7 individuos que realmente no le rendirán cuentas a nadie en un subgobierno.

Imposible

Los miembros de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación parecería que perdieron totalmente la razón o algo mucho peor. Todas las señales indicarían que  contaminados por el fracaso que tuvieron sus líderes, Lizette Clavel y el actual Ricardo del Valle, en la estrategia previa al Concurso Mercantil de Mexicana de Aviación y durante estos más de 30 meses en que la línea aérea ha avanzado irremisiblemente hacia la quiebra.

La actitud tomada por ASSA parecería que busca homologar a todos sus agremiados, es decir, que todos pierdan su fuente de trabajo por la vía de quebrar, también, a Aeroméxico con el espejismo que es la gran beneficiaria de la caída de CMA.

Vale la pena abrir un paréntesis. Los muy burdos creen que la aerolínea encabezada por Eduardo Tricio se quedó con todo y que avanza para convertirse en un monopolio, la realidad es que Interjet, Volaris y VivaAerobus no sólo han tomado más importantes porcentajes del mercado de la aviación sino algo mucho más importante, lo hacen con costos sustancialmente menores.

El diferencial del precio de los boletos se explica, en buena medida, porque estas líneas no tienen contratos colectivos tan onerosos (además que pilotos y sobrecargos tienen niveles salariales inferiores a los que registra Aeroméxico) y han disminuido una gran cantidad de costos.

El pliego petitorio de los sobrecargos es ridículo. Piden un aumento salarial del 10% cuando el promedio de las revisiones en el sector privado ha estado ligeramente por arriba de la inflación, es decir, rondando el cuatro por ciento.

Habrá quien pueda decir que es para comenzar a negociar, lo que sólo muestra lo rupestre que es su acercamiento.

Dentro de las cosas que piden es que la empresa les “regale” más boletos para ellos y sus familiares. Esta prestación disminuye el número de espacios limitado que puede vender la línea aérea para generar pagar los sueldos de sus propios trabajadores.

Otro de los puntos que contiene el pliego petitorio que pretende incluir o modificar 31 cláusulas, es que aumenten los descansos que tienen si vuelan entre una y cinco horas. También piden que se aumente el salario que se paga a los jubilados, el cual es muy elevado comparado con el resto de la industria. Peor aún, piden que no haya una edad mínima para la jubilación.

Si Aeroméxico cediera a las pretensiones del sindicato de sobrecargos el costo de la nómina aumentaría 80%, lo que resulta francamente impagable para nadie. Por ahí, algunos exagerados han dado cifras de 100 y 150%, lo cual es no conocer el texto del pliego petitorio y la forma en que se distribuye en la nómina.

El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y su equipo deberán tener mucho trabajo puesto que esta negociación podría generar una verdadera fractura en la aviación, puesto que Aeroméxico y el sindicato parecen sumamente lejanos en sus posiciones.

Viva

Mientras que Aeroméxico enfrenta problemas sindicales, sus competidores no pierden el tiempo. Uno de los esquemas más sorprendentes de negocios en la aviación es el de VivaAerobus, comandada por Roberto Alcántara.

En esta línea aérea se comprende que la aviación no es un negocio de lujo sino de transporte masivo, así que están en el negocio de la conectividad. Aprovechando las buenas condiciones que ofrece Asur, presidido por Fernando Chico Pardo, han comenzado a ofrecer vuelos que no pasen por la ciudad de México que, como adelantamos en esta columna, se encuentra total y absolutamente saturado. Ayer mismo se informó oficialmente del cambio en horarios de aterrizaje y despegue, lo que es sólo el primer paso para la construcción de una nueva terminal que, reiteramos, estará en Tizayuca, Hidalgo.

VivaAerobus abrirá a partir de junio vuelos directos entre Cancún con Oaxaca, Reynosa, Tampico y Torreón. Cada uno de estos vuelos tendrá dos frecuencias semanales y arrancarán con un precio promocional de menos de 650 pesos.

Mientras que algunos pierden el tiempo con nostalgias absurdas y queriendo vivir en una realidad rebasada, aerolíneas como la de Alcántara aprovechan las oportunidades de mercado.

Reinicio

Hay quienes consideran que MVS de la familia Vargas logró una victoria fundamental al obtener cuatro amparos de la SCJN en contra de la expropiación de la banda de 2.5 Ghz; sin embargo, el asunto volvió al punto de arranque. Lo que se tiene que definir cuál es la contraprestación correcta que debe recibir el gobierno por esta red que se ha vuelto especialmente valiosa.

Durante demasiados años no se ha dado un acuerdo entre el gobierno y la empresa sobre cuánto deben pagar de contraprestación.