¿Qué pasaría con concentraciones no autorizadas?

Tras la ratificación de las multas impuestas en recurso de revisión a Televisa de Emilio Azcárraga por violar la condicionalidad impuesta de must offer y must carrier en su asociación con Cablemás y, a Telmex-Telnor, surge una duda.

Ellos pueden irse al amparo, pero qué se aplica en este caso: la reforma constitucional o la Ley de Competencia Económica vigente, porque la “ajustada” conforme a los transitorios y los  artículos  reformados de la Carta Magna, no operan. De pilón no hay jueces especializados y, podría un juez de distrito aceptar la suspensión porque se trata de multas, aunque no haya definición de montos. ¿O no?

Este galimatías se repite. Le comenté que el martes de la semana pasada, el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, que preside Eduardo Pérez Motta, votó el expediente relacionado con la denuncia por prácticas monopólicas en el mercado nacional de cervezas, y aunque la resolución no ha sido notificada,  le comenté que la imposición de “condiciones” puede ser el primer paso para regular la competencia en ese mercado donde nadie duda que prevalece el duopolio cervecero, integrado por Modelo cuyo CEO es Ricardo Tadeu y Cuauhtémoc-Moctezuma de Jean-François van Boxmeer.

Pero para la semana que entra, están listados a ser discutidos por el pleno que preside Eduardo Pérez Motta, dos casos interesantes. Se trata de la concentración de Cinemark de Tim Warner en Cinemex de GM Entretenimiento de Germán Larrea, que por números no hace palidecer al número uno del negocio de exhibición en México, que es Cinépolis de Alejandro Ramírez.

Sin embargo, al concentrarse dos y tres del mercado, pareciera que se reduce la oferta del consumidor de cine de arte, mexicano o duración de las películas en cartelera. ¡El nicho pues!, y podría inducir al pleno a encontrar alguna alternativa de condicionamiento para evitar la reducción de oferta en contenidos fílmicos.

La segunda es la concentración de Comex de Marcos Achar con Sherwin Williams de Christopher M. Connor, con valor de dos mil 350 millones de dólares y que involucra a la red de distribución de venta de pinturas más grande del país, con 750 concesionarios y tres mil 300 puntos de venta.

Aquí el chico compra al grande, pero si sólo considera que es el principal proveedor de pinturas de Pemex, el pintatopes del país, y pintaescuelas y el pintahogares, entiende que eso de los mercados y los tamaños es un reto de otra naturaleza. Si la CFC lo negara la concentración tendría prácticamente el efecto de una orden de desinversión, y como la reforma constitucional eliminó la posibilidad de que se revise la resolución (recurso de revisión), ésta quedaría en firme y, los agentes económicos involucrados podrían recurrir al amparo, donde sólo procede la suspensión si se trata de multas y desincorporación de activos.  De pilón, si esta CFC de Pérez Motta resuelve, la CFCE que será integrada por otros personajes, eventualmente tendría que respetar el criterio de la actual, considerando que la ley vigente y la de procedimiento administrativo vigente establecen el recurso de revisión como obligatorio y hay jurisprudencia sobre el tema (recuerde el caso de Ferromex-Ferrosur o el de Telcel donde se echaron abajo expedientes por no cumplirse con el recurso de revisión).

Lo que escribo no lo tome a pie juntillas. Es un esfuerzo de prospección de lo que podría ocurrir en el extremo. Igual es posible que la concentración de Comex-Sherwin Williams se autorice con condicionamientos sobre la red de distribución que es donde se puede ejercer el poder de fijar precios o suponer  alguna práctica monopólica relativa. Igual ocurre otra cosa.

Aquí la pregunta queda: ¿no deberían darse la posibilidad de revisión acorde a un justo procedimiento administrativo de defensa para los agentes económicos?

De Fondos a Fondo

Hace un mes, el Sindicato de Sobrecargos de Aeroméxico que encabeza Ricardo del Valle, justo cuando se firmó la negociación de incremento al salario que conjuró una posible huelga, se comprometió a revisar el contenido del conflicto colectivo de naturaleza económica (CCNE), que interpuso antes Aeroméxico que preside Eduardo Tricio y dirige Andrés Conesa, el que en resumen, propone la revisión de las condiciones contractuales de los nuevos sobrecargos, con el fin de equilibrar las condiciones de salario y prestaciones a las que prevalecen con los sobrecargos de las otras aerolíneas que prestan el servicio aéreo comercial en el país.

Desde entonces, se comentaba que Ricardo del Valle había aceptado el compromiso de “revisar”, pero no asumió el compromiso de negociar. Terminó el mes, y suponía que el CCNE dormiría el sueño de los justos. Sin embargo, para Aeroméxico el costo laboral e inclusive el equiparar condiciones de productividad que han aceptado por el bien y sostenibilidad de la empresa, los sindicatos de pilotos y de tierra. Por lo pronto, la JFCA admitió reabrir el CCNE, y le comenté que el dictamen de los tres expertos está listo, así es que el proceso está en condiciones de recibir el laudo y el sindicato de ampararse.

El colmo de los colmos para la CNBV, que preside Jaime González Aguadé. Ayer, la Unidad de Banca, Valores y Ahorro dio a conocer el monto de las cuotas de supervisión que deben pagar este año las instituciones supervisadas por el organismo durante este año y, aún considerando la reducción de 5% que por Ley de Ingresos pueden bajar por pagar la anualidad antes de que concluya el primer semestre, lo cierto es que esas cuotas no constituyen el presupuesto de supervisión sino que alimentan al presupuesto federal, en detrimento de la calidad profesional del cuerpo de supervisores del país, que tienen 13 años cobrando lo mismo y hasta menos porque les eliminan los bonos por riesgo. La verdad es que hacer carrera ahí, es más un tema de vocación de servicio público porque el sueldo en el sector que supervisan es cuantitativa y cualitativamente mayor.

En realidad, el presupuesto de que disponen es menor a la mitad de las cuotas de supervisión y eso aquí y en China se llama ingreso “cuasi fiscal”, porque no se aplica a quien se le cobre.

Y mire, ya ve que con los criterios de austeridad, el tema ni tocarlo con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aunque sea uno de lo pocos factores de debilidad institucional que acusa el sistema financiero mexicano, de acuerdo con la auditoría FSAP practicada por el FMI de Christine Lagarde.