Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

13 Sep, 2013

Arranca el programa de aceleración económica

La caída que ha experimentado la economía y el ajuste de expectativas de crecimiento a niveles que van de uno a 1.5%, por debajo de 1.8% de expansión del PIB para 2013 que anticipa la administración del presidente Enrique Peña, tiene su primera respuesta activa, un año después de que se inició la caída.

Dicen que más vale tarde que nunca y, hoy se presenta el Programa de Aceleración del Crecimiento para estimular a la economía, sobre el cual, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha adelantado que implicará la reasignación de 16 mil millones de pesos y, acuerdos de ejecución de gasto con los gobiernos de los estados.

Mire. Pocos países pueden darse el lujo de combinar el estímulo fiscal y monetario en un entorno de debilidad económica sin hacer crisis.

Brasil, por ejemplo, ha recortado igual que México en tres ocasiones la perspectiva de crecimiento económico. De 4.2% con el que empezó el año, la ubicó en 2.5% y los analistas la han llevado a 1.5% apenas en la última semana de agosto, por la fuerte contracción que tiene el sector exportador de la principal economía latinoamericana.

A diferencia de México, la inflación en Brasil subió a casi 6%, contra el objetivo de +/- 2% del Banco Central, en el que influye también una devaluación acumulada del real de 20 por ciento.

Sin embargo, tanto la capacidad acumulada de la hacienda pública como la baja inflación, permiten el espacio y la flexibilidad necesarias para implementar las medidas contracíclicas, que dicho sea de paso, se requieren para estimular a la economía y, evitar que la desaceleración que se ha observado sea más profunda de concretarse un ajuste al gasto (a la ortodoxia pura), mientras el resto del mundo aplica desde el Abenomics, hasta el Q3.

Si China, tan endeudada, estimula, ¿porqué México no? ¡De cuando acá tantos puristas económicos!

El programa que hoy anuncia incluye cosas que esperemos sean efectivas y no salivazos presupuestales. Reasignar y agilizar gasto por diez mil millones de pesos, apoyado en la celebración de convenios con las entidades federativas para expeditar la ejecución del gasto en materia de inversión, que dicho sea de paso, esperaban a la aprobación de la Ley de Disciplina Financiera con los Estados que anda dando la vuelta, justo, por las entidades federativas en la parte constitucional.

Por lo pronto, se entregan dos mil 500 millones de pesos que tenía detenido el Fonden en declaratorias de emergencia, y se instituyen fondos de pavimentación por cinco mil millones de pesos y equipamiento hospitalario para las entidades con recursos por dos mil 500 millones de pesos que estaban detenidos y provienen del ramo 33. Esto es, son aportaciones que debieron fluir y algunas se adelantan un poco.

Un programa especial será el de Banobras que lleva Alfredo del Mazo, para aumentar 18% el crédito a gobiernos locales para sustituir el parque vehicular de transporte público y facilitar el cambio de luminarias
públicas.

Hay otros elementos que apuntalan y tienen que ver con Nafin de Jacques Rogozinski y la SHF, que lleva Jesús Alberto Cano, que triplica de seis mil a 18 mil millones de pesos la línea para fondear a desarrolladores medios de vivienda.

Se buscará activar la expansión de garantías de banca de desarrollo, potenciando recursos fiscales, en actividades y proyectos que ya han sido aprobados por gobiernos locales y el federal, y hay un programa de financiamiento de cinco a uno con garantías para fomentar la adquisición de bienes durables con ahorro energético, que lo mismo pueden ser autos, que refris, aires acondicionados, etcétera.

Para el campo, aumentan las garantías de Financiera Rural y de los fondos administrados por los programas de la Sagarpa para sumarlos a los subsidios productivos.

Para algunos serán aspirinas, más en una coyuntura en la que la propuesta de reforma fiscal que se evaluará, ha empezado a generar reacciones muy negativas en algunos sectores productivos y en la clase media, por el impacto que tendrá en el bolsillo el mayor pago de impuestos, elemento que también requiere ampliar la flexibilidad contracíclica de la hacienda pública.

De Fondos a Fondo

Se puso en marcha en Nuevo León, por ser el único lugar de la República Mexicana con ducto conectado al gasoducto de Texas, un amplio programa de reconversión del parque vehicular de empresas y gobierno a fin de que utilicen gas.

Ayer, el piloto de reconversión a gas que es visto con muy buenos ojos por los empresarios regios, coincidió con la visita encabezada por el subsecretario Miguel Messmacher, el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, el jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, Marcela Andrade y, el jefe de la Unidad de Productividad de la Secretaría, Abraham Zamora, debido a la formalización completa de la reestructuración de la deuda del estado que gobierna Rodrigo Medina.

Una buena jugada fue la que pudieron concretar los industriales siderúrgicos del país, después de varios meses de cabildear con Petróleos Mexicanos.

Resulta que este jueves, Alonso Ancira Elizondo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), firmó un acuerdo con el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para garantizar el suministro de acero mexicano a las obras que realice la paraestatal.

El impacto económico derivado de este acuerdo es importante,  pues se calcula que la paraestatal dejará de importar productos de acero por dos mil millones o dos mil 500 millones de dólares anuales, que ahora serán suministrados por compañías mexicanas.

El convenio, que tendrá una duración de seis años, se pactó en el último día de actividades del 3er. Congreso de la Industria Siderúrgica Mexicana, realizado en esta ciudad.

El acuerdo es prácticamente un tanque de oxígeno para la industria acerera nacional, que se encuentra vapuleada por la competencia desleal de naciones como China y Rusia y por el desplome de los precios y de la demanda a nivel internacional, amén de que se verá ahora castigada por el elevado impuesto a la emisión de carbono que plantea la reforma económica enviada recientemente por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión.

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