México: ¡en la frontera regulatoria!

Pareciera que el resultado del Doing Business 2014 presentado ayer por el Departamento de Análisis e Indicadores Globales del Banco Mundial, coordinado por Augusto López-Claros, en el que México retrocede del lugar 51 al 53 en el entorno regulatorio y para hacer negocios de un año de cambio sexenal, pareciera incongruente porque nuestro país está ejecutando uno de los más profundos procesos de reformas estructurales más ambicioso en los últimos 15 años.

En score, nuestro país mejora diez puntos tras contabilizar 19 reformas y ubicarse entre las 50 economías que están a punto de alcanzar la frontera de la calidad regulatoria y eso seguramente se logrará en la administración del presidente Peña, porque este esfuerzo es continuo y toma años. Una vez que se legisla una reforma puede tomar entre tres y cinco años para comenzar a ver su resultado y, cerca de diez años para ver su efecto.

Considerando los nueve indicadores que miden la calidad del sistema regulatorio y marco de inversión en 189 países, pareciera que nuestra distancia de Singapur (la economía número uno del mundo en calidad de ambiente de inversión y regulatorio) no es de ranking, sino de consistencia y constancia.

También tome en cuenta que la medición de nuestra economía se realiza con base en la información de la Ciudad de México, que gobierna Miguel Ángel Mancera.

Ahora, la calidad del sistema regulatorio depende del gobierno, pero en ocasiones no depende del todo de él. Los gobiernos hacen reformas que pueden controlar y que están bajo su control, pero en ocasiones, aunque propone cosas para mejorar como la reforma hacendaria, los cambios que impulsan grupos de interés y agentes económicos, pueden provocar distorsiones de tal magnitud que el avance es mínimo.

Es el caso del Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Gerardo Gutiérrez Candiani, pues a pesar de que la propuesta de reforma hacendaria elimina el IETU y el IDE, ahora resulta que se han acercado el PAN de Jorge Luis Preciado y el PRD de Miguel Barbosa para presionar en el Senado la no homologación de la tasa del IVA en la frontera a cambio de admitir un Impuesto Empresarial de Tasa Única “para ricos” de 5%, que sería cobrado a los contribuyentes mayores para asegurar el mantenimiento de agujeros fiscales. ¡Es de locos!

Otro ejemplo fue cómo la mayoría priista, encabezada por el diputado Manlio Fabio Beltrones, se dejara meter el gol negociador a la propuesta PAN-PRD de aumentar los días de estancia en puertos de los contenedores que llegan y salen del país.

Según el Doing Business 2014,  a Singapur (la economía número uno del ranking) le toma tres documentos y seis días realizar el proceso de exportar e importar un contenedor a un costo de 460 dólares por unidad. En México, nos toma cuatro documentos (no está mal), pero nos lleva 11 días y a un costo por contenedor de mil 450 pesos la exportación y mil 750 pesos importación. O sea, el triple de costo.

En la propuesta original que Hacienda envió a Diputados, en el artículo 15 se reducía a cinco días hábiles el tiempo de estancia de un contenedor libre de pago en los puertos mexicanos; sin embargo, los amigos –y ahí no tuvo nada que ver PwC– agentes aduanales convencieron a “la mayoría” para que elevara los días de cinco a siete.

En el Senado se regresó para que se revisara, porque afectaría la capacidad dinámica de los puertos en 20% para recibir carga en transbordo y, más o menos calcule que es como cinco millones de contenedores. ¿Y pues que cree que sucedió?

Los diputados la regresan al Senado y no aceptan el cambio y el Senado la manda tal cual. O sea, siete días hábiles y ¿a quién cree que le costará la sabia decisión de la mayoría del PRI-PVM-PRD? Pues a todas las empresa que importan y exportan y que están representadas por Valentín Díez Morodo del Comce, ¿y quien acabará pagando la pifia?

Las compañías portuarias calculan que el impacto de la ley de aduanas representará un millón de contenedores menos en tránsito y prevén que se “desinflará” la bonanza mexicana de los puertos como hub o centros concentradores regionales, debido a la ineficiencia que generará el hecho de que los puertos se conviertan en almacenes.

También se calcula que las navieras emigrarán a otros puertos donde la carga se desaloje rápidamente y los índices de eficiencia no se impongan por decreto, ya que el promedio es de tres días en todos los recintos de la región, incluidos los de Centroamérica y desde luego Panamá, éste último contra el que México pretende competir.

Lo que analizarán una vez que se apruebe esta nueva ley aduanera es recurrir al amparo ya que las compañías portuarias tienen importantes compromisos de amortización de sus inversiones soportadas en el dinamismo de sus recintos, que ahora son amenazados con volverse más lentos por ley, ya que los agentes aduanales tendrán hasta siete días para desalojar sus mercancías mientras que actualmente tienen cinco.

Evidentemente, la administración Peña no podrá hacer nada para mejorar la escala del Doing Business, donde la diferencia con Singapur justamente está en los días que tarda la carga en salir o entrar del país y, el costo que tiene el proceso de comercio exterior.

Se sabe que el PRI, encabezado en San Lázaro por Emilio Gamboa, negó cualquier posibilidad de cambio a los senadores del PAN y PRD, o de lo contrario no cedería en temas de reforma política.

Y es que se sabe que el poderoso gremio aduanal que encabeza Alfonso Rojas González, trató de ser compensado con más tiempo en puertos, ya que a partir de que entre en vigor la ley, para los importadores y exportadores ya no será obligatorio utilizar los servicios de los agentes aduanales que cobran por día de estancia de cada contenedor.

En fin. Esto y lo del IETU llevan a una conclusión: la debilidad hacendaria del Estado mexicano no es una fatalidad: es fruto de decisiones políticas –o de la falta de ellas– sujetas una y otra vez a intereses económicos de grupos particulares; es producto de la pervivencia y expansión de nociones estrechamente individualistas incapaces de elaborar una visión del interés general, así como de actores que creen que sus decisiones están sujetas ante todo, al aplauso fácil y relegan el componente de responsabilidad que debería ser intrínseco a la función de representación y a la actividad política.

Sostenemos que en ellas hay avances muy importantes, que existen elementos de una reforma hacendaria defendible porque cambia las coordenadas de la discusión fiscal que había sido hegemónica en los últimos lustros.