David Páramo

Análisis superior

David Páramo

20 Nov, 2013

La nación se los demande

Seguramente usted ha visto ese acto donde los legisladores y funcionarios públicos toman protesta y después del juramento sobre cumplir y hacer cumplir la Constitución, quien se los está tomando les dice “si no que la nación se los demande”.

Es posible que se haya preguntado qué tan seriamente toman este juramento o en qué están pensando al momento de hacerlo, puesto que en los hechos suelen demostrar que este juramento se ha convertido en un acto hueco y vacío que no significa nada.

Cuando los iluminados del Pacto por México, ensoberbecidos por rencores o su propia incapacidad, elaboraron lo que llaman la reforma a las telecomunicaciones no escucharon ninguna voz discordante.

Se presionó de tal manera a diputados y senadores que querían legislar que prefirieron voltear hacia otro lado, puesto que simplemente se dieron cuenta que perderían la discusión y les ganó el miedo a ser linchados políticamente.

Uno de los muy pocos que se quejó fue el senador del PAN, Javier Lozano, quien adelantó que los plazos eran excesivamente cortos y que no podrían cumplirlos. Algunos mezquinos como Javier Corral hasta usaron las críticas de su compañero de partido como ariete en contra de un que considera su enemigo.

Cuando la iniciativa de la llamada reforma financiera llegó al Senado, Lozano dejó claro que 180 días para tener la regulación secundaria luego de su promulgación no alcanzarían de ninguna manera.

En este espacio hemos señalado como inaceptable lo que se ha convertido, desgraciadamente, en un hecho. Los legisladores ya decidieron que no cumplirán con el plazo constitucional de 180 días para tener una reglamentación secundaria.

Obviamente no dan explicaciones, qué importa la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir, tampoco se preguntan por las sanciones, puesto que al final del día tienen impunidad y pretextos.

Pueden decir que tuvieron que trabajar en muchas otras “reformas estructurales” de gran calado y que no les dio tiempo como si no lo hubieran planeado o nadie les hubiera advertido de que 180 días no eran suficientes.

Lo más grave es que con este incumplimiento se desatarán otros. De hecho, bien puede también oficializarse que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tampoco cumplirá con las declaraciones de dominancia que debería tener listas antes de marzo. Ellos tampoco van a cumplirlo con el pretexto de que no estaba tampoco la ley secundaria.

Por lo pronto, ya contrataron a quien se hará cargo de la Unidad de Competencia Económica del instituto. Se trata de Georgina Santiago Gatica, quien tomará posesión hasta el primero de diciembre, es decir, como si no tuvieran ninguna prisa.

Mientras, hoy arrancarán con una serie de consultas públicas sobre la aplicación de esquemas llamados must carry o must offer.

Más allá de que anunciaron que terminarán con esta consulta el 19 de diciembre, la realidad es que algunas empresas como MVS y sus verdaderos dueños ya pasan por encima de cualquier regulación y en Dish hasta dicen que es uno de los frutos de la reforma a las telecomunicaciones.

La gran pregunta es qué sentido tiene una consulta pública sobre este tema, cuando algunos ya lucran indebidamente con el trabajo de otros sin que exista ningún tipo de reglas, puesto que se está basando en una interpretación que hizo la Cofetel con la ley anterior.

Intenciones

Pueden ser cualquiera las intenciones de Tenedora K que, a través de diversas firmas, se le ha reconocido el 8% de las acciones de la base de mantenimiento de Mexicana de Aviación MRO.

Sus contras tienen todo el derecho a suponer que se trata de una serie de maniobras de este grupo para maximizar su participación o, incluso, para tratar de quedarse con el único activo de Mexicana de Aviación. Se puede, incluso, tratar de tocar la fibra sentimental y decir que son ellos quienes están “dañando” a los ocho mil 500 trabajadores.

Es lógica la posición de acreedores como AICM, GAP, Bancomext y Banorte de querer capitalizar lo único que aún tiene valor y darle viabilidad. De ahí que deseen que se cumpla cabalmente la instrucción que dio la juez Edith Alarcón a Gerardo Badín de preparar el
convenio concursal.

Sin embargo, en una tragedia que lleva más de 38 meses no puede perderse la perspectiva y tratar de reducir todo a un pleito personal o sólo creer que haya una suerte de perversión insana de una de las partes.

Hay dudas que no pasan por este asunto que deben ser resueltas.

Primera. ¿Cuál es el valor real de la base de mantenimiento?

Segunda. ¿Cuánto será la capitalización que harán los acreedores?

Si la base de mantenimiento tiene un valor de 120 millones de dólares y los pasivos superan los 300 millones de dólares hay espacio para una duda razonable que, entre otros, tienen los líderes sindicales.

Tercera. ¿Los trabajadores tendrían que conformarse con repartirse los 120 millones y renunciar a los derechos que les marca la ley y supuestamente son tutelados por la Secretaría del Trabajo que encabeza Alfonso
Navarrete Prida
?

Cuarta. Si hay una diferencia, como parece que será ¿El fideicomiso se comprometerá a cumplirlo? O ¿Se utilizarían fondos del erario?

Los sindicatos han dicho que ellos se oponen al acuerdo porque siguen manteniendo la esperanza de que Mexicana de Aviación podría volver a volar, lo cual es poco más o menos una fantasía.

En esta columna hemos insistido desde hace ya muchos meses que se tiene que dar la quiebra de Mexicana de Aviación y se debe salvar a MRO, pero con un convenio transparente y que no deje dudas.

Caídas

Ayer prácticamente no se realizaron operaciones dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, puesto que nuevamente se les descompuso el sistema.

Más allá de las justificaciones de que sucede en todo el mundo, que las computadoras no tienen palabra y demás la realidad es que se trata de una concatenación de hechos muy graves, puesto que las caídas no sólo se han vuelto reiteradas, sino que además ayer se registró una de las más largas de la historia.

En este caso, como en los anteriores, nadie responderá por las pérdidas que registran los inversionistas, puesto que difícilmente se pueden cuantificar.

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