Codere la tiene difícil en México

El destino de Codere en México está en veremos, pues aunque José Antonio Martínez Sampedro, hijo del fundador de la corporación española de casinos y casas de apuesta, tomó el control de sus operaciones en diciembre asumiendo la presidencia de México, el “achicamiento del negocio” les pegó duro en 2013.

Las operaciones de Codere en nuestro país representan más de 25% de sus ventas consolidadas y como 35 % de generación de EBITDA. Sus ingresos en los primeros nueve meses del año pasado cayeron más de 10% debido al cierre —que argumentan es temporal— de ocho salas de juego o casinos.

Parece poco si considera que con Caliente siguen asociados en  44 salas, de las que Codere posee 67.3% del capital y, con CIE opera con 84.8% del capital un total de 52 salas y el Hipódromo de las Américas, pero tuvieron que salirse de una muy buena que es la del Centro de Convenciones de Banamex.

Codere cerró una sala en Zapopan, Jalisco, argumentando temas de seguridad, otra más en Tuxtla por la regulación local en materia de salud y seguridad y, las otras seis las han cerrado porque han tenido dificultades para obtener las autorizaciones de apertura locales en Monterrey.

Ellos confían que la salida de Beatriz Rangel, quien renunció en septiembre, permitirá salvar la difícil relación que se estableció con algunos personajes locales, pero de entrada, la expansión de nuevos grupos en la industria del juego, regulares e irregulares, es lo que sigue haciendo mella en las operaciones en México.

El tema es que su situación financiera se combina con la aplicación del nuevo ordenamiento de lavado de dinero que tiene costos adicionales de cumplimiento y, la competencia logra abrir inclusive salas de blackjack o de póquer y a ellos les tienen la lupa puesta hasta para el dado.

Por lo pronto, el corporativo está inmerso en un proceso de negociación de su deuda con los fondos que tomaron la deuda bancaria a descuento en 2012, en la que suponen que la familia José Antonio Martínez Sampedro, principal accionista, conservará algo así como 15% del capital del grupo, a cambio de la capitalización de una deuda cercana a los mil 600 millones de euros, que incluye la deuda del grupo en manos de Canyon Capital Finance Sarl y GSO Capital Partners LP, los dos fondos distress que le permitieron evitar el default en agosto, y el préstamo contra patrimonio de los Martínez Sampedro, que tomaron en la Massape Holding a finales de la década pasada.

Se comenta en el medio en México, que si bien la prioridad de Codere es lograr la capitalización de la deuda con los fondos, también es obtener recursos frescos para apuntalar sus operaciones pues tiene 19 mil 200 terminales en las salas donde opera y tiene que modernizarlas y actualizarla so pena que la competencia le siga ganando mercado.

De Fondos a Fondo

El pleito entre Fumisa, que dirige Ruffo Pérez Pliego, y el AICM, que dirige Alfonso Sarabia, irá para largo y muy largo, pues la administración del aeropuerto quiere rentar en directo sus áreas comerciales.

Ayer, como le comenté, convocó a la dirección presentar las cuentas, pues sus abogados insisten en que el interdicto que obtuvo Fumisa del juez Noveno de Distrito en Materia Civil estuvo vigente hasta en tanto se mantuvieron vigentes los contratos entre ambos, y que al vencer éstos el 31 de diciembre, lo harán de forma directa y convencidos de que el cálculo de la TIR que se ha hecho hasta ahora, ha sido una interpretación equivocada de una propuesta de Banobras de finales de los noventa, que nunca se incorporó al contrato original.

Por el otro lado, pareciera que la estrategia del AICM es ir a pleito judicial, aunque tarde lo que sea, pero lo que sí es sorprendente es que en 2013 hayan perdido un término porque presentaron la apelación de forma extemporánea con dos días.

No parecería extraño que en cada revisión de la tasa interna de retorno que se presentó desde 2011 y hasta junio de 2013, haya sucedido aquello de que “dejaron pasar” el término para no impugnarla, porque se puede doblar a un juez, pero difícilmente una controversia perdida.

La última tasa la estará presentando Fumisa al juzgado esta semana y corresponderá a la TIR de julio a diciembre de 2013, se antoja difícil que el cálculo sea mayor a 5.01% que acumulaban a junio.

Mire. Diálogo no hay, porque cuando se iban a sentar con Jaime Daily resulta que fue relevado de la dirección general de  Fumisa y amaneció el aeropuerto con una demanda.

Por lo pronto, el dato que le di ayer se queda corto, pues para Fumisa, los cuatro mil 900 millones de pesos corresponden sólo al valor histórico de lo invertido en la ampliación de la terminal (cuyo mantenimiento y el de los locales corre a cargo de AICM porque le transfieren entre 3% y 8% del valor mensual de la renta para este efecto al aeropuerto) y, la diferencia entre 5.01% acumulado de la TIR y el 12.82%, más lo que le falta al capital a valor presente, ¡asciende a la friolera de 17 mil millones de pesos!

Evidentemente, el litigio será la salida para esta gran polémica, pero uno que acomode mejor. Sin embargo, en esto de las descordinaciones, fíjese que la otra nueva es que la PGR, representando a la SCT que encabeza Gerardo Ruiz Esparza, ayer mismo le argumentó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, que carece de competencia para dirimir la controversia entre Fumisa y AICM o ASA, porque los contratos vigentes entre ambos y la cláusula vigésimo tercera del contrato de arrendamiento del 14 de marzo de 1991, es de carácter civil y compete entender de ellos a los Tribunales Federales de la Ciudad de México, y específicamente, a Juzgados de Distrito en Materia Civil.

Esto en pocas palabras, implica que el MP no le da característica de “bien nacional” a los locales y construcciones del AICM, y le dice al juzgador “que el cumplimiento o terminación del contrato, debe sujetarse al Código Federal de Procedimientos Civiles y ser de jurisdicción exclusiva de los juzgados de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México” (sic).  Algo no checa, ¿no?