Pacto fiscal

La declaración del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el sentido de que en febrero se anunciará un pacto fiscal junto con la iniciativa privada generó cualquier cantidad de especulaciones entre algunos presidentes de organismos y opinadores.

Parecería que muchos no entendieron o prefirieron asustarse ante un anuncio que será precisado a principios del mes próximo.

Algunos interpretaron que el gobierno dará un nuevo “apretón” fiscal o que simple y sencillamente cerrará la posibilidad de ajustar cualquier ajuste a temas como las prestaciones laborales, ISR y algunos otros temas. Es absurdo pensar que el gobierno tomaría acciones que pudieran conculcar los derechos jurídicos que tiene cualquier ciudadano.

Es un hecho que a pesar de las negociaciones que han mantenido líderes de iniciativa privada con las autoridades de la Secretaría de Hacienda, en algunos casos se llegará incluso a la Suprema Corte de la Nación. Es lógico y no debe asustar a nadie, puesto que de ninguna manera se tratará de un pacto fiscal.

Otros pensaron que se trataba de una “tregua”. Algo así como que el gobierno se había arrepentido o que pensaba ir hacia atrás en una reforma que fue aprobada en las últimas semanas del año pasado.

También esta versión es absurda si no que ridícula. Supongamos sin conceder que el gobierno percibiera que cometió un error junto con los legisladores. De ninguna manera anunciaría un pacto para arreglarlo.

Más allá, sería tanto como suponer que en la Secretaría de Hacienda no pensaron en cuál sería su iniciativa hacendaria ni tampoco cuáles serían sus objetivos. Si en algo ha sido claro Videgaray es que tenían clara la situación fiscal del país y con base en ella diseñaron un esquema que ciertamente resulta incómodo para muchos sectores del país, pero que busca liberar recursos a favor del gobierno para impulsar a la economía.

Saben que habría gente molesta, el titular de las finanzas públicas lo ha reconocido en reiteradas ocasiones; sin embargo, también están convencidos de que eso permitirá un mayor crecimiento de la economía.

Anunciar una “tregua” como interpretaron algunos también sería como un reconocimiento de que se les pasó la mano, es decir, nuevamente que no planearon muy bien la iniciativa fiscal. Vamos, suena francamente absurdo que el gobierno públicamente abriera un flanco tan grande de duda.

Sin embargo, esta versión fue ampliamente difundida y obligó a la Secretaría de Hacienda a precisar que no estaba pensando en una tregua o condonación, sino en dar certidumbre de largo plazo a la iniciativa privada.

Hechos

Durante más de 15 años la política fiscal fue particularmente laxa hacia los empresarios buscando un rápido crecimiento de la economía y el fortalecimiento de la clase media.

El gobierno se retrajo voluntariamente de ser un factor en el crecimiento de la economía con resultados que no fueron óptimos desde el punto de vista del resultado, puesto que el país crece aún a tasas muy bajas.

La Reforma Hacendaria aprobada a finales del año pasado implica un cambio en la ruta para tratar de llegar al mismo punto del crecimiento económico, por lo que han surgido cualquier cantidad de dudas entre muchos sectores de la economía.

Así las cosas, se tiene que entender que el gobierno no está dispuesto a cambiar el fondo de la política hacendaria, pero sí a dar certeza de largo plazo sobre el rumbo. Desde la negociación del paquete fiscal dejaron claro que sin mover el objetivo final estaban dispuestos a negociar e incluso eran flexibles en el margen.

El pacto fiscal tiene como objetivo dar certeza de largo plazo. Algo así como asentar las aguas luego del fuerte movimiento que se dio el año pasado. Se busca con este pacto mostrar una visión de largo plazo.

Se trata, como señalamos en la columna de ayer, de una buena maniobra política, puesto que muestra capacidad de negociación política, a pesar de las malas interpretaciones que se han hecho durante los últimos días.

Preponderancia

Existe un cierto sentido de inminencia en las resoluciones que tendrá que hacer el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre los procesos de preponderancia y dominancia de América Móvil (Teléfonos de México y Telcel) y Televisa.

Sin embargo, sólo hay una fecha cierta. El plazo para tenerlos listos es el 9 de marzo, de acuerdo con lo aprobado en la reforma constitucional a las telecomunicaciones.

Es clara la maniobra de América Móvil para incidir en la regulación o, como dirían algunos, hacer que el IFT decida lo que ellos desean.

La realidad es que el margen de maniobra para tomar una decisión que vaya en contra de la posición del gobierno en sus líneas generales de generar una mayor y mejor competencia a favor de la mayoría de las personas o en contra de la propia reforma es cada vez más escasa.

Sería una verdadera sorpresa que las empresas preponderantes pudieran mantener su posición de privilegio o evadir una regulación de dominancia que les hiciera cambiar radicalmente su esquema.

Sin embargo, la posibilidad existe y es necesario que las autoridades tengan una gran claridad en torno a que simple y sencillamente no hay margen de error.

Cambio

La Canaero, que ha atravesado una gran cantidad de tensiones internas, anunció que Andrés Conesa termina su periodo como presidente de esta cámara y su lugar será ocupado por una de las personas que mejor conoce el sector aeronáutico y sus necesidades.

Se trata de Fernando Flores, director general de Aeromar, quien independientemente de esta posición goza de un gran prestigio al interior del gremio y una gran capacidad de negociación con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Es fácil prever que habrá un cambio en la posición de esta cámara con respecto a una gran cantidad de temas y que no sólo se repartirán de una mejor manera los slots en las grandes terminales aeroportuarias, sino que también serán más tomadas en cuenta las voces de todas las empresas sin importar su tamaño.