Y… ¿habrán aprendido?

MÉRIDA.— Se comenta en el sector de telecomunicaciones y medios, que cuando el IFT, que preside Gabriel Contreras, notificó a América Móvil de Daniel Hajj y a Televisa de Emilio Azcárraga, el proceso para determinar su respectiva preponderancia, dada la autonomía constitucional del organismo, no tomó en cuenta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Gerardo Ruiz Esparza, ni tampoco, por cortesía si quiere, se lo informó al subsecretario Ignacio Peralta.

De hecho, el inicio del proceso a principios de diciembre le tomó por sorpresa a todos porque apenas estaba definienda la legislación específica en materia de preponderancias y de reglas asimétricas, y habiendo incumplido el Congreso la fecha para aprobarla (9 de diciembre), se percibía como posible el ajuste de las fechas mediante la inclusión del nuevo calendario en los transitorios de las leyes secundarias, algo que ha ocurrido en otros momentos en reformas constitucionales y la jurisprudencia indica que si no hay cambio de fondo en el espíritu de la reforma propuesta a la Constitución, la fecha puede cambiarse porque es “accesoria” y no determinante de la misma.

Pero como los comisionados y su pleno estaban disfrutando las mieles de la autonomía, definieron sus calendarios y procesos autónomamente, pues los transitorios de la reforma constitucional establecían el plazo de 180 días a partir de su constitución para definir preponderantes y aplicarles reglas asimétricas.

Por lo pronto, el titular de SCT, como si no tuviera nada que hacer, ahora está cabildeando fuerte para que el Congreso modifique ese plazo, que vence el 9 de marzo, para resolver la preponderancia y aplicar las medidas de asimetría que le fueron comunicados a los dos grupos empresariales, incluyendo la desagregación de la red, los temas de la gratuidad, etcétera.

Ahora, los “puristas” y ya sabe que en sector abundan tanto como los que “saben mucho”, argumentan que se violaría la Constitución si se mueven los plazos, pero en realidad, el ordenamiento ya lo violó el propio Congreso al no haber discutido y aprobado los (ahora sabemos que son 11) ordenamientos legales que dan forma cierta y clara a los agentes económicos y reguladores, en la industria de telecomunicación y medios.

De ahí que se pida recorrer fechas que en un país de reformas, no pueden resultar “fatales”. En México se puede hacer el cambio solicitado, si por acuerdo de los grupos parlamentarios se propone a consideración del pleno un nuevo calendario. Dado que el pleno es la autoridad máxima en cada cámara, lo votará para fines de reformar únicamente los calendarios.

Hoy el tema podría ser retomado en la IV Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PRI, que encabeza el senador Emilio Gamboa, pues no hay duda de que este partido presidido por César Camacho, desde todas las posiciones de poder ganadas en la elección federal y las estatales, ha acompañado y está dispuesto a asegurar, que los cambios propuestos sean “ejecutables”.

Hoy estará Ruiz Esparza en la mesa de análisis sobre telecomunicaciones e infraestructura, y evidentemente, será importante explicar el desfase de la temporalidad (que parte de la ausencia de Ley Orgánica de la Reforma) tiene para que el establecimiento de las preponderancias de ambas empresas asegure que se apliquen procedimientos adecuados, que no impliquen equivocaciones fatales tanto de legales como de ejecución.

En México no se quiere partir empresas, sino lograr condiciones adecuadas para que éstas compitan, pero la competencia, más que amarras, necesita un marco regulatorio transparente y predecible para que impulse la inversión y la innovación en México. Al menos el principal diagnóstico negativo del sector es ese.

Por último. ¿Usted cree que aprendieron la lección?

De Fondos a Fondo

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, encabezará la mesa de análisis sobre política económica y será un momento clave con los senadores para explicar los cambios misceláneos que se realizaron el 28 de diciembre a la reforma aprobada y, la intención de firma del Pacto Fiscal para dotar de certidumbre al sector privado.

Le comento. Este Pacto no es un invento sacado de la manga ni la pretensión de renunciar a la facultad que tiene la SHCP de proponer al Legislativo la forma y los medios para efectuar la recaudación fiscal, pero tanto el CCE, que preside Gerardo Gutiérrez Candiani, como la Concamin, que encabeza Francisco Funtanet, han externado la petición del sector privado de que deje de modificarse la regla fiscal cada año y, si ahora se ha realizado un ajuste importante, se mantenga para dotar de estabilidad y certeza a la inversión.

Para algunos resultó un galimatías, y la división que se observa de parte de personeros, no deben olvidar que algunas de las decisiones fiscales que extendieron la tasa del IEPS hacia industrias que en principio no estaban consideradas como productora de alimentos precursores de diabetes y obesidad, acabaron en el mismo barco por la división. El Pacto Fiscal además es posible, porque se incorporó en la reforma presupuestal un programa de tres años que incluye la reducción gradual del déficit, reducción de deuda y aumento de ingreso fiscal.

Por último, la ley permite al Ejecutivo por decreto eliminar algunos de los gravámenes en sectores específicos, por lo que si alguno muestra signos de deterioro, no dude que habría cambios, pues en esta parte al menos, la administración no quiere darse un balazo en el pie izquierdo.