Todos contra todos

Qué buenos salieron todos para decirle al Instituto Federal de Telecomunicaciones qué y cuándo lo debe hacer.

Primero fue la descalificación que hizo Gerardo Ruiz Esparza de este instituto autónomo, pidiéndole a los legisladores del PRI y Partido Verde que modificaran la fecha para que el IFT cumpliera con las obligaciones que le marca la Constitución.

Lo que pidió fue una barbaridad, puesto que los legisladores hubieran tenido que hacer una reforma constitucional que reformara lo que ellos mismos habían aprobado hace unos meses.

Y la respuesta llegó inmediatamente tanto del instituto que encabeza Gabriel Contreras, de los legisladores en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y de los propios participantes en el sector.

El presidente del IFT rápidamente mandó decir que ellos no pidieron ningún plazo adicional y que no contemplan ningún retraso.

Si fueran imprudentes hubieran descalificado abiertamente al titular de la SCT o se hubieran puesto a emitir opiniones sobre la forma en que se manejan los puertos y los aeropuertos en el país.

El senador Zoé Robledo Aburto presentó un punto de acuerdo en el cual se establece que “exhortar al Instituto Federal de las Telecomunicaciones a fin de que, en el ámbito de sus facultades, intervenga para hacer cumplir las condiciones establecidas por el Constituyente Permanente en el transitorio octavo, fracción 1, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos sexto, séptimo, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones y en este tenor de ideas proceda a resolver de manera prioritaria la preponderancia de agentes económicos en el mercado de las telecomunicaciones involucrados directa o indirectamente en la retransmisión de señales radiodifundidas”.

Prácticamente nadie defendió la intención de Ruiz Esparza, puesto que se ve como una pésima señal para el mercado que no se respete la autonomía de un organismo.

Dedos flamígeros

Antes de repartir más opiniones sobre lo que deberían hacer los demás y cuándo, sería bueno que los funcionarios públicos y legisladores antes de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, deberían ponerse a hacer el trabajo que a ellos les corresponde.

La SCT no ha cumplido con su obligación constitucional de entregar a los legisladores su propuesta de regulación secundaria al sector de las telecomunicaciones, que debió haber sido aprobada por el Congreso de la Unión a más tardar el 9 de diciembre.

Cuando realizó sus infortunadas declaraciones sobre las capacidades del IFT y les recomendó qué deberían hacer los legisladores del PRI y PVEM, también dijo que ya tienen un borrador preliminar de esta legislación secundaria.

La SCT no puede apelar a una gran carga de trabajo legislativo, que fue el pretexto que usaron diputados y senadores. Se creía que la propuesta de legislación secundaria ya la habían entregado al Pacto por México y que los políticos la guardaron. Según lo declarado por Ruiz Esparza, a casi dos meses de distancia del plazo constitucional no ha terminado su trabajo.

Los legisladores tampoco han cumplido con el trabajo de tener esas leyes listas y ni siquiera han emitido algún extrañamiento a la SCT por no presentar su recomendación, lo que fortalece a quienes creen que no es tanto problema de la dependencia federal, sino de los políticos. En el menos malo de los casos se trata de ver quiénes tienen mayor porcentaje de la culpa.

Defensa

Quienes tratan de justificar al titular de la SCT dicen que se trata de una preocupación legítima, puesto que las resoluciones que tomará el IFT no tendrán suficiente solidez jurídica y técnica si no cuentan con el andamiaje de las leyes secundarias.

Así, dicen, la resolución sería débil, jurídicamente rebatible, o simple y sencillamente no tendría el alcance deseado.

Supongamos sin conceder, y por un momento, que tiene razón. Eso está total y absolutamente fuera del alcance del IFT, puesto que su obligación es cumplir con su mandato con las herramientas jurídicas que hoy se tienen.

Si, como temen algunos, la resolución de preponderancia es chafa, habrá quienes nuevamente usen su dedo flamígero para repartir culpas; sin embargo, la situación no cambia.

Los únicos responsables de lo que está pasando son los del Pacto por México, que propusieron plazos de fantasía; los legisladores que los aprobaron y que no cumplieron con la Constitución, así como los servidores públicos que no han terminado su tarea.

Hasta hoy el IFT tiene el beneficio de la duda, puesto que a ellos aún no se les han vencido los plazos y aseguran que lo van a cumplir.

Disputa

Los miembros de la Asociación de Bancos de México, encabezados por Javier Arrigunaga, no toman seriamente a la Condusef y no han logrado establecer buenos puentes de comunicación con Mario di Costanzo.

Quizá los banqueros estaban acostumbrados a que cadáveres políticos como Luis Pazos navegaran en esta comisión o, tal vez, no han comprendido que la nueva administración está decidida a ejercer totalmente sus facultades.

En privado, algunos banqueros se quejan tanto de la metodología como de las formas en las cuales la Condusef realiza su trabajo, puesto que están convencidos de que los anuncios que hacen tienen más que ver con una visión particular de las cosas y no con la realidad del sector.

El estudio en el cual la Condusef acusa a los bancos de prácticas ilegales, como tener registrados ante la autoridad contratos diferentes a los que entregan a sus clientes, no ha merecido ninguna opinión pública; sin embargo, algunos consideran que las diferencias podrían resolverse sentándose a comparar metodologías.

Lo cierto es que bancos y Condusef tienen un objetivo común: aumentar la educación financiera de los usuarios de servicios financieros y que las decisiones se tomen de una manera informada.

Los bancos no están en el negocio de tranzar a los clientes, sino de realizar relaciones de largo plazo con ellos, puesto que eso fortalece su negocio. Si alguien cree lo contrario, no sabe nada del sector bancario.