Riesgo de escisión del CCE por el Pacto Fiscal; SHCP rechaza cláusula de modificación

A la fecha el Consejo Coordinador Empresarial se encuentra dividido en las opiniones de sus 12 agremiados con respecto a la posibilidad de firmar un pacto fiscal con la Secretaría de Hacienda, como lo adelantara desde Davos hace unas semanas el titular de esa dependencia.

Gerardo Gutiérrez Candiani ha manifestado al interior de llamada “cúpula de cúpulas” su disposición a sacar el tema, dado que considera conveniente mantener la buena relación con la instancia que comanda Luis Videgaray. Lo que no menos se quiere es una confrontación.

Pero abiertamente la Coparmex de Juan Pablo Castañón, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios de Claudio X. González y la ANTAD de Vicente Yáñez expresan la “no utilidad” para sus sectores firmar el pacto, denominado oficialmente “Acuerdo de Certidumbre Hacendaría”.

El resto opina lo contrario: un grupo claramente iniciado por la Concamin de Francisco Funtanet desde el 10 de febrero, y secundado por el Consejo Nacional Agropecuario de Benjamín Grayeb, la Canacintra de Rodrigo Alpízar y la Concanaco de Jorge Dávila Flores.

El resto de los socios no se han manifestado de forma pública, aunque extraoficialmente apoyan el acuerdo. Apunte a la ABM de Javier Arrigunaga, la AMIS de Fernando Solís, la AMIB de José Méndez Fabré, el Comce de Valentín Díez y Canaco, Ciudad de México, de Ricardo Navarro.

Buscando la conciliación, Gutiérrez Candiani planteó a la SHCP un esquema similar al del pacto, pero con nombre distinto. Algo así como “Consejo Consultivo para la Competitividad Fiscal”, que el líder del CCE ha dicho a sus agremiados que las huestes de Videgaray no ven mal.

Sin embargo, los que sí manifestaron sus reservas al líder empresarial cuando escucharon de su boca la posibilidad de empujar esa nueva figura fueron algunos consejeros del CCE.

Hasta la fecha se han revisado borradores del posible Pacto. Sólo hay una cláusula donde existe discrepancia de las cinco que la SHCP e iniciativa privada están analizando. Es la referente a “excepciones para realizar modificaciones a las disposiciones tributarias”.

Esta cláusula busca realizar una serie de análisis económicos con cierta frecuencia que permitan conocer el impacto de las disposiciones tributarias. Dicho de otra forma, saber si realmente los nuevos impuestos e incrementos a los mismos fueron los correctos y la recaudación la esperada.

Este apartado no gustó absolutamente nada a los pupilos de Videgaray.

El pronóstico es reservado, toda vez que si el CCE no tiene el consenso de sus miembros para los siguientes días y no se firma el Pacto, por estatutos la “cúpula de cúpulas” del sector privado no podrá manifestarse y estará obligado a dejar libres a sus miembros.

Estos procederían como mejor les convenga. Y se estaría ante el peor escenario para Gutiérrez Candiani, porque sabe que los organismos simpatizantes con el Pacto tienen la cercanía y la interlocución suficiente con la SHCP para firmar de inmediato.

Si se diera ese escenario estaríamos ante una clara escisión del Consejo Coordinador Empresarial.

Tras los fulles

Otra espada de Damocles para el sector privado es la que tiene que ver con la NOM de Pesos y Dimensiones para los camiones de carga. Ayer la Comisión de Transporte aprobó el dictamen que modifica algunos aspectos. El acento estuvo particularmente en el artículo 50 párrafo tres. Disminuye a 50 kilómetros desde los 150 en que estaba previamente y con la posibilidad de reducirlo a 25 o más. Esto querría decir que fábricas que no estén conectadas a carreteras de alta especificación, denominadas ET o autopistas, solo podrán recorrer máximo 75 kilómetros en otras carreteras y el resto del camino tendrán que desenganchar sus dobles remolques y convertirlos en sencillos, con el consecuente costo de un tractor y un chofer más. Asimismo, hace corresponsables a las empresas contratantes de la carga, esto es para aquellas que contratan terceros. Esta disposición impactaría a empresas como Modelo de Ricardo Tadeu o Peñoles de Alberto Baillères, que no tienen flota y contratan a terceros, pero afectará a todos los socios de la Asociación Nacional de Transporte Privado, pues casi todas las empresas no son autosuficientes y tienen que  subcontratar hasta 40% de su producción. Se cree que esto es solo el inicio para ir por la disminución del peso de la norma 012. Se dice que hay coincidencia entre la SCT, de Gerardo Ruiz Esparza, y la Comisión de Transporte, para restringir a los camiones de carga doble articulado o fulles, además de que lo podrán hacer en el próximo proceso del diseño de la nueva norma que estará a cargo del Comité Consultivo de Normalización del Autotransporte Terrestre, que preside el subsecretario de Transporte, Carlos Almada, y que opera eficientemente Federico Domínguez, director general de Autotransporte Federal.

Críticas en GAP

Como le adelanté, ayer hubo consejo en Grupo Aeroportuario Pacífico (GAP) y trascendió que varios consejeros independientes pusieron sobre la mesa las irregularidades en las acciones llevadas a cabo por los abogados del operador que dirige Fernando Bosque y preside Eduardo Sánchez Navarro para evitar la celebración de la asamblea de accionistas de las serie “B”convocada judicialmente el pasado 3 de diciembre, y anular los acuerdos adoptados en dicha asamblea en la que participaron José Antonio Cerda y Alejandro Martínez por la Bolsa Mexicana de Valores y Rafael Colado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los cuestionamientos son por la violación a los derechos de la mayoría de los asociados de la emisora, sólo por beneficiar al grupo de control y al presidente del consejo, quienes serían los beneficiados con los más de 50 millones de dólares por la renovación del CATTT durante los próximos cinco años.

Walmart complica

Pues nada, que la venta de los restaurantes de Walmart se complicó y existe el riesgo de que se pueda venir abajo. Resulta que aparentemente la cadena presidida por Scot Rank no informó debidamente a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) la real situación de participación de mercado e ingresos de algunos establecimientos. Esto llevó al organismo antimonopolios que encabeza Alejandro Palacios a requerirle a Walmart la información faltante, situación que se trató de subsanar ayer mismo. Hay cierto malestar por el proceder de la cadena y la Cofece se va tomar hasta el día límite para emitir su resolución. Hablamos del 7 de marzo. Los más afectados son los de Alsea, de Alberto y Cosme Torrado, que no pueden cerrar la operación.