Gafi: séptima revisión, ¡con estrellita!

¡Le quitaron a México el grillete electrónico virtual en materia de lavado de dinero y combate al terrorismo en el Grupo de Acción Financiera (Gafi)! Este organismo fue creado en 1989 para establecer sistemas globales de monitoreo, para prevenir el uso del sistema financiero y la estructura empresarial formal para lavar dinero.

Después de un largo proceso que tardó cinco años, esta administración concluye el trabajo permanente en revisión de leyes y fortalecimiento de mecanismos de prevención y supervisión, que llevó siete revisiones desde 2000, cuando México se adhiere formalmente tras la presión que suscitó la crisis financiera y el escándalo Casa Blanca.

El peor momento fue en 2008, cuando se encendieron las alertas rojas y hasta moradas porque el Gafi estuvo a punto de mandarnos al banquillo de los paraísos fiscales, al señalar que de las 44 recomendaciones estábamos en menos de la mitad en cumplimiento. El resto era incumplimiento o cumplimiento parcial. El que hoy anuncien que México sale de la lista de observados, quiere decir que se hace un reconocimiento pleno al cambio realizado en últimos cinco años.

Esto no implica que en México no se lave dinero, esto no lo puede garantizar nadie, pero sí se reconoce que cuenta con los sistemas de control para prevenirlo, identificarlo, investigarlo, sancionar y castigar a quien resulte responsable de Lavado de Dinero (LDD) y Financiar al Terrorismo (FAT).

En 2008, cuando estalla la crisis por el reporte Gafi, estaba en Hacienda el hoy gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y para hacer frente a la crisis que representó, se apoyó en Luis Urrutia Corral, quien desde la Unidad de Inteligencia Financiera (Uifi), donde estuvo de 2009 a 2011, llegó a encabezar el grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, alcanzar la vicepresidencia de Gafi y la vicepresidencia de Gafisud.

Este tema se consideró prioritario en la administración del presidente Enrique Peña y de  hecho, en el último año, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, le pidió directamente al Senado y a la Cámara de Diputados su apoyo para que se reformaran legales faltantes, pues eso y la intervención de los equipos del subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, y al procurador fiscal, Javier Laynez, y también del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, permitió que por primera vez el Gafi reportara que tras la revisión efectuada en febrero (la séptima), retiraba al país del “proceso regular de seguimiento”.

El Gafi dice que las medidas clave por las que sacó a México de la lista de cumplimiento parcial e incumplimiento son: la reforma al Código Penal Federal y otras leyes y regulaciones que hoy sancionan severamente a quienes laven dinero o financien actividades terroristas, marco legal que hoy cumple plenamente con las recomendaciones Gafi.

Destaca también el que se instrumentaron todos los compromisos obligatorios en materia de supervisión financiera y requerimientos de identificación del cliente para las instituciones financieras, no sólo los bancos, además de que se incorporó al régimen de control de lavado de dinero y combate al terrorismo (AML/CFT por sus siglas en inglés) de todos los rubros de negocios y de profesionales que se consideran en el mundo con riesgo de ser utilizados por el crimen para efectuar el lavado de dinero, lo que se acompañó de una mayor efectividad en el sistema de justicia.

Para contrastar y subrayar el logro de esta séptima revisión que se inició con el convenio de cumplimiento establecido en 2009, nuestro vecino, Estados Unidos tampoco pasó el reporte de 2006, pero desde entonces no se ha sujetado a otra revisión y la que le sigue se realizará en 2015, con resultados publicados para 2016, esto es, tiene cumplimiento parcial en algunos de los procesos que en nuestro caso han sido superados.

De ahí la importancia de la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, y la conversación con Videgaray y el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, porque tener por objetivo el que ambos países trabajen de manera armónica y cooperativa en la integración e integridad de sus sistemas financieros parte de una relación que, al menos en el marco institucional, parece tener mayor fortaleza en México.

De Fondos a Fondo

La Bloomberg Economic Summit 2014, que inaugura hoy el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, junto con el CEO Global de Bloomberg, Dan Doctoroff, se realizó en el día más oportuno para levantar la noticia en materia de Energía.

Un día después de un desangelado 18 de marzo, en el que ni anuncios ni paquete de reformas energéticas fueron comentados y, un día antes de que Pemex, que dirige Emilio Lozoya, presente su Ronda Cero. Entre las participaciones más esperadas están también la del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, pues esta Summit implica la posibilidad de que le llegue a las más de 315 mil terminales conectadas en tiempo real anyware difundiendo el inicio de la apertura petrolera en México. No cabe duda de que saben buscar la noticia en tiempo real.

Los recientes cambios en la Ley del Mercado de Valores y en especial los que construyen el marco jurídico del que carecían los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) y a las Fibras (se fortalece el gobierno corporativo y la transparencia de información, balance y llamadas de capital), comienza a rendir frutos, porque la inversión de capital de riesgo será más transparente.

Un ejemplo es PineBridge Investments, que dirige Alejandro Rodríguez, y quien colocó CKD1 en 2012, especializado en fondos de capital privado. Hoy está asumiendo compromisos de inversión por 209 millones de dólares en cinco fondos: Real Infrastructure Fund (México), Ventura Capital Privado, Alsis Mexico Housing Opportunities Fund Offshore, Alta Growth Capital Mexico Fund II y Latin Idea Mexico Venture Capital Fund III.

Lo interesante es que los fondos señalados, dan acceso a los inversionistas institucionales a diez empresas mexicanas subyacentes con proyectos en diversos sectores que incluyen: telecomunicaciones, logística, comercio electrónico, comida rápida, vivienda y  animación que se encuentran en México, y que cumplen con los estándares de un administrador de activos global como PineBridge.