David Páramo

Análisis superior

David Páramo

1 Abr, 2014

Desenmascarado

Ayer publicamos en esta columna que una de las razones por las cuales Javier Corral tenía un odio irracional y menos documentado en contra de Televisa y Televisión Azteca (que le ha llevado a decir que el duopolio de la televisión se opone a la Reforma a las Telecomunicaciones o que las leyes secundarias son la Ley Televisa 2) era porque la empresa de Emilio Azcárraga le estaba cobrando judicialmente una deuda que dejó pendiente cuando tenía la ilusión de ser gobernador de Chihuahua.

Ante una serie de acusaciones que calificó Televisa como denostación en contra de diversos actores e instituciones, y en particular en contra de ellos con descalificaciones y adjetivos, enviaron una carta al programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva (donde Corral profirió, como en otros foros, sus opiniones) que debe ser retomada porque ilustra lo que, por lo menos, es un conflicto de interés por parte del legislador.

Dice la carta:

El senador Corral intenta confundir a la audiencia, pero sus críticas carecen de objetividad, en tanto que en ellas influye un conflicto de interés que él no menciona, aunque debería hacerlo, el cual deriva de un adeudo con Televisa por la contratación de servicios (spots publicitarios) que a lo largo de una década se ha negado a solventar.

“En 2005, luego de gestiones infructuosas para cobrar el adeudo por el senador Corral, Televisa se vio en la necesidad de demandarlo ante el juzgado cuarto civil en el estado de Chihuahua. La demanda se radicó bajo el expediente 941/05 y en mayo de 2007, como resultado del proceso, se dictó sentencia en su contra indicándole pagar el monto total más los intereses, gasto y costas del juicio acumulados.

“Acto seguido, apeló ante la cuarta sala civil del supremo tribunal de justicia de aquel estado, bajo el expediente 335/07. Argucias legales como declarar falsamente que él no era el deudor en lo personal, permitieron a Corral prolongar el litigio hasta que fue declarado deudor moroso por el segundo tribunal federal colegiado de circuito con sede en Chihuahua.

“El Poder Judicial de Chihuahua y el Poder Judicial Federal han ordenado el pago de los servicios que solicitó y que no ha pagado. El pasado 8 de enero de 2014, el juez cuarto de lo civil ordenó el remate de un bien del senador Corral para garantizar el pago del adeudo.”

Al final de la misiva, la televisora exige al senador que informe sobre este juicio, que responda por qué trató de decir que él no era el deudor o por qué no ha cumplido las reiteradas promesas de pago que ha hecho.

Corral encabeza un grupo que es ridículo hasta por el nombre. Se quieren hacer ver como si fueran los 132, porque son 131 más Mony Sacha de Swaan que intenta hacer un frente en contra de la iniciativa.

Ayer mismo le informaba sobre la poco justificable alianza con Cuauhtémoc Cárdenas, que tratan de hacer vender como una mesa que estableció el PAN y se ha sumado el PRD.

De entrada, Corral no representa la posición de todo su partido político. Luego del resbalón inicial Acción Nacional ha iniciado un proceso de reflexión y análisis antes de descalificar la reforma en la que mucho tendrán que ver los foros que se realizarán del 2 al 4 de abril.

En las antípodas está el legislador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Telecomunicaciones del Senado de la República, que considera como positiva la iniciativa.

En el peor de los casos ninguno de los dos puede abrogarse la posición de su partido; sin embargo, uno tiene un evidente conflicto de interés, mientras que el otro lo hace con base en un análisis y conocimiento profundo del sector.

Sin embargo, este ridículo grupo está integrado por una caterva de individuos de muy dudosa reputación. Por lo menos a los del 132 se les podría calificar de imberbes o bisoños.

Algunos de los que se han sumado a la vergonzante alianza Corral/Cárdenas junior son toda una fauna. Lo mismo reprobados del examen para ser comisionados del Instituto Federal de las Telecomunicaciones y que trabajan en AMEDI. Dicen que la Universidad Iberoamericana, cuando en realidad parecería que sólo es Irene Levy, quien se vende como representante de la sociedad civil, cuando ha sido financiada por una de las empresas preponderantes y cobraba en la Cofetel cuando era presidida por Mony Sacha.

Todos los que están en la lista de denostación y descalificaciones a las leyes secundarias lo hacen prácticamente sin ningún argumento. Ven una conspiración de las televisoras abiertas e ignoran las acciones jurídicamente válidas que toman grupos como Carso e Inbursa para tratar de evadir la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Curiosamente estas acciones van en contra de la Reforma Constitucional, al calificarla como de imposible aplicación y no merecen ninguna recriminación por parte de los iluminados del rencor. Lo que no suena lógico, suena metálico.

Seamos claros, el paquete de leyes secundarias impulsado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, va en el sentido correcto. Ciertamente no es perfecta, por lo que requiere un trabajo serio y disciplinado por parte de los legisladores.

Una vez más se debe hacer un llamado para acabar con los mitos y mentiras que hay en torno a la reforma. Los debates, como los que usualmente se dan en las redes sociales, que en la mayoría parten de mentiras.

Resolución

Un gran debate de cara a la Convención Bancaria que se realizará este fin de semana en el puerto de Acapulco será determinar cómo encontrar el balance entre la solidez del sistema financiero y su escasa penetración.

Se trata de una paradoja no fácil de resolver si se considera cuál es el interés superior.

En la Secretaría de Hacienda se considera, por ejemplo, que se trata de actividades simultáneas y, por lo tanto, con igual grado de relevancia; los bancos, quizá construidos a partir de muchos años de crisis, es que primero está la protección de los depositantes sobre la competencia.

Este debate debe darse de una manera muy seria, incluso antes de que la Cofece termine su estudio sobre competencia en el sector.

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