Debate por el apagón

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que concentrarse en dar más y mejores explicaciones sobre un programa que es mucho más grande que el apagón analógico, puesto que también implica disminuir la brecha digital.

La dependencia encabezada por Gerardo Ruiz Esparza tomó la decisión de vincular la transición a la Televisión Digital Terreste y lograr una mayor penetración de internet convirtiéndolos en un programa gubernamental que dará 13.8 millones de televisiones digitales a la gente que menos tiene.

Será la primera vez en la historia que un gobierno no entregará, ya sea con bonos o directamente, decodificadores a lo sectores menos protegidos. Esto ha llamado mucho la atención entre una gran cantidad de analistas, puesto que se ve como una inversión muy elevada con cargo al erario.

En contra de este argumento, la SCT ha dicho que los decodificadores no permiten ver la televisión con calidad digital, sólo reciben la señal. Además no le permiten a las personas tener acceso a internet, como sí sucede con las televisiones de la más reciente generación y que serán compradas por el gobierno federal. De hecho, en estos momentos se realiza un muy importante esfuerzo para conseguir las mejores condiciones económicas.

Los que no están de acuerdo con el programa dicen que hubiera sido más barato dar decodificadores y tablets. Hasta el momento nadie ha podido demostrar con cotizaciones, pero sí sería un hecho que tendrían que ser dos programas en lugar de uno solo.

Otra de las críticas se concentra en decir que se trata de un programa que busca dar mayor audiencia y, por lo tanto, subir el precio de las concesiones de televisión abierta que podrían integrar una o dos cadenas abiertas.

En este punto habría que determinar que el gobierno plantea usar la red de la Comisión Federal de Electricidad para llevar internet a estos hogares y, de paso, distribuir los programas gubernamentales en materia de salud, educación y en general cualquier tipo de avisos de interés público.

A algunos les llama la atención que el gobierno no utilice la banda de 700 MHz, la cual está prácticamente vacía. En los países en los que se entregaron decodificadores fue limpiar esta banda y en México no hay intentos de licitarla.

Lo cierto es que si se analiza únicamente el llamado apagón analógico podría haber espacio para la duda e incluso la sospecha, sobre la manera en la cual se están empleando los fondos públicos; sin embargo, se tiene que realizar un análisis completo sobre la unión de dos de los programas más importantes para la SCT en este sexenio.

Sea como sea, el equipo de Ruiz Esparza debe ser mucho más enfático en determinar no sólo las razones, sino los beneficios para la población de esta apuesta en materia de telecomunicaciones.

Final

Banamex-Citigroup, presidido en México por Javier Arrigunaga, operó de una manera correcta el asunto de Oceanografía.

Primero. Ninguna institución financiera con millones de operaciones diarias y decenas de miles de empleados está exenta de un fraude, por más controles que pueda poner. El riesgo reputacional es una constante en este giro de trabajo.

Segundo. Este grupo financiero inició una investigación sobre su cliente Oceanografía, ante denuncias sobre temas similares que implicaron suspensiones de la Auditoría Superior de la Federación. A partir de ahí determinaron que había contratos falsos y lo hicieron del conocimiento de la autoridad que derivaron en denuncias penales y la intervención gubernamental por parte del SAE.

Tercero. Realizaron una muy profunda investigación interna que derivó no sólo en el fortalecimiento de sus controles, sino sanciones directas en contra de algunos empleados, las cuales no les exime de las investigaciones penales que se llevan.

Cuarto. Banamex ha llegado al momento de darle la vuelta a la tortilla y recuperar la normalidad. No debe olvidarse que algunos, amantes de lo políticamente correcto, aseguraron que Arrigunaga debió haber dejado la presidencia de la Asociación de Bancos de México por el riesgo moral, cuando se trató de un asunto verdaderamente puntual que ha sido totalmente cerrado.

Quizá estos individuos deberían poner sus barbas a remojar, puesto que no vaya siendo que caigan en un problema o que las dificultades entre los accionistas pudieran hacer intolerable la disputa entre el presidente del consejo de administración y el director general, quienes hace muchísimo tiempo dejaron de tener una relación de empleado a jefe o de maestro y alumno.

Defensa

Cualquier decisión que tome Felipe Consuelo está marcada por la sombra de la duda.

Quienes lo tratan de defender aseguran que lo que está haciendo en el caso de Oceanografía es apegado a la ley y que se trata de una verdadera maravilla para los acreedores y el programa de saneamiento.

Sin embargo, la inmensa mayoría de las decisiones que tomó este juez cuando era el responsable del concurso mercantil de Mexicana de Aviación eran sumamente dudosas, puesto que aceptaba inversionistas sin dinero o perdiendo la imparcialidad que es obligación en un impartidor de justicia. Fue removido por el Consejo de la Judicatura y reapareció sin que su nombre fuera lavado por quienes deben proteger la ética de los jueces o se explicaran que cumplió su castigo.

La reputación de Consuelo no es un invento, es el resultado de sus acciones y cómo fueron valoradas tanto por acreedores de Mexicana de Aviación como del Consejo de la Judicatura.

Lo mejor que le puede pasar a Oceanografía y sus acreedores es que Consuelo sea removido, ya que todas sus decisiones están viciadas por la duda.

Enciclomedia

Ricardo Orrantia Cantú, quien está siendo investigado por la Procuraduría General de la República y el Servicio de Administración Tributaria, por su vinculación con los fraudes a través del programa Enciclomedia, trata de hacer creer que tiene negociado (cualquier cosa que eso sea) el asunto y derivarlo hacia el tema totalmente empresarial.

Sin embargo, la realidad es que este hombre tiene pocas posibilidades de salir bien librado, puesto que se trata de investigaciones sumamente robustas sobre uno de los más grandes fraudes cometidos durante el lamentable gobierno de Vicente Fox Quesada.