Apagón analógico, sí se requiere cobertura de 90%

Aunque el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, defiende la entrega de televisores a las familias beneficiarias de los programas sociales de la Sedesol, se incrementan las críticas no sólo por las implicaciones políticas porque el gobierno federal regale 13.8 millones de televisores digitales sino por el retraso en el calendario del apagón de la señal analógica.

De acuerdo con la SCT pese al retraso sí será factible cumplir con la fecha establecida en la Constitución para el apagón analógico en diciembre de 2015.

Sin embargo, en el programa de trabajo de la política de transición a la Televisión Digital Terreste que publicó ya la SCT en el Diario Oficial el pasado martes, se establecen las fechas para el inicio de la entrega de los televisores, pero la SCT no menciona ni una sola fecha pare el apagón analógico ni siquiera en los 17 municipios de Nuevo León y Tamaulipas que forman parte del programa piloto que supuestamente arrancará en este mismo mes.

Desde luego, la fecha del 31 de diciembre es sui generis porque no hay ninguna sanción ni para el IFT, que es el que tiene que autorizar el apagón en cada ciudad ni mucho menos para Ruiz Esparza. Hay que recordar que los legisladores también establecieron en la Constitución que el pasado 9 de diciembre tendría que estar aprobada la legislación secundaria de la Reforma de Telecomunicaciones y sigue sin ni siquiera ser dictaminada en el Congreso.

Tampoco hay certidumbre sobre qué pasará con los hogares que no sean beneficiarios de la Sedesol y que no tengan un televisor digital.

Para el IFT se debe mantener el criterio establecido por la otrora Cofetel de garantizar que haya una cobertura de 90% de la señal digital antes del apagón analógico mientras que para el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta, el apagón se podrá realizar cuando se hayan entregado los televisores en cada hogar donde habiten beneficiarios de Sedesol, independientemente de si viven ahí una o más familias.

Lo interesante es que Ruiz Esparza aseguró que sí se respetará el requisito de 90% de cobertura y aunque no habrá subsidios federales más que para los beneficiarios de Sedesol, sí intervendrá el gobierno para que se vendan al público los televisores digital les con acceso a internet a un precio bajo.

El IFT tendrá así que determinar el mecanismo para verificar que 90% de la población tiene ya garantizada la cobertura digital, y después de la amarga experiencia de Tijuana y Rosarito, la SCT tendrá que coordinarse con los gobiernos estatales y municipales y establecer una oficina de atención al público.

La gran diferencia en relación a Tijuana es que no hablamos de decodificadores sino de televisores digitales costosos y seguramente habrá mucha gente inconforme porque considere que debe también recibir subsidios en pleno proceso electoral.

Resta atractivo a nuevos competidores en TV

Desde luego el retraso en el apagón analógico es una mala noticia para las empresas que están interesadas en participar en la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión que puede también retrasarse si no se aprueban las leyes secundarias antes de septiembre.

Hay que recordar además que el apagón liberará espectro que será utilizado para impulsar acceso a internet.

Imco defiende su mapa magisterial

Como era de esperarse, el Mapa del Magisterio sobre Educación Básica, que elaboró el Instituto Mexicano para la Competividad (Imco), generó una fuerte polémica sobre todo por irregularidades detectadas como “los Lupitos hidalguenses” un grupo de mil 440 personas que nacieron, todos, el 12 de diciembre de 1912, y cobran un salario superior a 30 mil pesos mensuales.

Los gobiernos de Zacatecas, Hidalgo, el SNTE y hasta la CNTE se molestaron y desmintieron los resultados del estudio y ante las críticas generadas, el Imco reiteró que utilizó la base de datos del portal electrónico de la SEP al 20 de marzo de 2014,

Reitera que en el caso de “los Lupitos” en la nómina de trabajadores en activo sí están mil 440 personas con la misma fecha de nacimiento que sumaron un pago de 31.8 millones de pesos en el último trimestre de 2013.

Y además de hacer pública la base de datos, acusa a la SEP de modificar algunos registros.

Reta a los gobierno estatales y a los órganos de auditoría a que expliquen las inconsistencias entre los registros de las nóminas estatales y lo reportado por la SEP.

Además de las inconsistencias en Hidalgo y Oaxaca se deben aclarar —dice el Imco— otras irregularidades como escuelas fantasma, multiplicidad de plazas, el grupo de 70 maestros que ganan más que el Presidente de la Repúbica y las carencias en materia de infraestructura.

Pero más allá de las críticas yo sí felicito al Imco porque lo importante es alertar a la opinión pública sobre la falta de transparencia que prevalece en la información sobre educación básica.