No hay interés en telecom

¿Dónde están aquellos quienes dentro del Pacto por México impulsaron la reforma constitucional a las telecomunicaciones y la competencia económica? ¿Dónde están aquellos quienes decían que era un asunto impostergable no sólo por su capacidad de aumentar la competitividad de la economía al terminar con las prácticas monopólicas, sino en materia democrática?

El interés se perdió muy rápidamente, entre otras cosas, por la feroz batalla del preponderante en telecomunicaciones, que sigue logrando sumar voluntades políticas en contra de los consumidores. De acuerdo con cifras de Canieti se han detenido inversiones por más de cinco mil 200 millones de dólares. Hasta el momento, ninguna empresa ha realizado inversiones que no sean las estrictamente necesarias para mantener la operación.

La licitación de una o dos cadenas de televisión se encuentra detenida, puesto que sólo hay tres postores quienes, además, tienen muchas dudas sobre el marco jurídico en la cual se daría esta licitación y su real capacidad de competencia. Temas como la multiprogramación no están definidos para las nuevas opciones de televisión abierta.

Como publicamos en su momento en esta columna, la licitación está suspendida indefinidamente a pesar del calendario que presentó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, puesto que depende del capricho de los legisladores.

La semana pasada, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que había acuerdo en 99% de las leyes secundarias, y Javier Lozano, presidente de la Comisión de Telecomunicaciones del Senado de la República, se ha cansado de repetir que son cinco temas puntuales en los que no hay acuerdo, los cuales, en su mayoría, son un pretexto para el chantaje político.

De hecho, el tema no está siendo tratado en el Congreso de la Unión, sino entre las dirigencias de PAN, PRD, PRI y el gobierno. De hecho, parecería claro que los senadores han sido puestos a un costado y que no privarán tanto criterios de competencia y el interés de los consumidores, puesto que seguirá el capricho de las dirigencias partidistas.

Los temas tienen que ver, como le hemos dicho, con las facultades que tendrían la Secretaría de Gobernación y el IFT. Sólo las histéricas lo ven como un intento por debilitar al organismo que encabeza Gabriel Contreras, puesto que se trata de temas que vienen desde la reforma constitucional.

Otro de los puntos tiene que ver con la posibilidad de censura en internet, cuando, en realidad, se trata de un tema que fue superado cuando se convirtió en una bola para algunos grupos afectos a ver conspiraciones en prácticamente todos lados.

Entre los temas que sí se debería poner especial atención está la posibilidad de que las empresas calificadas como preponderantes puedan tener acceso a nuevas concesiones, como es el caso de la concesión única y sus requisitos.

El problema de fondo es que antes se deban establecer no sólo normas para los preponderantes, sino que efectivamente, y por primera vez en la historia, se cumpla con las reglas de tal modo que el terreno sea parejo a favor de los consumidores.

Otro punto es la intención de permitir a los medios públicos comercializar espacios. La Cámara de la Industria de Radio y Televisión y los sindicatos de este gremio han establecido una posición clara.

Si se le permite a este tipo de medios obtener lucro, no sólo se está violando el artículo 28 de la Constitución, que dice que este tipo de medios no pueden tener fines de lucro, sino que, además, generaría una competencia desleal para un sector de la economía que genera más de 50 mil empleos.

Notorio

El Consejo Coordinador Empresarial utilizó su documento semanal para hablar sobre lo que calificó como el notorio dinamismo de la economía mexicana y citó algunas cifras que abiertamente son muy positivas en materia de empleo y de algunos sectores de la economía.

Si bien son particularmente parcos e incluso repiten su llamado a un mayor dinamismo en el gasto público y en lograr las leyes secundarias de las reformas pendientes, hay que ver el trasfondo de lo escrito.

Primero. Como le hemos señalado en esta columna, se está dando una mayor cercanía entre la iniciativa privada y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sobre la Reforma Fiscal ha ido quedando claro que si no se modificará el sentido, sí se irán limando los bordes que han causado impactos negativos entre algunos grupos de iniciativa privada.

La Secretaría de Hacienda ha puesto un gran énfasis en atender a todos los muertos y heridos de la reforma hacendaria. Desde la parte operativa, han buscado disminuir el impacto que se tiene en algunos sectores.

Segundo. El alejamiento entre la iniciativa privada y el Partido Acción Nacional es cada vez más evidente, puesto que simple y sencillamente los ven como un partido chantajista y con poca capacidad de impulsar cambios reales dentro del Congreso de la Unión.

Tercero. Este documento debe ser contrastado con las continuas críticas que hace el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Aquí es necesario establecer que la posición del CEESP no es compartida por la mayoría de los líderes de iniciativa privada y, de hecho, ha sido repudiada.

El CCE ha tomado una posición ambigua sobre el CEESP. En una supuesta autonomía, les ha permitido convertirse en una suerte de ariete que no muchos quieren y que a nadie le conviene.

¿Retrasos?

En su comparecencia sobre el caso de Oceanografía, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, reprochó a Banamex la lentitud para entregar información sobre este caso.

Parecería que la institución de crédito comienza a sentirse incómoda no sólo por la orden de aprehensión en contra de tres de sus exempleados, sino también con el hecho de darse cuenta de que los controles no sólo fallaron de una vez o que se trató de un caso aislado, puesto que hay indicios de que el asunto iba mucho más allá de funcionarios menores.

La posición del banco, como es tradicional, estará oculta tras el secreto bancario; los procedimientos que tienen que hacer ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como otros pretextos similares; sin embargo, la realidad es que parece que el asunto tiene más implicaciones para Banamex de las que ellos mismos habían previsto.