Ganó México

Parecería uno de los lugares comunes más utilizados en el mundo decir “¡Ganó México!”, lo mismo ante el resultado de una justa deportiva o prácticamente ante cualquier aprobación en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, esa frase tan desgastada como imprecisa podría aplicarse para la aprobación en el Senado de la República de las leyes secundarias con las cuales se complementa la reforma constitucional a las telecomunicaciones: gana la mayoría de los mexicanos que durante décadas han tenido que pagar por servicios de telecomunicaciones tan limitados como malos y caros.

Desde que esta propuesta del Pacto por México fue aprobada por el Congreso de la Unión, quedó claro que se trataba de una iniciativa que tenía como su principal virtud poner a los consumidores por encima de las empresas. Dar un marco jurídico a un sector que hoy tiene un valor superior a 30 mil millones de dólares, con un gran potencial de crecimiento pero que no ha avanzado suficientemente por las prácticas monopólicas en contra de los propios consumidores como el seguir cobrando larga distancia o negarse a la compactación de Áreas de Servicio Local, que a los consumidores les implica un pago innecesario de 20 mil millones de pesos anuales.

Quienes trataron de oponerse a la reforma lo hicieron con una mezcla de mitos, como el de la censura, o como tratar de revivir el debate sobre dominancia por sector o por servicio cuando el tema había sido superado desde la propia reforma constitucional y el Instituto Federal de Telecomunicaciones incluso había tomado decisiones en consecuencia en los dos sectores.

En el fondo se trataba de una intención clara y abierta de no cambiar las cosas a favor del grupo que se había beneficiado durante muchísimos años burlando cualquier intento de regulación, el primero de ellos a mediados de la década de los 90, y acciones timoratas de algunos reguladores que en no pocas ocasiones optaron por cerrar los ojos dañando a los consumidores.

Quienes se beneficiaron de la posición dominante tendrán que aprender a vivir bajo un nuevo entorno de mayor competencia en el cual los consumidores tendrán el poder de seleccionar servicios con calidad superior a precios mucho más competitivos. La OCDE considera que se podría tener una recuperación en el poder de compra de 1.8 del PIB y el PRI estima que es de 18 mil millones de dólares.

Los consumidores también tendrán que hacer una serie de ajustes en los cuales tendrán que ejercer con gran profundidad sus nuevos derechos.

En materia de radiocomunicación se verá una competencia mucho más pareja, también a favor de los consumidores, que podrán elegir entre más opciones de contenidos en las cuales los que ya participan en el sector y los nuevos entrantes podrán crecer de una manera mucho más ordenada.

Las posibilidades de desarrollo en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión tendrán una característica fundamental. No sólo beneficiarán a las empresas sino marcadamente a los consumidores bajo una regulación fuerte a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ha demostrado capacidad e independencia.

Competencia

El sector de las telecomunicaciones sólo es uno, muy importante, que requiere una mayor competencia enfocada en los consumidores; sin embargo, el camino debe ser mucho más largo y en una gran cantidad de ámbitos de la economía.

Las leyes secundarias de la Reforma Energética, que deberían comenzar a discutirse esta misma semana, son un paso fundamental en el aumento de la competencia y competitividad de la economía.

Desgraciadamente, el chantaje del PAN, encabezado por Gustavo Madero, podría detener el cambio económico más importante para el país desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue un parteaguas para la economía mexicana puesto que, entre otras cosas, dejó atrás los problemas de hiperinflación y poca competencia económica.

Sin embargo, no es el único de los sectores que requiere una mayor competencia. Las telecomunicaciones y, especialmente la energía, son fundamentales, pero el trabajo debe ir mucho más allá.

Lamentablemente, la Comisión Federal de Competencia Económica, presidida por Alejandra Palacios, no parece ser la mejor autoridad para promover la competencia. De entrada, las muy pocas decisiones que ha tomado esta autoridad básicamente se han concentrado en dar seguimiento a los expedientes que había dejado avanzados su antecesor.

De hecho, es francamente equivocado que esta autoridad aún no presente el estudio sobre competencia en el sector financiero. Cuando se crearon el IFT y la Cofeco se les dieron algunas instrucciones. Mientras que el pleno encabezado por Contreras ha cumplido cabalmente con su trabajo, el de Palacios sigue encontrando motivos para demorar sus decisiones.

Hoy, que entrará en vigor el nuevo articulado jurídico para la Cofeco y deberá comenzar a dar resultados, puesto que no bastan cambios constitucionales y buenas leyes secundarias como está a punto de ocurrir en las telecomunicaciones, sólo falta la aprobación de la Cámara de Diputados, sino también de autoridades dispuestas a cumplir con la ley, no sólo ser parte de la burocracia ineficiente que tanto ha detenido al país.

México es un país sumamente retrasado en materia de competencia económica y es momento de exigir a la Cofeco que se convierta en una entidad competente.

El estudio que deberán presentar ya (hoy o esta semana a más tardar) no sólo será una evaluación en la cual reunirán trabajos realizados ya por Banco de México, la Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Asociación de Bancos de México, sino que serán una muestra de la capacidad real de la Cofeco para demostrar de qué son capaces.

Seamos claros. La comisión que preside Palacios ya perdió la oportunidad de generar una primera buena impresión. Si no corrigen el rumbo pronto, el país seguirá perdiendo riqueza y capacidad de desarrollo por la falta de autoridad. No bastan las leyes: se requiere una valiente y determinada aplicación.

Saldos

Ya comienzan las presiones para el presupuesto del año próximo. Es claro que el PAN no tiene capacidad para promover cambios al régimen fiscal y, de paso, congraciarse con los empresarios.

Algunos comienzan a considerar que si se darán cambios tampoco provendrán de la Secretaría de Hacienda, pero sí podrían provenir de la bancada del PRI y el PVEM. Hay quienes ya hablan de una negociación entre el gobierno y su partido.