Sistema de resoluciones bancarias pasa la prueba

La decisión tomada en relación a Banco Bicentenario, a cargo de Ignacio Landa, (uno de los 15 bancos autorizados en los últimos diez años) por las autoridades financieras —Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que encabeza Luis Videgaray, y representada en la coordinación por el subsecretario Fernando Aportela; Banco de México, que gobierna Agustín Carstens; Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jaime González Aguadé, y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), cuyo secretario ejecutivo es Lorenzo Meade— muestra la indeclinable decisión de no permitir que ninguna institución o intermediario, del tamaño que sea, se salte esas reglas, especialmente las que tienen que ver con la solvencia y protección del ahorro.

Banco Bicentenario no representó riesgo alguno para la estabilidad del sistema financiero y el proceso de revocación y liquidación por parte del IPAB muestra ante los ahorradores nacionales, que las reglas que nos hemos dado después de la gran crisis de 1995 y adecuadas con la Reforma Financiera de 2014 funcionan bien, y son adecuadas para asegurar el correcto funcionamiento y salvaguarda del ahorro de los mexicanos.

La decisión además demuestra que la revisión de los planes de negocios van en serio para que todos los bancos cumplan cabal y responsablemente con la intermediación del crédito, mantengan una sólida calidad del capital, activos y reservas suficientes para ser un participante del sistema financiero.

Una muestra de que la ruta es la correcta es que mientras usted lee esto, los 246 ahorradores de Banco Bicentenario están recibiendo a través de DHL su cheque de caja por el monto de sus ahorros y sin cargo al contribuyente.

No hay que olvidar que en estos procesos, los ahorradores en la banca tienen sus depósitos garantizados hasta por 100 mil UDIS, más de dos millones de pesos con el seguro de depósito del IPAB.

Bicentenario registraba al cierre de 2013, 167 deudores con 303 créditos. Este año otorgó 14 créditos y le cuento que se requerían 400 millones y capitalizaron sólo 40 millones, de ahí que cayera su ICAP a 2.

Es razonable que la Asociación de Bancos de México (ABM), en voz de su vicepresidente, Luis Robles Miaja, quien además es presidente de BBVA Bancomer (el banco más grande del país) haya expresado que la intervención y revocación fue oportuna, porque dentro del sistema, he de adelantarle, todos saben quién juega bien y quién no lo hace. Banco Bicentenario fue aislado desde diciembre por el mercado.

Además, la Reforma Financiera recientemente aprobada faculta muy claramente a cada autoridad para efectuar una supervisión efectiva, remota y en el lugar, contrastada porque cada una de las autoridades supervisa lo que les permite de manera coordinada determinar la situación de un banco, del tamaño que sea, y monitorear sobre bases diarias la evolución de sus activos, pasivos, reservas y capital.

Banxico, IPAB y CNBV revisan todo, riesgos asumidos, valuación, reservas, calidad del capital, prácticas de crédito, tipo de captación y hay bancos que andan con la tarjeta amarilla porque les gusta bordar en el límite. Algunos bancos cambiarios, otros dependiente del fondeo de banca de desarrollo, otros que concentran fuerte la cartera. Sobre todos hay marcaje.

Por último, la reforma de 2014 prueba la solidez ante México y el mundo del sistema de resoluciones, porque el IPAB podrá realizar una liquidación expedita y eficiente, ya que no hay suspensión en el recurso de amparo, si es que los accionistas deciden combatir la decisión, algo que ni en Estados Unidos pueden todavía presumir ante el Financial Stability Board.

Si una empresa financiera incumple con los ordenamientos y reglas impuestas al sistema bancario, sólo amerita una acción contundente: la revocación. Los bancos son empresas intensivas en uso de capital y, en mi opinión, hay dos bancos cascarón y uno más que habiendo sido autorizado para operar hace cinco semestres sigue esperando el sueño de los justos. Una señal de alerta. Si no tienen canicas para jugar, deberían salir del sistema, ¿no cree?

De Fondos a Fondo

Ya le comentaba que Aeroméxico, la aerolínea que lleva Andrés Conesa, ha suspendido temporalmente la contratación de sobrecargos, en lo que la Segunda Sala de la SCJN resuelve en definitiva el juicio de amparo interpuesto por el sindicato de sobrecargos a cargo de Ricardo del Valle.

Caso que, por cierto, lleva el ministro Alberto Pérez Dayán. Mientras eso sucede, el sindicato ha solicitado el cambio de contrato colectivo para los 300 sobrecargos que fueron contratados bajo las condiciones del laudo del 20 de agosto de 2013, situación que la aerolínea no reconoce, pues opina que la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Diódoro Siller ordena la suspensión de su laudo, mas no su reversión o reposición.

El tema se vuelve de gran importancia en la agenda de la Secretaría del Trabajo, a cargo de Alfonso Navarrete Prida, porque puede sentar el primer precedente para resolver un conflicto económico de naturaleza económica, acorde con el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo y cumplir el principio de “a igual trabajo igual paga”. A Aeroméxico le corresponderá demostrar con objetividad cuáles son las diferencias salariales que tiene un sobrecargo de la empresa frente a otros pares en la industria, y justificar por qué la modificación del contrato colectivo puede mejorar la solvencia, su modelo de negocios y la sostenibilidad de la fuente de empleo.

Mire, en los últimos años son muchos los casos en los que se ha recurrido al Chapter 11 o concurso mercantil para lograrlo, si no a la consolidación entre empresas. American Airlines y United modificaron el contrato y en el inter despidieron a una tercera parte de la base de empleados, Iberia en 2012 con sus trabajadores de tierra y su fusión con British Airways o actualmente el de Alitalia, cuya historia ha fracasado una y otra vez y que hoy debate una fusión con Ethiad. El asunto no es menor. Lo que está en la mesa es la revisión de los principios laborales y si la mayor competitividad será real y no sólo de papel.

Y por cierto, llaman la atención las declaraciones de Alexandro Argudín, director general de Aeronaútica Civil, porque puso el dedo en la llaga.

Aeroméxico como Volaris están por reportar y el supervisor de la aviación subraya que tanto Aeroméxico como su filial Connect (también Aeromar, que dirige Fernando Flores) tienen cargas laborales pesadas que podrían poner en riesgo las operaciones de ambas empresas. La otra es la guerra de tarifas en la que se han enfrascado las aerolíneas nacionales desde finales del año pasado (Volaris de Enrique Beltranena ya tiene nueve meses así, Interjet de Miguel Alemán ocho meses y Aeroméxico desde febrero), ya empiezan a mermar su solvencia.

¿Así o más claro? Argudín no es político, es técnico y, debe llamar la atención de los sindicatos para apoyar la solvencia de las aerolíneas porque otra crisis en la industria aérea nacional, no le conviene ni al gobierno ni a las empresas, ni a los pasajeros y mucho menos a los trabajadores. La lección es clara, pues Mexicana todos los días nos lo recuerda.