Antecedentes de una crisis

La inusitada cantidad de niños, niñas y adolescentes centroamericanos que están cruzando la frontera sur de Estados Unidos ha detonado una crisis humanitaria que requiere la adopción de medidas extraordinarias por parte del gobierno estadunidense, pero también es necesario reflexionar acerca de las condiciones que han producido este problema y que involucran no sólo a la Unión Americana como país de recepción, ni sólo a México como país de tránsito, sino especialmente al nivel de esfuerzo que los países de origen han invertido para inhibir esta situación.

De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Interna (DHS en inglés) de Estados Unidos, durante el actual año fiscal 2014, han sido detenidos en la frontera más de 35 mil niños, niñas y adolescentes migrantes provenientes de Centroamérica, lo que representa un incremento de 92% respecto del año anterior. De esa cifra, 13 mil 818 provenían de Honduras, 11 mil 479 de Guatemala y nueve mil 850 de El Salvador. Asimismo, se estima que al término de 2014 más de 90 mil niños y niñas migrantes hayan sido detenidos.

Sobre este tema se atribuye con frecuencia a los traficantes de personas el haber detonado esta crisis a partir de rumores, según los cuales, las autoridades norteamericanas estarían permitiendo el ingreso a territorio estadunidense de niños centroamericanos en cumplimiento de la Trafficking Victims Protection Reauthorization Act de 2008 (TVPRA 2008), que modificó el procedimiento para la atención de niños y niñas que ingresan de manera indocumentada a Estados Unidos. Sin embargo, hay razones de fondo para entender esta crisis.

De cada mil niños que nacen en Guatemala, 32 mueren antes de cumplir cinco años de edad; en México ese indicador se encuentra colocado a la mitad (16 muertes) y en Estados Unidos es de sólo siete. Los habitantes de Honduras tienen en promedio 5.4 años de escolaridad; 5.6 en Guatemala y solamente 6.5 en El Salvador.

El 30% de las niñas y niños hondureños abandonan la educación primaria antes de concluirla; en México el porcentaje es de 5%, y es una proporción incluso más baja que la de EU (7%).

México tiene un PIB per cápita de casi 16 mil dólares al año, que es más del doble de lo estimado en Guatemala, El Salvador y en Honduras, pues el promedio en esos tres países ronda seis mil dólares anuales. En este último país, 18% de su población vive con menos de 1.25 dólares al día.

Además del rezago actual de estos países, hay que revisar cómo han cambiado las condiciones y oportunidades a lo largo de los años. Por ello es inevitable aludir a la evolución en los datos incluidos en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNPD, por sus siglas en inglés).

Este índice hace mediciones periódicas en 187 países. El último reporte (con datos de 2013) ubica a Honduras en el lugar 129; Guatemala ocupa la posición 125 y El Salvador, la posición 115. Comparativamente, México se encuentra en una posición más aventajada, pues ocupa la posición 71.

Entre 1980 y 2013 se han realizado nueve mediciones de este índice y en todas ellas México ha registrado incrementos. En 1980 México alcanzó una valoración de 0.595 (sobre un máximo de mil). Treinta y tres años más tarde, nuestro país alcanzó un nivel de 0.756, por lo que actualmente es catalogado entre los países con “Alto desarrollo humano”. En cambio los valores que presentaron en 2013 Guatemala, El Salvador y Honduras fueron inferiores: 0.647, que es el nivel alcanzado por México en la medición de 1990.

A pesar de las severas crisis económicas, durante la década de los noventa México logró avanzar en el índice de desarrollo humano en 0.78% respecto de la década previa. Ese porcentaje fue similar al incremento de 0.80% que alcanzó Noruega en ese mismo periodo.

De manera contrastante, las políticas públicas implementadas en Guatemala, Honduras y El Salvador probablemente no han tenido la velocidad necesaria para remontar los desafíos políticos y económicos que les ha tocado sortear.  No son menores los desafíos inherentes a procesos de consolidación democrática que han enfrentado estos países, ni las recurrentes crisis económicas que dificultan el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, pero es obvio que al paso de tres décadas de mediciones del Índice de Desarrollo Humano quizá haya que incrementar la velocidad para ejecutar políticas públicas locales capaces de multiplicar su utilidad social.