La inclusión financiera, el mayor reto de la banca mexicana

Estamos cerca de que se cumplan tres años de la creación del Consejo Nacional de Inclusión Financiera (Conaif) y el uso de los mecanismos financieros entre la población es realmente bajo. Basta con leer los indicadores publicados por el Banco de México  en cuanto al uso de instrumentos formales de ahorro para saber que apenas 40% de la población los utiliza.

¿Qué es la inclusión financiera y cómo medirla?

Para arrancar, este concepto no es más que el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada, que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población.

A partir de la definición, el Conaif diseñó indicadores que permitan identificar dónde estamos parados actualmente en este tema, o bien, medir en términos numéricos el nivel de acceso y uso de los productos y servicios financieros en el país.

Actualmente el Consejo monitorea indicadores básicos de acceso y uso, al tiempo que se encuentra en proceso de construcción de indicadores de segunda generación que permitirán medir calidad, protección y educación financiera.

Dicho esto podemos evaluar el avance en este tema con varios elementos que nos ha otorgado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Si comparamos el día de hoy con el cuarto trimestre de 2011 (fecha de creación del Conaif) observamos que:

* Apenas ha crecido 4.2% la cobertura de sucursales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios.

* 32% de los municipios en la República Mexicana (789 unidades mínimas de la administración federal) carecen de acceso a la infraestructura bancaria;

* Sólo nueve de los 32 estados que integran el país tienen presencia de sucursales en el total de sus municipios: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco.

* Al incorporar los cajeros automáticos, el número de entidades en cobertura con al menos uno de los dos canales (sucursales o cajeros automáticos) creció a 11, al sumarse Aguascalientes y Guanajuato.

Si contemplamos al indicador de acceso el canal de corresponsalías bancarias (mecanismo a través del cual operan 17 instituciones con 24 administradores) el número de entidades federativas con infraestructura bancaria en el total de sus municipios con al menos una sucursal, cajero automático o corresponsalía aumenta a 12. No obstante, Oaxaca (28.2%), Puebla (54.8%) y Yucatán (59.4%) registran la menor cobertura en municipios.

En cuanto al uso de servicios financieros, medido a través transacciones, de los seis componentes que integran las operaciones bancarias —cheques, cajeros automáticos, terminales punto de venta (TPV), transferencias electrónicas, corresponsales bancarios y remesas— destaca el componente de transferencias electrónicas, toda vez que muestran el mayor dinamismo.

Los pagos a través de transferencias electrónicas de fondos por internet, dispositivos móviles y mediante tarjetas de débito en TPV en los comercios, son las operaciones que representan el mayor potencial para promover la inclusión financiera. Para los usuarios finales, las transferencias electrónicas permiten realizar pagos de manera oportuna, accesible y segura a costos competitivos.

Este fenómeno le pone a la banca mexicana dos grandes retos: la generación de plataformas amigables que capten a diferentes segmentos de la población y el cambio que, junto con las regulaciones en materia de telecomunicaciones, promueva en el acceso de la población a los servicios de banda ancha móvil, pues actualmente se encuentra en tan solo 9.8 personas por cada grupo de 100 habitantes.

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