Crimen y ¿castigo?

“La pobreza es la madre de las   revoluciones y el crimen.”

                Aristóteles
 

Julio César Mondragón, estudiante de primer año, soñaba con mejores oportunidades para él y su familia. Joven, sin recursos económicos ni mayores oportunidades, se inscribió en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, en Guerrero, para ser maestro, dejando atrás a su familia en el Distrito Federal. A finales de septiembre, siguiendo la costumbre de la “lucha social” radical de las escuelas normales, Julio César fue convocado a una marcha con motivo del 2 de octubre y partió con otros estudiantes normalistas a tomar carreteras en Iguala y presionar al gobierno del estado de Guerrero para exigir beneficios clientelares.

Lo que siguió es uno de los episodios hasta ahora más duros de la historia del crimen en nuestro país: Julio César fue mutilado y dejado en un camino rural, con la piel de la cara arrancada y sin ojos. Al menos otros 43 estudiantes fueron arrestados por la policía local de Iguala y, presuntamente, llevados a un monte en total impunidad y colusión criminal. Todos desaparecieron y, por lo visto, algunos fueron asesinados y tirados en fosas clandestinas.

El principal partido político de izquierda se deslindó rápidamente del alcalde emanado de sus filas, la policía local desaparece y el gobierno de Guerrero responde a la defensiva para cuidar al gobernador y no a los afectados. El gobierno de la República entra al quite para responder ante la ineptitud de las autoridades locales. Como siempre, la descomposición manifiesta del monopolio del poder del Estado para ser sustituido por grupos criminales coludidos.

El reto sigue siendo enorme; el país se ha descompuesto sistemáticamente en varias regiones hasta desencadenar en actos como éste. Lo más fácil para las autoridades estatales o municipales es culpar al gobierno central, lavarse las manos o esconder la cabeza del gobernador como avestruz.

Visto desde un punto de vista macro, la inseguridad y la falta de fortaleza institucional son puntos álgidos que deben ser atendidos para lograr ser un país más competitivo y atento a las necesidades de crecimiento. Los problemas sociales en estados como Michoacán y Guerrero han creado monstruos de inseguridad que desencadenan en crímenes como los ocurridos en Iguala. El costo social es enorme y la afectación a la imagen del país, terrible.

Por ello, la tarea de reconstruir la confianza en las autoridades locales y estatales está sujeta a mejores oportunidades basadas en mejores empleos, atracción de industria y comercio y la implementación de programas de desarrollo económico mejor pensados. El gobierno de la República ha sido así muy cauteloso en cuanto al mensaje que quiere enviar a la población y a la comunidad internacional. Cuando antes se hablaba de guerra y violencia, ahora se habla de oportunidades de desarrollo, inversión y economía; en suma, el Mexican Moment. Sin embargo, con estos hechos y la inacción de los gobiernos locales, el mensaje será difícil de modificar.

Ante un crimen de esta magnitud, el castigo pronto de los culpables.