¿Blanda confirmación?

Luego de que el viernes el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), encabezado por Gabriel Contreras, anunciara sendas sanciones en contra de Dish y Teléfonos de México por no haber notificado a la autoridad la concentración que tuvieron para ir más allá de servicios de facturación y cobranza, éstas son las reacciones principales.

Dish ha sostenido que la sanción de la autoridad fue sobre hechos que no ocurrieron y que lo hacen con base en especulaciones. De hecho, se centran en destacar que en alguna parte de las más de mil 200 fojas señalan que la concentración no tiene impacto negativo en la competencia.

En este sentido, lo importante no es el impacto que tiene la acción sino si, como lo establece la sanción, se violó la normatividad aplicable. Es como tratar de señalar que si un jugador de futbol patea a otro por atrás no debe ser sancionado si no lastimó al contrario.

El título de concesión de Teléfonos de México, vigente desde principios de la década de los noventa cuando se privatizó la empresa, establece la prohibición de que ofrezcan por cuenta propia o de terceros servicio de video. La resolución del IFT confirma lo denunciado en esta columna con la debida oportunidad, en el sentido de que se había creado una figura de simulación que buscaba violar la norma.

De acuerdo con algunos analistas el punto específico sobre la competencia podría significar una suerte de salida para las empresas que, como establece la resolución, indebidamente concentraron y ocultaron la información a la entonces Cofetel.

Sin embargo, como reconocen los propios voceros de Dish, habrá otras sanciones por parte de la autoridad. Algunos consideran que, en el extremo, podrían llegar a la cancelación del título de concesión.

Otra parte de la reacción de Dish es tratar de hacer creer que se está favoreciendo indebidamente a Televisa por parte del gobierno como una suerte de represalia política.

La versión carece de sustento, puesto que el IFT es un organismo autónomo que actúa con un marco constitucional y leyes secundarias creadas por el Congreso de la Unión, y no depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Intenta, bajo esa línea, hacer creer que negar modificar el título de concesión del Canal 51 es una acción en este mismo sentido cuando, en realidad, el IFT decidió que no era procedente hacerlo porque no se cumplían los supuestos legales.

La administración de Enrique Peña Nieto ha sido tolerante a las expresiones críticas e incluso las que son total y absolutamente falsas que se venden como si fueran investigaciones periodísticas.

El hecho es claro. Hasta el momento el IFT ha confirmado lo anticipado en esta columna: Dish y Telmex se concentraron para dar servicio de televisión de paga sin tener autorización y sin notificar a la autoridad. Meterse con Televisa es, poco más o menos, una cortina de humo.

Muy turbio

El multiprotegido experto en seguros de la Comisión Federal de Electricidad, Gabriel Holschneider, sigue generando dudas sobre sus acciones. Por un lado está el esquema que diseñó junto con Carlos Terroba y que terminó en un fraude en contra de la Cooperativa Cruz Azul.

De acuerdo con fuentes informadas sobre el Servicio de Administración Tributaria, el equipo de Aristóteles Núñez ha puesto su atención sobre su empresa Rainmaker, la cual tiene su domicilio fiscal en el extranjero para evadir la supervisión de reguladores mexicanos como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como esconder una buena parte de su operación, desde donde da servicio a CFE y PVDSA, paraestatal de un gobierno verdaderamente corrupto como el de Venezuela.

Y ya que hablamos de la empresa pública de propiedad estatal que encabeza Enrique Ochoa, llama la atención que están incurriendo en algunos lugares a la venta atada de productos, las cuales están prohibidas por las regulaciones financieras.

Resulta que clientes les están metiendo un seguro de daños que tienen que cancelar o de lo contrario queda firme en un mes. Independientemente de la utilidad que pudiera tener la cobertura de seguros, se trata de una práctica indebida y que ha sido sumamente cuestionada por las autoridades financieras.

De pena

Algunos de los defraudados por Ficrea cada vez toman un estilo más Ayotzinapo para tratar de que se viole la ley a su favor. Bloquean calles, secuestran funcionarios y dañan oficinas públicas. Piden la cabeza de funcionarios y son azuzados por políticos del PRD y de Morena que no están interesados en ellos sino en una mezcla entre tapar sus errores y ganar popularidad política.

Pretenden, por ejemplo, que se les devuelva la totalidad de sus ahorros. Sólo están garantizados unos 131 mil pesos que ya les comenzaron a ser devueltos y lo que se logre recuperar del fraude que cometió Rafael Antonio Olvera junto con sus cómplices que usaron figuras internacionales para esconderse de las autoridades y saquear el dinero.

¿De dónde quieren que salgan los fondos? Piden que el gobierno viole la ley a su favor sólo porque ellos quieren. Qué absurdo que grupos que piden legalidad, pidan y actúen en sentido contrario.

Los perredistas tratan de tapar los huecos que dejaron instancias como el TSJDF que evidentemente especuló con dinero que debía proteger. Muy pronto van hacerse públicos los moches y regalitos que recibieron funcionaros públicos de gobiernos estatales y municipales por llevar el dinero de los contribuyentes a Ficrea.

Si a los clientes consentidos los llevaron al Mundial, carreras de Fórmula Uno, viajes a Las Vegas y otras cosas que los ingenuos pagaron con su dinero y el de otros que ni eso tuvieron, imagine ahora a los funcionarios públicos lo que lograron.

Gran parte de la reacción del PRD tiene que ver con cubrir a los que se beneficiaron de hacer negocios con Ficrea a título personal tomando decisiones irresponsables con recursos que no son de su propiedad.

Deben comprender que el fraude fue cometido por Olvera y sus cómplices, quienes desarrollaron durante cinco años un esquema para esconder sus actividades, drenar recursos hacia compañías no reguladas y defraudar.

Si fueran más razonables que los ayotzinapos entenderían que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encabezada por Jaime González Aguadé, hizo y hace un buen trabajo de supervisión que evitó no sólo una crisis mayor sino sistémica.

Más allá, deberían preguntarse qué tan irresponsables y avariciosos fueron al llevar esta inversión que ofrecía rendimientos difíciles de cumplir con una red de protección tan delgada.