La frontera de la innovación

BARCELONA.– El Congreso Mundial de Móviles, que reúne a poco más de 80 mil personas, tiene por foco: la frontera de la innovación. Mientras la economía global ha crecido a tasas promedio anuales de tres por ciento, la economía móvil (medida por número de suscriptores conectados) crece a 5.35 por ciento.

Alrededor de dos mil millones de habitantes conectados, tres mil 700 suscriptores activos y siete mil 500 dispositivos conectados, incluyendo máquinas.

Es una industria donde la velocidad a la que se incorporan cada vez más usuarios, la demanda por aparatos inteligentes y redes de última generación, que ofrezcan rapidez, conectividad permanente, baja o nula interferencia y, sobre todo, calidad.

Es un escenario desafiante para el mundo de los móviles, porque, por un lado, el espectro –principal activo de la industria– es finito y, por lo mismo se tiene el reto de dar más con lo mismo o menos, y por el otro, la política regulatoria espectral es incierta.

En México hay casi 104 millones de terminales conectadas, arriba de 50 por ciento corresponden a smartphones. Pero estamos rezagados en adopción de 4G a pesar de que 29 por ciento de los usuarios consume datos diariamente. Redes, música y video son los principales usos, pero educación remota y salud, comienzan a ser los principales bienes sociales que aprovechan la conectividad. ¿Qué nos falta? Sobre todo espectro.

En nuestro país, de 1998 a la fecha, se han realizado tres licitaciones de espectro y, por “decisión de gobierno”, sólo se han colocado 240 megahertz. Estados Unidos tiene el triple colocado, Corea, Venezuela, Brasil y Colombia han licitado el espectro, incluyendo el AWS que es considerado útil para el despliegue de la red de 4G-LTE,  el estándar que se encuentra en pleno despliegue mundial con 35 por ciento de los suscriptores globales conectados ya a él.

¿Donde está el resto? En México, en manos del Estado, que al reservar espectro para “nuevos entrantes” se convirtió en el principal especulador en una industria, donde el mercado ha facilitado la consolidación de cinco a tres operadores. Además, no hay reglas para desarrollar  el mercado secundario de espectro,  ni propicia el despliegue eficiente de redes porque ha decidido conducir la instalación de una red mayorista bajo la óptica y concertación del Estado, que supone forzar competencia y que estaría terminada para 2018.

A casi dos años integrados, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuyo pleno encabeza Gabriel Contreras, no ha definido ni las reglas para renovación de licencias espectro (en 2018 vence una buena parte y otras en el 2022 y 2025), ni la SCT ha sido clara en la definición de la política de licitación de espectro, en el entendido de que las reglas las establece el primero.

Así, para nuestro país, la principal camisa de fuerza que enfrenta la industria de comunicaciones móviles es la regulatoria,  cuya falta de claridad introduce incertidumbre y disminuye la capacidad de inversión y despliegue de redes eficientes.

Por ejemplo, ayer el jefe global de Tecnología de Telefónica, Enrique Blanco, en el marco previo a la inauguración del Congreso de Móviles, mostró el desarrollo de tecnología que avanza hacia el estándar de nueva generación 5G, que se prevé estará en operación comercial en 2020, y que ante lo finito del espectro, innova en el desarrollo de tecnología que optimiza el espectro disponible en las  bandas 700-800, 1.7-1-9 y 2.1-2.6), chips cuya capacidad de compresión los hace capaces de recibir datos a velocidades de milisegundos,  innovación que eliminación de  interferencias y se traduce en una alternativa para balancear la carga de tráfico de forma en los recursos disponibles de forma equitativa. Suena a “tecnología de frontera”. ¡Y lo es! Es la tecnología de Carrier Agregation o LTE-Advance de Telefónica, que usa chips de Qualcomm y sólo puede ser usada en algunos equipos de categoría nueve como desarrollados por los coreanos Samsung Galaxy Alfa (no disponible comercialmente).

Pero esta tecnología, que se espera estará comercialmente activa en 2020, en nuestro país espérala 10 años después, porque para la administración actual, es prioridad el despliegue de la banda de 700 MHz, en lugar de distribuir esos megas entre los operadores privados, para que ellos usen de  manera agregada y optimicen su espectro. Si el Estado licitara los 250 megas que tiene disponibles, México tendría las mismas condiciones de despliegue que Corea, el mercado de penetración óptima en el mundo.

Sólo vea: América Móvil que dirige Daniel Hajj, Telefónica que encabeza César Alierta y ATT que dirige Randall Stephenson, tienen la misma capacidad: 70 Megahertz en la misma región y 80 MHz  nacional máximo incluyendo la banda de 1.7-2.1 GHz. En todos los casos se incluye la de 3.1-3.4 GHz que tienen tanto Axtel de Tomás Milmo, Amx y Nextel de Salvador Álvarez en México.

Un ejemplo de indefinición: con la consolidación de Iusacell y Nextel, ATT está por arriba del límite que estableció la Cofetel de Eduardo Pérez Motta. Hoy los participantes no tienen claro cuál será la interpretación del Ifetel.

Algunos abogados dicen que no tiene validez el límite impuesto por la anterior autoridad; otros elucubran sobre cuándo y cuál espectro podrá retener ATT en el proceso de consolidación de Iusacell y Nextel, suponiendo la validez del límite de 80 MHz por región de todas las bandas. El silencio muestra el retraso que tiene la regulación mexicana frente al avance de las tecnologías frontera, que evolucionan para responder a la demanda creciente de datos, de mayor velocidad, a la incorporación a pasos agigantados al mercado de móviles de población de ingreso medio y bajo, ¿no cree?

De Fondos a Fondo

Le comenté que el abogado Fauzi Hamdan, del despacho Hamdan Manzanero y Asociados, encabezaría una demanda por negligencia contra el gobierno mexicano y la CNBV que preside Jaime González Aguadé, en el caso de Ficrea. La omisión en la actuación es el fondo de la demanda.

Lo que me parece curioso es lo que cobra el despacho, pues en la cláusula 2da, primer párrafo del contrato, se establece que cualquier cantidad que el cliente reciba (entiendo que no incluye la cuota del IPAB, pero sí lo que se recupera por la demanda interpuesta por fraude por la CNBV previamente), después de iniciada la demanda de reclamación, se cobrarán los porcentajes establecidos, que van de 2.5 a ocho por ciento, dependiendo de las inversiones del cliente (según el sapo, la pedrada). Debería probar la negligencia para cobrar, pues no está demandando por fraude, y si la CNBV recupera y reparte, no le deberían pagar un centavo, ¿no cree?