CNBV castigará a OHL

Está por terminar la época de la saliva y comenzar la de los hechos en torno a OHL y su contabilidad, puesto que, antes de que termine este mes, deberá estar lista la auditoría de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la que se unirán las de la Secretaría de la Función Pública, el gobierno del Estado de México y las que prometió la empresa.

El organismo que encabeza Jaime González Aguadé básicamente tiene tres posibilidades.

Primera. Determinar que OHL no violó ninguna regla de contabilidad. Descártela, eso no va a suceder.

Segunda. Establecer algunas sanciones mínimas por el desorden de su contabilidad y sólo sugerir que dejen de registrar como ingresos las utilidades esperadas. Esta opción se les antoja a quienes tienen visión política del asunto, puesto que daría una salida a prácticamente todos los que están implicados.

A favor de esta alternativa está que sería similar a lo que decretó la autoridad española y las supuestas auditorías que pagó OHL; sin embargo, es muy poco probable porque se estaría escondiendo el corazón del problema.

Tercera. Como le hemos explicado, el fondo del asunto no son los audios donde se evidencia la corrupción, la guerra con Infraiber o la forma en la que la PGR “busca” a los testigos allanando oficinas o sembrando armas, sino en que la empresa registró como ingresos utilidades esperadas por la operación del Circuito Exterior Mexiquense por una cantidad que supera los 30,000 millones de pesos.

Si realmente fueran utilidades garantizadas, sería deuda del Estado de México y entonces la entidad habría violado la ley por no pasarlas por el Congreso. Si no lo es, se trata de una violación a los principios mínimos de contabilidad. No se puede registrar como un activo algo que es una expectativa.

Así, la CNBV aplicará la máxima sanción legal a OHL y sus auditores externos, puesto que se trata de una clara violación a la ley y los principios generales de contabilidad. No sería la única sanción, puesto que hay indicios de que habrían encontrado algunas otras irregularidades.

Desde el punto de vista político, la administración de Enrique Peña Nieto estaría dejando claro que están dispuestos a la aplicación de la ley sin importar quiénes estén involucrados.

BLINDAJE NECESARIO

De cara a la megalicitación de medicamentos que se realizará este 15 de octubre para una buena parte del sector público, a través del IMSS, por más de 49 mil 700 millones de pesos, José Antonio González Anaya ha dado muestras de que no permitirá actos de corrupción a través de fortalecer el blindaje en el proceso al añadir como testigos sociales a la Contraloría Ciudadana de Rendición de Cuentas, así como la Academia Mexicana para la Auditoría Integral y al Desempeño, que junto con la Secretaría de la Función Pública y el propio órgano interno de control del IMSS, parecen una muralla infranqueable en contra de los que actúan ilegalmente.

CCRG es una organización de la sociedad civil que promueve tareas de verificación, vigilancia, seguimiento y valuación de las acciones que toman las diferentes áreas del Estado. AMAID, por su parte, está concentrada en asegurar que las dependencias estén cumpliendo con eficiencia y eficacia su trabajo.

Debe recordarse que desde el año pasado el IMSS tiene convenios con la Comisión Federal de Competencia Económica para garantizar que las subastas se den en las mejores condiciones para el sector público y con la Cofepris, para garantizar que se reciba efectivamente por lo que se está pagando.

EQUIVOCACIÓN

El Instituto Federal de Telecomunicaciones inició una consulta para determinar si podría reducirse el espacio entre las estaciones de FM en el país. Como hemos señalado en esta columna, desde el punto de vista estrictamente técnico es posible; sin embargo, no debe ser el único criterio.

Se debe, como se ha indicado en este espacio, considerar de una manera integral las condiciones de cada uno de los mercados. Si duplicar el número de señales no depredaría el mercado en detrimento no únicamente de los actuales concesionarios sino de aquéllos.

Es claro que, como ha sido la práctica del organismo que preside Gabriel Contreras, se cumple con la consulta pública para conocer de una manera organizada lo que están considerando los interesados; sin embargo, es claro que la determinación se tomará pensando en el mejor interés de los usuarios de la radio y no el capricho de algunas empresas que siguen creyendo que se “merecen” el cambio de AM por FM o algo similar.